Industria elimina los incentivos al cierre de renovables en el nuevo decreto

Establece el mecanismo de subastas de nueva potencia Dificulta la financiación al cambiar los parámetros de rentabilidad El ministerio busca un informa positivo del supervisor

Instalación de una planta fotovoltaica.

El Ministerio de Industria ha remitido a la CNMC para su informe un nuevo proyecto de real decreto que regulará la actividad de producción eléctrica con energías rerenovables, cogeneración y residuos. Se trata de la segunda versión de una norma clave de la reforma eléctrica que ha redactado el ministerio que dirige José Manuel Soria en pocos meses sin que el anterior haya pasado por el BOE, como adelantó CincoDías

 El primer proyecto fue dictaminado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a medidados de septiembre en uno de los últimos consejos antes de su extinción y supone, en resumen, la sustitución del actual sistema de primas por un modelo de retribución basado en parámetros o estándares de inversión y costes de operación que determinarán la retribución de las plantas, que recibirían una rentabilidad del 7,5% y para cuyo cálculo se tendrá en cuenta toda la vida regulatoria de la instalación.

El nuevo texto, que fue remitido al nuevo órgano supervisor por vía de urgencia el pasado martes (por lo que deberá estar listo el 11 de diciembre), es básicamente el mismo, aunque introduce cambios que, en opinión de las afectadas, “empeora aún más la situación”. Fuentes del sector aseguran que la regulación se ha endurecido sobre el papel. Además de cambios que afectan a la contabilidad del número de años en que las plantas reciben la citada rentabilidad, los dos parámetros con que se mide esta (el bono del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos) serán variables (en el texto original solo lo era el bono).

Esta medida “hará inviable la financiación pues es un nuevo elemento de riesgo”, se lamentan en una de las asociaciones del sector.

El texto legal desarrolla el sistema de subastas para los nuevos megavatios verdes

También se ha eliminado de la primera versión de RD una disposición adicional (la quinta), que señalaba que se podrían establecer “incentivos económicos para el cierre definitivo de determinadas instalaciones”, siempre que no existan riesgos para la seguridad del suminstro del sistema.

Estas indemnizaciones, previo acuerdo del Consejo de Ministros, se otorgarían en el supuesto, de que “el coste retributivo de tales tecnologías sea excesivo en relación con los ingresos para el sistema en un escenario de estancamaiento o reducción de la actividad económica y afecte a la situación de las economías domésticas y a la competitvidad de las empresas”.

Una medida vaga que demostraba, según las afectadas, el convencimiento del ministerio de que el recorte de ingresos que implica la nueva regulación puede conducir al cierre de muchas plantas fotovoltaicas. De hecho, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, intentó en su día que el Sareb, el denominado banco malo, se hiciese cargo de las plantas abocadas al cierre por problemas de financiación derivados de los recortes que persigue la nueva regulación (750 millones de euros en este semestre, según la memoria del RD).

Aunque el Banco de España se opuso a esta medida, algunos rumores apuntaban recientemente a que el ministerio estaría intentando recuperar la idea.

Buscar el apoyo del supervisor

La redacción del texto ha mejorado, ya que el anterior se escribió con precipitación. Pero distintas fuentes del sector aseguran que lo que Industria pretende al tramitarlo de nuevo es lograr un informe favorable del nuevo organismo supervisor, cuyo director de instrucción de Energía, Fernando Hernández, era asesor del secretario de Estado de Energía, a quien el de la antigua CNE le resultó crítico.

El ministerio quiere protegerse al máximo a la vista de la avalancha de pleitos que se avecinan por parte de las empresas de renovables, ya que consideran que la nueva regulación es retroactivo.

La prioridad de despacho, en entredicho

Una de las medidas del nuevo proyecto de real decreto de renovables mete el dedo en la llaga sobre una delicada cuestión:la prioridad que ahora tienen las energías renovables en el mercado mayorista de la electricidad. Un caballo de batalla de las grandes eléctricas, que consideran que estas tecnologías distorsionan el mercado al tener preferencia para entrar en el pool desplazando al resto. Por su parte, las empresas de energías verdes argumentan que sus menores costes tiran de los precios de este mercado hacia abajo.

Según interpretan las afectadas, tras analizar el nuevo proyecto de ley que comenzó a circular el jueves por la tarde, es que “en la práctica elimina la prioridad de despacho, que solo se mantendrá a igualdad de precios”.

El texto también desarrolla uno de los artículos del proyecto de la nueva ley Eléctrica, que podría aprobar el Parlamenteo en la segunda semana de diciembre. Se trata de las subastas de nuevos megavtios de renovables a incorporar al sistema. Las subastas, que se convocarán mediante decretos, serán específicas para un tipo concreto de tecnología o un colectivo de plantas. Este mecanismo servirá para incorporar nueva potencia verde con derecho a retribución. Desde enero de 2012, existe una moratoria para nuevos incentivos.

Por otro lado, la nueva versión del RD de renovables quita a las comunidades autónomas la competencia para autorizar instalaciones con una potencia inferior a 100 MW.

Ahora se abre un periodo de alegaciones a través del consejo consultivo de la electricidad de la CNMC, en el que participan empresas, consumidores y comunidades autónomas. El consejo ha sido convocado también por vía de urgencia.

Pacto con PNV y CiU

El Grupo Popular en el Congreso está buscando el apoyo de PNV y CiU para aprobar la nueva ley eléctrica, que está a punto de ser devuelta del Senado al Congreso para su aprobación definitiva. El Gobierno no quiere quedarse solo en el rfrendo de una ley relevante que no ha sido negociada con, al igual que todo el paquete de la reforma eléctrica.

El PNV habría reclamado alguna prebenda para la gran industria, cuyo descontento con la reforma es patente, pues encerece sus costes energéticos. Industria espera a la aprobación de la ley para publicar la mayoría de los decretos de la reforma que están en el cajón.