Suspende provisionalmente el proceso de contratación de Roland Berger y Boston
El ministro de Industria, José Manuel Soria.
El ministro de Industria, José Manuel Soria. EFE

Primer revés a la reforma de Soria por un tribunal administrativo

Industria puede reiniciar el procedimiento o recurrir la decisión.

De paralizarse, las consultoras reclamarían una indemnización

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que depende del Ministerio de Hacienda, ha suspendido cautelarmente el proceso de contratación por parte del Ministerio de Industria (a través del IDAE) de dos consultoras (Boston Consulting y Roland Berger) a las que encargó el pasado verano la elaboración de un informe sobre prámetros o estándares que servirán para determinar la futura retribución del régimen especial. Un sistema que sustituirá al actual modelo de primas basado en una determinada renatabilidad, que fijael real decreto de renovables, una de las 14 normas de la reforma eléctrica.

 Este tribunal responde así a la denuncia presentada por la asociación de pequeños productores fotovoltaicos, Anpier, que considera que el procedimiento de contratación vulnera la ley de contratos del sector público, no porque se hubiese hecho mediante invitación a varias consultoras, sino porque el IDAE no hizo la más mínima publicidad del mismo. Máxime cuando entre las dos consultoras cobrarán un millón de euros. Esta decisión es el primer varapalo a la reforma eléctrica aprobada en julio por el Gobierno de un tribunal, en este caso administrativo.

Aunque es provisional, la medida, cuando menos, entorpecerá un proceso al que ya se le augura un fuerte retraso:el RD de renovables sigue sin ser aprobado, el ministerio ha cambiado el texto y pretende tramitarlo de nuevo enviandolo para su dictamen a la CNMC. En tanto no esté aprobado el RD no se pueden aprobar los estánderes, que se incluirán en una orden que lo desarrollará.

Además, si el tribunal ha admitido las cautelares, todo apunta a que podría suspender definitivamente el proceso. En su resolución, el tribunal manifiesta que “los perjuicios que podrían derivarse de la continuación por sus trámites del procedimiento de contratación son de difícil o imposible reparación”.

El procedimiento fue opaco y el IDAE ha negado cualquier tipo de información

Anpier señaló ayer en una nota que el contrato con las consultoras privadas se hizo “a dedo” y se suma a la “ilegalidad” y “falta de transparencia” de “todo el proceso de reforma”. Esta asociación había pedido sin éxito a Industria y al IDAE una copia del expediente. La falta de respuesta por parte de la administración hizo que su presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca, se personase con un notario en el IDAE para reiterar su solicitud. Al no obtener respuesta, reclamó al tribunal que vigila los contratos con el Estado la suspensión del mismo.

¿Qué puede hacer ahora el Ministerio de Industria? Fuentes jurídicas aseguran que tiene dos opciones: reiniciar el proceso de forma transparente, lo que supondrá un serio retraso y problemas añadidos si no contrata a las mismas consultoras o recurrir la decisión ante el mismo tribunal, lo cual no le garantiza nada y no le evita el retraso.

Fuentes del sector consideran que el ministerio podría aprobar los estándares prescindiendo del informe de Boston y Roland Berger, ya que el IDAE ya había hecho su propio estudio antes de ser contratadas. En realidad, tal como figura en el pliego de condiciones que adelantó CincoDías, a las consultoras se les contrata, además de para elaborar un informe que respalede los datos del ministerio ante cualquier tribunal, también para actuar como peritos en la lluvia de pleitos contra el Estado con que amenazan ya las renovables.

En el primer caso, además de la indemnización que le reclamarían las dos consultoras “por enriquecimiento [del Estado] sin causa”, los beligerantes fotovoltaicos analizarían con lupa si “los datos de los estándares que se publiquen, son coincidentes con los del informe elaborado por los consultores”. Por tanto, la Administración estaría utilizando “documentación de un servicio contratado que se ha declarado ilegal”, señalan en el sector. Y de nuevo se prestaría a una nueva denuncia.

La ley de contratos del sector público exige que los servicios superiores a 60.000 euros se adjudiquen por licitaciónpúblico. Y, aunque hay excepciones, como la invitación directa si el asunto es urgente. Pero, “tratándose de uan cifra tan elevada, un millón de euros, se debía hacer con claramente con publicidad", según Anpier.

Un millón de euros para Roland Berger y Boston Consulting

Apenas 10 días de aprobada la reforma eléctrica, el pasado 23 de julio, el Ministerio de Industria, a través del IDAE, publicó un pliego para la contratación “de servicios de asistencia especializada” para elaborar los estándares de inversión y costes de operación de las plantas del régimen especial. El trabajo con un coste de 900.000 euros más el IVA, se pagaría con los fondos del IDAE.

Aunque Industria buscaba tres consultoras (que recibirían 300.000 euros cada una), finalmente, solo dos de las siete que fueron invitadas, aceptaron las condiciones:Roland Berger y Boston Consulting. Ambas se sometían, así, a un conflicto de intereses que les impediría trabajar con empresas afectadas.

Las invitadas, entre ellas Deloitte y Mckinsey, firmaron un contrato de confidencialidad, según fuentes empresariales. De las siete, cuatro declinaron la oferta y una de ellas aceptó, en un principio, para después renunciar.

La opacidad del proceso (de hecho, el ministerio lo ha mantenido en secreto hasta hace poco tiempo, cuando el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, nombró a las dos consultoras) llevó a varias asociaciones de renovables a presentar una reclamación ante el IDAE. Anpier fue más allá, al recurrir al tribunal administrativo de recursos contracturales, después de que el IDAE no respondiese a su requerimiento que hizo acompañado de un notario.

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