Boston y Roland Berger calcularán la nueva retribución de las renovables
Cobrarán casi un millón de euros Fueron invitadas siete consultoras La reforma eléctrica ha cambiado totalmente la regulación
El Ministerio de Industria ha contratado a Boston Consulting y Roland Berger Strategy Consultants para que elaboren los parámetros o estándares de los costes de inversión y operación que determinarán a partir de ahora la retribución de las energías del régimen especial (renovables y cogeneración). El Gobierno pagará por estos servicios más de un millón de euros: 900.000 euros más el IVA, según el pliego de condiciones técnicas para la contratación al que tuvo acceso CincoDías. Dicha contratación corre a cargo del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y se ha realizado mediante invitación, pese a que la ley establece que las licitaciones que superen los 60.000 euros deben publicarse en el BOE.
El ministerio preveía la contratación de tres consultoras, que cobrarían 300.000 euros cada una, pero finalmente, solo se han presentado las dos antes citadas. El pliego para “la contratación de servicios de asistencia especializada” para elaborar “estudios y análisis de estándares (..) bajo distintas hipótesis y escenarios” de las instalaciones del régimen especial se publicó el 23 de julio tras ser aprobada la reforma eléctrica. El documento se entregó a siete consultoras a finales de dicho mes. Entre dichas firmas, a las que se obligó a firmar un compromiso de confidencialidad, figuraban Deloitte y McKinsey, según fuentes conocedoras del proceso.
Estas aseguran que cuatro declinaron la invitación y hubo una tercera que se presentó y finalmente renunció al no aceptar ciertas condiciones. La mayoría ha querido evitar la incompatibilidad a del contrato para trabajar con las empresas afectadas por la nueva regulación (que son todas las del sector eléctrico, grandes y pequeñas), y el enfado de las mismas por haberse prestado a elaborar el estudio.
Asociaciones del sector han denunciado la falta de transparencia del proceso
Con la reforma eléctrica cambia radicalmente el mecanismo de remuneración de las plantas del régimen especial: solar termoeléctrica, fotovoltaica, eólica, cogeneración, minihidráulica (hasta 10 MW de potencia), hidráulica de mediana potencia (entre10 y 50 MW), biomasa, biogás, combustión y tratamiento de residuos.
La nueva regulación elimina el sistema de primas a la producción y establece otro que reconoce los costes de inversión y una rentabilidad del 7,5%. Esta se calcula teniendo en cuenta toda la vida útil regulatoria de la planta y la retribución se fijará tomando como referencia los costes de “una empresa eficiente y bien gestionada”, que servirán de parámetros.
Reclamaciones del sector
El pliego reconoce en su introducción que “dada la importante repercusión económica y social” que tendrá la futura regulación de las renovables, el IDAE ha sido requerido expresamente por la Secretaría de Energía para la realización urgente de los trámites para la contratación de las consultoras.
La opacidad del proceso ha llevado a varias asociaciones del sector de renovables a presentar una reclamación ante el IDAE. Una de ellas, Anpier, ha remitido un escrito a este organismo en el que le advierte de “la irregularidad en la que está incurriendo por no realizar publicidad en la licitación de la contratación de las empresas que ofrecerán asistencia técnica a Industria”, tal como establece el RDL3/2011 que regula los contratos del sector público. Pero existen excepciones, como el carácter urgente de un contrato, a la que se ha podido acoger el IDAE, según fuentes jurídicas.
Anpier califica de “burla al sector" destinar un millón de euros para para contratar tres consultoras, supuestamente independientes para asesorar al ministerio”.
El estudio incluirá un análisis histórico de las variables de costes e hipótesis sobre los costes a futuro, así como contraste de modelos de rentabilidad desarrollados por el IDAE. Tanto los análisis sobre el pasado como las hipótesis de futuro se harán por tecnologías, por tipo de costes (inversión, operación, mantenimiento o costes de combustible) y por año de puesta en operación: hasta 2013 para el análisis histórico y desde 2014 a 2020, en el caso del estudio a futuro.
Apoyo en los tribunales
El servicio contratado por el IDAE tiene como objeto realizar un estudio “que valore y establezca los estándares de costes de inversión y operación” de las plantas del régimen especial. Pero no únicamente. La adjudicación está condicionada también a que las adjudicatarias ofrezcan la asistencia necesaria, tanto al IDAE como a Industria, “en procedimientos judiciales y/o arbitrales en que pudiera ser parte la Administración del Estado”.
Una prueba clara del temor del ministerio a una avalancha de pleitos del sector contra la nueva regulación y los propios estándares. En estos casos, según el pliego de licitación, las consultoras elegidas deberán defender [en los tribunales] los datos, hipótesis, cálculos, resultados, conclusiones y demás elementos relevantes”.
Fuentes jurídicas aseguran que en realidad esta labor de peritaje es el verdadero objetivo de la contratación de las consultoras, pues el Gobierno por sí solo apenas tiene fuerza en los arbitrajes internacionales. Y es que las consultoras no podrán utilizar datos de las empresas afectadas para elaborar los estándares.
Aunque los estudios se realizarán “en base a fuentes públicas”, en el sector aseguran que, en ningún caso, las consultoras podrán hacer uso de los datos que de manera directa le puedan proporcionar las empresas afectadas por el nuevo sistema retributivo.
El plazo de ejecución del trabajo será de seis semanas desde la firma del contrato, después el IDAE dispondrá de dos meses para solicitar mejoras, que las consultoras deberán realizar en otras dos semanas. Todo ello hacer prever que el nuevo sistema incluido la reforma eléctrica no estará listo hasta finales de año.
Conflictos de interés
Las firmas que van a ayudar a Industria a elaborar los estándares de las renovables tendrán acceso a los datos, estudios, hipotesis y modelos que el IDAE pondrá a su disposición. Pero solo para su consulta.
De hecho, en el pliego de licitación se señala que estas empresas contarán con una “sala habilitada para tal fin y hacer sus anotaciones”, pero no podrá sacar la documentación de la sala, ni hacer fotocopias, fotografías u otro tipo de reproducción de los originales.
Las adjudicatarias no podrán tener ningún compromiso con terceros que suponga algún tipo de conflicto de interés. Este, y el enfado de las afectadas, ha hecho declinar la invitació a casi todas.
Sobre la firma