Tribuna

Quiénes pagan la huelga de limpieza

El ayuntamiento de Madrid es sin duda el gran responsable de la huelga de los trabajadores de las empresas adjudicatarias del servicio de limpieza que todos hemos sufrido estas últimas semanas. La mayor equivocación, aunque parezca increíble, no es que hayan gestionado de forma torpe la huelga o que finalmente hayan tenido que intervenir en la gestión del servicio, actuación que por otra parte es perfectamente legal. La causa principal de todo este despropósito es un grave error de estrategia del consistorio a la hora de iniciar el Expediente de Contratación.

Cuando el ayuntamiento de Madrid se planteó la necesidad de reajustar y reducir de forma drástica el costo de estos servicios debido a su delicada situación financiera, debió afrontar un Expediente de Contratación con el objetivo real que se buscaba. Era evidente que en una reestructuración tan brutal de los medios disponibles para prestar el servicio habría dos grandes damnificados, la calidad de los servicios y las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas adjudicatarias.

Sin embargo, ya analizando el título del Expediente Administrativo de Contratación, se podía vislumbrar que el consistorio en cambio iba a intentar escurrir el bulto para que fuesen las empresas adjudicatarias las que hiciesen el trabajo sucio después. Con ese claro objetivo el ayuntamiento presentó el pliego de cláusulas particulares del contrato como otro cualquiera, como si esa batalla no fuese con ellos.

Uno de los mayores errores de consistorio fue creer que una reestructuración de esta magnitud y calado les iba a salir literalmente gratis. Y como confiaron en las viejas técnicas de escaqueo, no abordaron con decisión un pliego de condiciones del contrato que realmente permitiese elegir la oferta “económicamente más ventajosa” del contratista.

Parece increíble desde la distancia comprender por qué no se planteó como criterio de valoración de las ofertas de las empresas adjudicatarias la forma en la que proponían afrontar esa reestructuración, ya que, en el pliego, el ayuntamiento se ciñó a dar una gran ponderación en la valoración a aquellas ofertas más baratas económicamente. En realidad, los redactores del pliego tampoco podían hacer mucho más, ya que las limitaciones jurisprudenciales a los criterios de valoración de ofertas son muy estrictas. El problema, como ya he dicho antes, venía ya del título y de las pretensiones del Expediente de Contratación.

En definitiva, no se quiso afrontar el problema en el momento que se debía haber abordado. Creo que todo hubiese sido al final más sencillo si en los criterios de selección y valoración de las ofertas de las empresas en el pliego de condiciones se hubiesen ponderado debidamente cómo las empresas adjudicatarias iban a gestionar las plantillas. De esta forma, las empresas contratistas hubiesen realizado un esfuerzo especial de negociación con los sindicatos con carácter previo y bajo la espada de Damocles de perder (o dejar de ganar, mejor dicho) unos contratos tan importantes. Además, las adjudicatarias hubiesen podido saber cuáles serían los costes reales de los servicios a prestar y no hubiesen presentado unas ofertas de adjudicación muy baratas a primera vista para el ayuntamiento, pero que han resultado mucho más caras a la postre.

¿Quién va a pagar al final todo este embrollo? Cuando la señora Ana Botella ha dicho que el acuerdo adoptado es la panacea porque “no habrá despidos gracias a la flexibilidad de la reforma laboral” y que “se tramitarán Expedientes de Regulación Temporal de Empleo”, en realidad quería decir que la solución adoptada entre las empresas adjudicatarias y los sindicatos con la connivencia del ayuntamiento de Madrid es muy simple: al final terminaremos pagando la mayor parte de este desaguisado todos los españoles.

Queda al final un cierto sabor agridulce al constatar que esta solución no es la definitiva, pues todo ha quedado pospuesto para que cuando finalice la vigencia de estos contratos se pueda tramitar un Expediente de Contratación de forma correcta, que permita a las empresas licitadoras saber cuáles serán los costes reales de los servicios a prestar con el objetivo de presentar unas ofertas viables para realizar un servicio que al final, y eso espero, no terminemos pagando otra vez todos los españoles.

 

Alejandro Vidaller es abogado Of Counsel. JAUSAS

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