La OCDE alerta: el recorte de empleo público es insostenible
Los recortes aplicados en el empleo público en varios países como elemento destacado de sus planes de ajuste durante la crisis son difícilmente sostenibles a largo plazo porque la población demanda servicios públicos, según ha alertado hoy, por primera vez, la OCDE.
“Reducciones significativas en el empleo público son difíciles de sostener a largo plazo, ya que las demandas de los ciudadanos crecen”, consideran los autores de un nuevo estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Los autores de Panorama de las Administraciones Públicas 2013 indican que aunque muchos miembros de la OCDE han aplicado en el período 2001-2011 (en el que se fija el estudio) recortes o congelaciones de empleo en el sector público, pocos podrán mantenerlos.
La OCDE estima que como la demanda de los servicios públicos no cae, las formas de reducir el empleo público a largo plazo pasa, en primer lugar, por obtener incrementos de la productividad, pero reconoce que estos “raras veces son cuantificables y que pueden asumirse que sean más bien modestos”.
En segundo lugar, se puede optar por externalizar servicios, es decir, que el Gobierno de turno pague por ellos pero que los preste el sector privado.
Distintos tamaños del sector público
Dentro de la propia OCDE existen grandes diferencias en el tamaño relativo del empleo público: en Noruega y Dinamarca alcanza al 30% de la población que trabaja, mientras que en México, Corea del Sur, Grecia o Japón es el 9% o menos; la media de la organización es del 16%.
Y entre 2011 y 2011 decreció en la mayor parte de los países del conocido como “club de los países desarrollados” el empleo de las empresas públicas en porcentaje del total de la población laboral: y una media del 5,7% en 2001 hasta el 4,7% en 2011, precisó la OCDE.
En relación con la estructura del empleo público, el estudio detectó entre esos años poca variación entre el porcentaje de trabajadores públicos en la administración central y las entidades regionales.
Entre los países donde sí se percibió una mayor descentralización destacaron España, la República Checa y Japón, donde la parte de empleados en los niveles regionales aumentó en 10 puntos o más. Solo en el caso de Noruega se dio en ese período un proceso contrario, es decir, una “notable” centralización del empleo público, con un incremento del 13% en el número de personas que trabajan en la administración central.
El caso español
De hecho el caso de España, la OCDE vincula el fenómeno con la delegación de competencias desde el Estado hacia las comunidades autónomas, pero también coincidió con un recorte de los efectivos desde 2010, constataron los autores del estudio.
Es más, este estudio de la OCDE está hecho antes de que la destrucción de empleo se intensificara en el sector privado; si se analizan los meses posteriores a 2010 se observa un ajuste mucho mayor de la ocupación pública en España. Según datos facilitados hoy por la patronal de las empresas de trabajo temporal (Asempleo), el sector público ha perdido 389.943 empleos, un 12,1%, desde el tercer trimestre de 2011 hasta el tercer trimestre de 2013.
De esos casi 390.000 puestos de trabajo desaparecidos en los últimos dos años, 87.000 se destruyeron en los nueve primeros meses de este año. El mayor recorte de empleados públicos en términos relativos lo experimenta la Seguridad Social, con un 23,7% menos de trabajadores (-9.511 empleos), si bien el ajuste más relevante en valores absolutos lo acometieron las comunidades autónomas, que han destruido 255.076 puestos de trabajo desde el tercer trimestre de 2011 (-14,1%), de los que dos de cada tres eran indefinidos.
Volviendo al informe de la OCDE, también incluye una serie de estudios relacionados con la manera en la que los distintos gobiernos aplican políticas destinadas a mejorar la efectividad de sus actuaciones y su eficacia, con el objeto de cumplir con las necesidades de los ciudadanos.
Al anunciar este nuevo informe, la OCDE comentó que llega después de que la crisis económica de los últimos años haya afectado a la confianza que los ciudadanos tienen en sus gobiernos.
El estudio incluye indicadores para medir precisamente el comportamiento de los gobiernos en ámbitos como la gobernanza estratégica, la participación de la mujer en instancias gubernamentales o la accesibilidad de la acción pública para los ciudadanos.