Acusado de fraude fiscal y falsedad documental
Fotografía de archivo (171207) del exdirector general de Caja Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad.
Fotografía de archivo (17/12/07) del exdirector general de Caja Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad. EFE

El exdirector general de la CAM abandona la cárcel tras depositar 1,5 millones de fianza

El exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad ha abandonado la prisión de Navalcarnero tras depositar la fianza de un millón y medio de euros que le impuso el pasado día 7 de noviembre el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, informaron fuentes jurídicas.

 

López Abad, que ha estado seis días en las prisiones de Soto del Real y Navalcarnero (Madrid), se suma de esta forma al exdirector de empresas de la CAM, Daniel Gil, que abandonó el pasado día 8 la cárcel tras despositar una fianza de 400.000 euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 imputa a los dos ex altos cargos la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración desleal y apropiación indebida por fomentar la concesión de préstamos de la caja a una empresa hotelera que desviaba después sus beneficios al paraíso fiscal de Curaçao.

Cuando depositó la fianza, Gómez Bermúdez impuso a Gil la obligación de comparecer quincenalmente en los juzgados más cercanos a su domicilio. Además, le prohibió abandonar el territorio nacional y ordenó la retirada de su pasaporte.

Ambos están imputados por defraudar en colaboración con dos empresarios alicantinos y otros dos exdirectivos de la caja una cantidad de “cierta relevancia” a través de un entramado de empresas hoteleras, encabezado por la sociedad Valfensal, que desvió unos beneficios de 247 millones de euros a Curaçao.

Según explicaba el juez en los dos autos en los que dictó el encarcelamiento, en los últimos nueve ejercicios tributarios ambos empresarios habrían estado eludiendo el pago de impuestos, situando la mayor parte de los beneficios en territorio antillano. Como mínimo, en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, el dinero defraudado superaría los cinco millones de euros.

 

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