“El Gobierno parece desconfiar de los profesionales liberales”
El presidente de los abogados y de todos los profesionales colegiados en España cree que la reforma de esta ley responde a una desconfianza total por parte del Gobierno hacia el conjunto de los profesiones liberales de nuestro país.
Pregunta. En líneas generales, como presidente de Unión Profesional, ¿Cómo le parece que afecta la nueva ley de servicios a los profesionales?
Respuesta. Si, como dicen el presidente del Gobierno y el ministro de Economía, los servicios profesionales en España son un activo importantísimo y los colegios profesionales funcionan extraordinariamente bien hasta el punto de que representan el 9% del PIB, el 6% de empleo directo y el 30% de empleo universitario, ¿de verdad hacía falta esta reforma? Porque lo que hace es poner en peligro todo esos datos. He visto que el informe de la consultora Roland Berger –considerada la mejor del mundo en ámbitos económicos– sobre la abogacía advierte de un beneficio escasísimo y que esta desregulación exagerada puede producir pérdidas importantísimas en la economía nacional.
"Gracias a la autonomía que teníamos, podíamos denunciar todas las violaciones de derechos fundamentales hacia los más desfavorecidos”
P. ¿Qué tiene de erróneo?
R. El fallo fundamental está en que se han considerado los servicios profesionales como cualquier servicio en cualquier mercado. Hasta hace poco, se decía –con una descripción que yo creo que es totalmente obsoleta– que la desregulación producía la entrada de nuevos operadores en el mercado, lo cual producía a su vez competencia, y por tanto bajadas de precios, aumento de calidad y mayor confianza. Con esta reforma, no va a haber aumento de calidad, y mucho menos de confianza, que es el valor más importante para la sociedad y para los políticos. Los españoles eligen a su profesional en abogacía, en ingeniería, en arquitectura, etc. por razones de confianza, porque se lo han recomendado. En esta ley, la confianza no se ha tenido presente, lo que supone pasos hacia atrás en materia economía y política.
“Nos hemos informado de que no existe ninguna resolución de la Unión europea que obligue a España a llevar a cabo semejante desregulación”
P. Como jurista, ¿qué le parece? ¿Cómo afecta a las profesiones jurídicas? ¿Qué reformas propondría?
R. Hay una sensación de desconfianza tremenda por parte del Gobierno hacia todas las profesiones liberales –hacia la nuestra y hacia todas las demás–. Lo que hace la ley es, por una parte, denunciar una serie de abusos que no define y, por otra, desconfiar de la característica más importante que hemos tenido históricamente: la autorregulación, y como consecuencia de ella, la autonomía para denunciar todas las violaciones de derechos fundamentales que se producían hacia las personas más desfavorecidas (por ejemplo, las tasas y la justicia gratuita). En las profesiones se ha entendido esta reforma como un castigo. Esta ley no respeta el espíritu constitucional del artículo 36, que ordena regular por ley los servicios y colegios profesionales, pero no de esta forma.
P. ¿Cómo afecta la ley de servicios y colegios profesionales a los abogados y procuradores al eliminar la incompatibilidad?
R. Ahí no hemos querido entrar. Esta profesión, hermana de la procura, les desea toda clase de éxitos, y también a los nuestros. Hay conflicto de intereses y nos han metido, pero no nos dejan resolverlo de momento.
P. El 17 de octubre afirmó usted en una rueda de prensa que esta ley se ha hecho para “presumir” ante las autoridades europeas.
R. El Gobierno afirma que ha ido hasta el máximo de desregulación y que, gracias a eso, pueden presumir de una ley modelo que va a ser asumida por todos los países de la UE, cosa que dudo bastante. No hay ninguna resolución europea que obligue a España a hacer semejante desregulación, eso sería un acto de verdadera soberbia. Con la ley Paraguas y la ley Omnibus, estuvimos colaborando y debatiendo cuestiones jurídicas con el Gobierno y no hubo ningún conflicto, pero en este caso no nos han dejado expresar nuestra opinión. Hemos pedido tener una reunión con Luis de Guindos, que es quien tiene que dar la cara ante un millón y medio de profesionales en toda España. El ministro les debe una explicación por las medidas ya adoptadas, que afectarán a su ejercicio profesional, y también a los intereses de sus clientes y pacientes.
El día 20 se concentrarán contra la ley de tasas
La Abogacía Española está pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional sobre la Ley 10/2012, que establece las tasas judiciales. Los profesionales se manifestarán contra ella en los juzgados de toda España el próximo día 20. Carnicer le recordó “con todo el respeto” al presidente del TC que quienes han solicitado la declaración de inconstitucionalidad de esta ley (el grupo socialista y cuatro comunidades autónomas, entre ellas Aragón –gobernada por el PP–) argumentan que “se carga prácticamente el recurso de casación foral”. Además, se han planteado cuestiones de inconstitucionalidad en juzgados de lo social.
En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado para 2014, Carnicer muestra dudas: “No sé cómo modernizarán la justicia” y dice estar muy preocupado por las “partidas engañosas” que el Gobierno ha presentado. El presidente de la Abogacía Española recuerda también que el Estado debería poner medios para la mediación y el arbitraje, pero afirma que “no hay partidas para ellos en los Presupuestos” y asegura que no quieren polemizar pero, citando el informe de la entidad que preside, se han cometido “errores mayúsculos”. Además, hace referencia otra ley de 2012 que eliminó a 1.300 jueces sustitutos en España.
Carnicer ve como muy positiva la obligación de los licenciados en derecho de cursar un máster para ejercer la abogacía de forma profesional: “Hasta ahora, en España, estábamos en clarísima inferioridad” y dice que esta formación específica nos equipara a países como Alemania, Francia y el mundo anglosajón.