Argumentan que el Banco de España y el FROB avalaron sus alzas salariales

Serra y Todó defienden como "legal y leal" su gestión de Catalunya Caixa

El juez rechaza la prisión provisional para los imputados que solicitó Ausbanc.

El paso por los juzgados de los 54 miembros del antiguo consejo de administración de Catalunya Caixa, imputados tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, comenzó este lunes con la declaración de los dos principales ex responsables de la fallida fusión de las cajas catalanas: el que fuera presidente, Narcis Serra, y su antiguo director general, Adolf Todó.

Ambos, imputados por un presunto delito de administración desleal, defendieron su labor en la entidad y las subidas salariales que aprobaron para la cúpula en un momento en que la entidad comenzó a necesitar ayudas públicas para sobrevivir. El argumento principal de Serra y Todó fue que tanto el Banco de España como el FROB avalaron estas subidas de emolumentos en plena crisis de la entidad.

“La lealtad del consejo de administración está más que demostrada”, sostuvo Serra para continuar alegando que las subidas de sueldo aprobadas fueron “legales, leales e incluso convenientes en aquel momento”, según recoge Europa Press que detalló a los medios de comunicación presentes ante el juzgado. Serra mantuvo que una de las principales preocupaciones de los gestores de la entidad era la de no dejar escapar al equipo directivo por lo que debían ofrecer sueldos acordes a los de mercado.

En concreto, los sobresueldos que son objeto de investigación se aprobaron en sendas resoluciones del consejo de administración de enero y octubre del año 2010, pese a que en julio de ese mismo año la entidad tuvo que acudir al FROB a pedir una primera ayuda de 1.250 millones. La caja recibió después dos ayudas más de 1.700 millones y 9.084 millones, estos últimos correspondientes al rescate europeo.

Todó, que presidió Catalunya Caixa entre octubre de 2011 y mayo de 2013, ganó en la entidad un total de cuatro millones de euros (3,1 en retribución fija y 0,8 en retribución variable) y se aseguró pólizas y planes de pensiones por valor de 8,2 millones, según la Fiscalía. Serra, por su parte, recibía “elevados emolumentos en concepto de dietas”, que en 2006 llegaron a los 135.707 euros Entre 2007 y 2010 el ex ministro socialista combinó las dietas con un salario, por lo que pasó a cobrar entre 236.000 y 260.000 anuales.

Según fuentes judiciales citadas por Efe, ambos defendieron ante el juez la legalidad de las decisiones del consejo, legitimadas, adujeron, por el aval del Banco de España que, conociendo los sueldos de los directivos a través de los informes y memorias que se remitían periódicamente, nunca objetó nada. Es más, señalaron, el propio FROB mantuvo esas retribuciones incluso después de haber aportado 1.200 millones a la firma.

Según los imputados, la subida salarial cumplía la directiva europea de 2009 que, precisamente, limitaba las remuneraciones de los exdirectivos y la propia Generalitat tenía conocimiento de la misma a través de los informes que periódicamente recibían de la entidad. Finalmente, los ex responsables de la entidad sostuvieron que las subidas fueron recomendadas por consultoras externas y que la decisión fue unánime en el consejo de administración, salvando siete votos en contra que sospechan emitieron los representantes de los trabajadores.

El juez instructor del caso, Josep María Pijuan, desestimó la petición de prisión preventiva realizada por la acusación particular que representa la asociación de usuarios de banca Ausbanc, propuesta que tampoco compartía la Fiscalía.

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