El límite actual está fijado en doce meses
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. EFE

Hacienda ampliará el plazo para cerrar las inspecciones fiscales

El Gobierno aprobará una gran reforma de la Ley General Tributaria diez años después de su aprobación

Uno de los objetivos es asegurar el cobro de deudas tributarias en casos de delitos fiscales

La actual Ley General Tributaria (LGT) sufrirá una reforma profunda diez años después de su aprobación. Fuentes de Hacienda confirmaron a Cinco Días la intención de modificar y adecuar la normativa tributaria a la nueva ley contra el fraude fiscal aprobada a finales del año anterior. De momento, solo se han trazado las grandes líneas que marcarán una reforma que el Ejecutivo planea cerrar en los próximos meses.

Uno de los cambios más relevantes afecta a las inspecciones fiscales. Actualmente, cuando un funcionario de la Agencia Tributaria inicia una inspección a una empresa o particular tiene 12 meses para concluirla. Sin embargo, ese límite suele sobrepasarse a menudo ya que la Administración puede suspender el plazo cuando, por ejemplo, detecta que el contribuyente está demorando la entrega de documentos reclamados por la inspección. Ello genera una gran litigiosidad. Las empresas suelen recurrir las suspensiones de plazo y no es extraño que los jueces acaben anulando actas de liquidación a favor de Hacienda por superar el plazo de los doce meses. Fuentes de la Administración reconocen que la ley vigente provoca “numerosas incidencias en la interpretación de la regulación de los plazos de las actuaciones inspectoras”. La idea es simplificar todo el proceso. Para ello, se ampliará el límite máximo que puede durar una inspección tributaria. Una medida que se contrarrestará con una mayor clarificación de los supuestos de interrupción del proceso inspector.

Las claves de la reforma de la Ley General Tributaria

Inspecciones fiscales: Se ampliará el plazo de duración de las inspecciones, que actualmente son de doce meses, aunque se puede prorrogar en casos complejos. Además, se clarificarán los supuestos en que la Administración puede paralizar el proceso.

Delito fiscal: Se adecuará la Ley General Tributaria para asegurar el cobro de deudas tributarias en procesos abiertos de delito fiscal.

TEAC: Hacienda reforzará el papel del Tribunal Económico-Administrativo Central como órgano de unificación de doctrina y se agilizarán los procesos.

Contrabando: Se modificará la ley para facilitar el cobro de deudas en casos de delito de contrabando.

Con esta reforma, Hacienda entiende que los contribuyentes ganan seguridad jurídica, ya que tendrán una mayor certeza acerca de la fecha de finalización de una inspección y, a la vez, los inspectores fiscales contarán con un régimen más simple y con más tiempo para detectar fraudes y establecer liquidaciones tributarias. De hecho, el colectivo de inspectores lleva años reclamando una ampliación de los plazos para cerrar investigaciones.

Nuevas tecnologías en el TEAC

La reforma de la Ley General Tributaria también servirá para fijar las reglas para el cobro en vía administrativa de deudas fiscales que han derivado en delitos. Hasta el año anterior, cuando Hacienda detectaba que un fraude era constitutivo de un delito fiscal estaba obligada a paralizar la vía administrativa y remitir el caso a la vía penal. Ello demoraba el cobro de las deudas detectadas, que quedaban embalsadas en sede judicial a la espera de una sentencia que podía retrasarse años. La ley contra el fraude fiscal de octubre de 2012 y la reforma del código penal solucionó esta problemática al establecer que el inicio de la vía penal en un caso de delito fiscal no paraliza el proceso administrativo. Es decir, la Agencia Tributaria puede ahora exigir el cobro de deudas en casos de delito fiscal aunque no exista una sentencia judicial. La reforma de la Ley General Tributaria establecerá los procedimientos para que esto sea posible.

La pretensión de agilizar los trámites también afectará a los Tribunales Económico-Administrativos. Así, se recurrirá con mayor intensidad a la tecnología, de tal forma que se introducirá la notificación electrónica para las reclamaciones que se interpongan. Además, se reforzará el papel del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) para unificar la doctrina que aplicarán los distintos Tribunales Económico-Administrativos Regionales.

Por último, Hacienda pretende reformar la normativa del contrabando siguiendo los cambios ya realizados en la figura del delito fiscal. El objetivo último es permitir que la apertura de la vía penal en un caso de delito de contrabando no suspenda el proceso administrativo de la Agencia Tributaria. Así se aceleraría y aseguraría la liquidación y cobro de deuda tributarias y aduaneras derivadas del contrabando.

Más de 5.000 millones hasta junio por la lucha conta el fraude

La lucha contra el fraude fiscal ha aportado a las arcas del Estado 5.034 millones de euros en el primer semestre, un nivel similar a la cifra alcanzada en el mismo período del año anterior (5.042 millones). Fuentes de Hacienda recuerdan que el dinero recabado ahora por los planes antifraude procede de ejercicios posteriores a la crisis económica que se inició en 2008 y que ha provocado un descenso sin precedentes de las bases imponibles.

De los 5.034 millones recaudados en la lucha contra el fraude, 4.587 derivan de actuaciones directas de prevención y control. El resto procede de declaraciones extemporáneas voluntarias, es decir, de contribuyentes que regularizan por iniciativa propia su situación fiscal. El Ejecutivo destaca que los ingresos en materia antifraude fiscal superan en un 109% las previsiones presupuestarias. El año anterior, la Agencia Tributaria recuperó 11.517 millones por actuaciones de prevención y control tributario y aduanero, un 10% más.

Los próximos ejercicios servirán para constatar la efectividad de la nueva ley contra el fraude fiscal aprobada en octubre de 2012 y que, entre otras medidas, incorpora la obligación de informar sobre los bienes situados en el exterior y limita los pagos en efectivo a 2.500 euros. Además, se adoptaron un conjunto de medidas para evitar vaciamientos patrimoniales y evitar así que las deudas tributarias detectadas por Hacienda se conviertan en incobrables.

La Agencia Tributaria contará en 2014 con 949 millones, un 0,11% más que en 2013. Se trata de un incremento mínimo, sin embargo, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, destaca que es el primer aumento presupuestario desde el inicio de la crisis.

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