Tribuna

¿Quién va a invertir en España?

Como inversor internacional en España, hemos concentrado nuestro interés en el sector de las energías renovables, en el que contábamos con la confianza en un sistema legal sólido y con unos objetivos explícitos, impuestos por sucesivos gobiernos y por la Unión Europea, para alcanzar el 20% de la producción de energía primaria con recursos renovables. De esta forma, se llevaba a cabo un plan de independencia energética, rompiendo la tendencia histórica de sustentarnos en recursos provenientes del exterior, a menudo complejos y volátiles. Una visión políticamente neutral para mitigar el riesgo geoestratégico y reducir las emisiones de CO2. 

Nuestra empresa, y otras como la nuestra, hemos colaborado en un proceso positivo para ambas partes, en el cual el gobierno fijaba los objetivos que deseaba alcanzar y nosotros los llevábamos a buen término. Así que pueden imaginarse nuestra preocupación cuando, el pasado mes de julio, el gobierno anunció un cambio del sistema tarifario que, además, afectaría “retroactivamente” a plantas que se habían puesto en marcha bajo un modelo con hipótesis distintas, y que hasta la fecha había impulsado exitosamente el alcance de los citados objetivos, convirtiendo a España en la vanguardia tecnológica de las energías renovables.

El principio de retroactividad ha sido discutido largamente en la prensa. En palabras sencillas, es la intención de un gobierno de quebrar las promesas hechas en el pasado hasta el extremo de hacer inviables modelos de negocio que sin dichas promesas no hubieran sido ejecutados y, en este caso, incluso destruyendo el valor de los activos.

Negocios como el nuestro están basados en una estructura regulatoria de largo plazo, con estructuras de financiación que alcanzan los 20 años de duración, espejo del régimen tarifario garantizado. La presente reforma propone mirar atrás utilizando costes estándar, que por su aplicación generalizada son erróneos por definición, y que se aplican a inversiones hechas en el pasado con el propósito de reducir su rentabilidad y poner en riesgo su solvencia.

El gobierno ha anunciado la contratación de consultores expertos para colaborar en el desarrollo del nuevo modelo. Parece que ahora mismo tan sólo nos queda esperar que éstos se comprometan, desde su deber profesional, a revelar los verdaderos hechos del sector, incluyendo el reconocimiento de las importantes inversiones hechas por operadores de largo plazo que fundamos empresas y creamos empleos directos e indirectos a través de nuestra cadena de suministradores, y que apoyamos a las comunidades en las que estamos presentes.

Nuestra empresa ha invertido en España más de 500 millones de Euros en los últimos cinco años, y ha desarrollado un equipo tanto interno como externo de más de 100 personas. Es por este compromiso de largo plazo, y por el futuro de la economía española, por lo que hoy deseo expresar mi desacuerdo con las medidas anunciadas y espero que recibamos señales del gobierno de su disposición a iniciar un acercamiento razonable y considerado. De lo contrario, el sector corre el riesgo de sufrir un improvisado e inconsistente cambio tarifario que puede sólo llevar a una insolvencia generalizada y a una transferencia de la propiedad al sector bancario, lo que no parece el mejor de los objetivos en este momento.

La situación actual podría crear un precedente con dramáticas consecuencias no sólo para el sector de las renovables, sino también para el comercio en general. Qué inversor no se preguntará en este contexto “¿Por qué voy a invertir en España?”. Existen muchas razones para considerar una inversión en este país, siendo la más destacable la cualificación de los profesionales españoles, pero desafortunadamente esta ventaja palidece ante el riesgo regulatorio, ya que últimamente hemos sido testigos de una peligrosa tendencia a la flexibilidad legislativa.

Si los cambios que ahora se proponen se hubieran conocido en el momento de la inversión, estas instalaciones no se hubieran podido financiar ni construir. Por lo tanto, de llevarse a cabo las medidas regulatorias propuestas, no podremos evitar la desconfianza en la mirada del inversor extranjero, lo cual no puede sino dañar el futuro de estas y otras inversiones a gran escala.

 

Alan Henderson es administrador y director gerente de RWE Innogy Aersa

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