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Arrancan los 'pymebonos'

Arrancan los 'pymebonos'

El mercado ve en la renta fija una buena alternativa de financiación para las medianas empresas ante la escasez del crédito bancario

Aunque el andamiaje estaba preparado desde que a mediados de año la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobó su reglamento, esta semana se presenta en sociedad y arranca oficialmente el nuevo Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), en el que las pequeñas o más bien medianas empresas podrán colocar deuda e intentar así mejorar su financiación ante la pertinaz sequía crediticia.

También se espera conocer los primeros mediadores y asesores registrados, que guiarán a las sociedades que quieran emitir.

Son pasos que aguardan muchas empresas que ya han pedido información a sus consultores e intermediarios porque el interés, y sobre todo la necesidad, de esta alternativa por parte de los potenciales emisores es indudable, aseguran fuentes del mercado.

El momento de su lanzamiento también parece el óptimo, ante el crecimiento de las emisiones de deuda en toda Europa y “el cambio significativo de España en los últimos meses, en los que vemos que se acercan inversores extranjeros cuando antes ni nos miraban”, comenta Vicente García, director en el grupo de capital markets de PwC.

El nuevo mercado está diseñado para empresas que facturen más de 100 millones, saneadas y con presencia internacional

A eso se suma que “el recorrido adicional de los activos fijos de más calidad es menor, con lo que tiene sentido introducir otras opciones en sus carteras”, añade Pablo Guijarro, socio de corporate finance de Analistas Financieros Internacionales.

La opinión, no obstante, no es unánime. “Al MARF le va a costar empezar a andar porque el inversor se posiciona ahora en activos de poco riesgo y mucha liquidez”, auguran otras fuentes. “La duda está en la base inversora de origen español no muy acostumbrada ni a emisiones de alta rentabilidad ni a apostar por proyectos y empresas locales”, según Adolfo Estévez, director de Axesor Rating.

Por eso, para que la iniciativa tenga éxito, todos los agentes consultados coinciden en que va a ser fundamental la calidad y el tamaño de las empresas y de sus emisiones.

El regulador no ha puesto límites, para no restringir las posibilidades, pero las garantías que exige el inversor institucional, ya que los particulares no podrán participar directamente en el MARF, son las que mandan. Esos requerimientos dejan fuera a las compañías más pequeñas, por lo menos en un principio.

Las cifras

100.000 euros es la inversión mínima contemplada en el reglamento del nuevo mercado, que solo podrán aportar inversores institucionales ya que no se contempla la participación directa de particulares, al contrario de lo que ocurre en el MAB.

800 empresas españolas, según el informe del IEB y Axesor, cumplirían los requisitos para acceder al nuevo mercado. De ellas, un centenar estaría en condiciones de emitir de forma inmediata. Las primeras ya han empezado a solicitar ratings privados para evaluar costes.

1.000 millones de euros ha previsto la sublínea Pagarés y Bonos de Empresas del ICO, dentro del apartado de Empresas y Emprendedores, para financiar la adquisición por parte de las entidades financieras de bonoso pagarés de sociedades españolas y desarrollar el MARF.

6,9% es la rentabilidad media esperada para las emisiones del MARF, según algunos estudios, aunque dependerá de la evolución de las condiciones de mercado, el riesgo soberano o el rating de los emisores. Se prevé que la mayoría tenga una calificación crediticia de BB.

“Si estamos hablando de inversiones con un mayor riesgo, lo normal es que las compañías que acudan a este cauce sean algo más grandes, solventes y con una cierta trayectoria para poder generar una masa crítica de compradores”, detalla Guijarro.

Solventes y saneadas
Así, el perfil buscado es el de una empresa con una facturación anual mínima en torno a 100 millones de euros, sin dificultades económicas, con una deuda sobre ebitda de entre tres y cuatro veces, capacidad de repago y que esté internacionalizada o en proceso de salir al exterior.

Está claro, según advierten todos los expertos, que el inversor no va a comprar obligaciones para salvar a una empresa de la quiebra o para que pague las nóminas del mes siguiente, sino para financiar proyectos de expansión.

Formalmente, tendrán que presentar sus cuentas anuales auditadas sin salvedades en los dos últimos ejercicios y un informe de evaluación crediticia y riesgo de la emisión o un informe de solvencia elaborado por una entidad de calificación registrada.

Unas 800 sociedades cumplirían en España estas condiciones y un centenar podría emitir de forma inmediata, según un análisis del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y Axesor Rating, la única agencia española de calificación, que ya está elaborando los primeros ratings privados para compañías interesadas en salir a través de esta plataforma. “Se están preparando y estamos viendo algunos niveles interesantes de BBB para abajo”, adelanta su director.

Siguiendo el ejemplo alemán, uno de los países europeos donde más se ha desarrollado esta fórmula con 3.000 millones de deuda emitidos en tres años, se espera que la mayoría de las compañías tenga una calificación de BB, es decir, con una probabilidad de impago del 2%.

Aunque el reglamento de la CNMV tampoco restringe el tamaño de la emisión, el consenso del mercado sitúa el volumen mínimo por encima de los 20 millones de euros para asegurar la liquidez necesaria y el atractivo para el inversor.

La coincidencia no es tan rotunda sobre los plazos de las mismas. “Tiene sentido que oscilen entre tres y cinco años, que es la media que se registra en Alemania”, según Guijarro, aunque “la falta de experiencia en España puede hacer que los compradores se sientan más cómodos con periodos más cortos, de entre el año y los tres años”, rebate Vicente García (PwC).

También hay que tener en cuenta que una vida más larga diluye los costes fijos de estructuración. Aunque en el MARF se suavizan los requisitos legales, la factura incluye, entre otros, la elaboración de un documento o folleto de emisión, que no habrá que elevar a escritura pública, el informe de solvencia o evaluación crediticia o el precio de la entidad colocadora, además de las tasas de Bolsas y Mercados (BME), que pueden llegar a los 40.000 euros por emisión y el cupón que habrá que pagar al bonista.

Cada obligación tendrá su propia remuneración, pero, extrapolando nuevamente el ejemplo alemán, el informe de IEB y Axesor pronostica una rentabilidad media para las emisiones del MARF en torno al 6,9%. “Es normal que empresas con un rating más bajo tengan que pagar un cierto sobreprecio, pero son las reglas del juego”, concluye García, para quien los costes no deberían ser razón de dejar de emitir.

 

Hermanos no gemelos: MARF y MAB

Aunque la idea es la misma, que las empresas de menor tamaño tengan acceso al mercado de capitales, los expertos auguran al MARF una vida menos azarosa que la de su pariente de la renta variable, el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Desde su primera emisión en 2009 ha atraído a 23 empresas y 147 millones de euros.

“El precedente del MAB puede dar algo de incertidumbre”, reconoce Pablo Guijarro, de AFI, pero “el principal problema de ese mercado fue el timing, porque se lanzó en medio de la tormenta perfecta para las acciones mientras que las emisiones de renta fija están creciendo casi al 40% en Europa en 2013”, argumenta Adolfo Estévez.

Otro de los problemas de la Bolsa de las pymes es su escasa liquidez. “Es un riesgo que no podemos ignorar para el nuevo mercado, pero podemos poner paliativos”, advierte Vicente García, de PwC, quien apunta a la necesidad de crear proveedores de liquidez que ofrezcan una contrapartida cuando un inversor quiera comprar o vender.

“Pero lo que está claro es que un país de pymes como España necesita mecanismos específicos para estas empresas que funcionen bien, como ocurre en todo el mundo”, concluye.

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