Tribuna

¿Es justa la reforma de las pensiones?

El paro en septiembre vuelve a crecer de nuevo (25.572 personas) hasta situarse en 4,7 millones según los servicios públicos de empleo. Por otra parte, la Seguridad Social pierde 22.242 afiliados ocupados y en los últimos doce meses –504.358 cotizantes (-3%).

Cuando el número de cotizantes disminuye y los pensionistas aumentan el sistema debe adaptarse y es necesario reformar el sistema público de pensiones. En nuestro país, desde 2007, el número de cotizantes ha disminuido en cerca de tres millones y los pensionistas han aumentado en 1,4 millones.

Para ello, normalmente se suele actuar sobre tres variables inmediatas: aumentar las cotizaciones sociales; disminuir la cuantía de las pensiones y duración de las cotizaciones. Pero los efectos sociales serán diferentes según la alternativa adoptada. De este modo, el Gobierno ha tomado la decisión de reformar las pensiones al crear un nuevo Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social desligado del IPC. Si se pone en práctica los ciudadanos deben saber que sus pensiones van a reducirse y, por lo tanto, provocarán fuertes pérdidas del poder adquisitivo. El nuevo índice de revalorización que propone el anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Empleo fijará cada año la cuantía en la que subirán las pensiones. El Gobierno ha tomado la decisión de aumentar para 2014 las pensiones un 0,25%. Si aplicamos este índice a la pensión media de jubilación se obtiene un aumento de 2,40 euros/mes.

Con el fin de mantener la cohesión social es fundamental asegurar el mantenimiento de paridad de rentas entre jubilados y personas activas ocupadas. La aplicación de la nueva fórmula milagrosa para obtener la revalorización de las pensiones todavía va a ampliar más las diferencias de renta entre pensionistas y activos ocupados. Así, en España la pensión media es el equivalente al 50% con relación al salario medio. Mientras en países como Francia es el 75%. El Gobierno se equivocó aplicando una excesiva austeridad impuesta por la troika, que necesita mano de obra barata en nuestro país para exportar a través de las multinacionales europeas. Ahora lo hace de nuevo al querer aplicar duras reformas sociales como la de las pensiones a pesar del rechazo de sindicatos y empresarios. Incluso el CES aconseja al Gobierno en su dictamen sobre la reforma de pensiones que reconsidere la oportunidad de desligar la revalorización de las pensiones del IPC, puesto que el nuevo índice de revalorización propuesto acarreará una pérdida del poder adquisitivo. En este contexto, es evidente que los gastos de la seguridad social disminuirán al desligar la cuantía de las indemnizaciones de la evolución del IPC mientras los ingresos por afiliados ocupados aumentarán debido a que los salarios se verán incrementados por la posible subida de la inflación. Así, se cuadra fácilmente el balance. El medio más simple de disminuir el déficit es disminuir la cuantía mensual de las prestaciones por jubilación. Por lo tanto, el déficit se pretende solucionar empobreciendo aún más un colectivo vulnerable como son los pensionistas (9 millones).

No se entiende por qué cuando se habla de las pensiones se tiene sólo en cuenta el nivel de gastos como única solución para la sostenibilidad del sistema. ¿Por qué no se cuestiona el modelo de ingresos? Hay muchas cosas sensatas que también se pueden hacer para conseguir la sostenibilidad del sistema. Los ingresos del modelo español están basados exclusivamente en las cuotas a la seguridad social y sin embargo diversos países de la UE como Francia cuentan con impuestos finalistas e incluso otros aumentan las cotizaciones sociales. No hay una respuesta única, existen más alternativas.

Si desde el Gobierno se nos dice que estamos saliendo de la crisis y que los próximos presupuestos de 2014 son los de la recuperación no se entiende la necesidad de la aplicación de esta reforma que va a castigar a los pensionistas. El Gobierno pretende ahorrar a través de la aplicación del nuevo índice de revalorización, entre 2014 y 2022, con una inflación del 1%, la cantidad de 33.000 millones de euros. Y manifiesta que no es un recorte es solo un ahorro. El Gobierno no debe pretender que el ahorro es debido a su buena gestión. Al menos habría que reconocer que si se reduce el poder adquisitivo de los pensionistas estamos ante un recorte en toda regla. Pretender que es sólo un ahorro no es reconocer el sacrificio de los nueve millones de pensionistas y que además se van haber más empobrecidos con el nuevo Copago Hospitalario (10% del precio de las recetas). Bajar los salarios y las pensiones reducirá los ingresos por cotizaciones de la seguridad social con efectos negativos en el Estado del Bienestar.

 

Vicente Castelló Roselló es profesor de la Universidad Jaume I

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