Tribuna

El ajuste fiscal carga contra la obra civil

El Gobierno presentó ayer en el Congreso el Proyecto de Ley de los Presupuestos para el ejercicio 2014 para su tramitación parlamentaria. A la vista de las cifras y políticas de gasto del mismo, quiero reflexionar sobre la trascendencia vital de dicho presupuesto y su dotación de inversión respecto a la industria de la construcción nacional.

El sector viene padeciendo una profunda crisis que nace, primero, con la caída de la edificación y que se agrava desde mayo de 2010 con los fuertes recortes en la inversión pública. Para hacerse una idea de la importancia de dicho recorte decir que el déficit en el período 2010 a 2013 se redujo en 26.660 millones, la inversión pública lo hizo en 23.545 y la licitación de obra pública en 18.767. Cada uno puede extraer conclusiones.

En síntesis, el recorte de la inversión representa más de la mitad del ajuste fiscal. Y ha cargado sobre el sector de la construcción, ya fuertemente dañado por la crisis previa del subsector de la edificación.

Esa contracción de la inversión pública sobre el sector ha provocado un notable incremento del paro y, desgraciadamente, no se espera que en el próximo año la inversión privada alimente la creación de empleo. La falta de proyectos y la de financiación de la banca no permite imaginar ese escenario. Sólo la inversión pública podrá generar empleo y, como nos demostró la crisis de 1929 solo la inversión pública, en el marco del New Deal de Roosevelt, permitió reducir en un tercio la cifra de parados.

Es por ello que habría sido justo y necesario, tal como hemos pedido reiteradamente, dotar las inversiones reales (Capitulo seis) de los ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con una cifra adicional no inferior a los 3.000 millones. La deseable sería entre 6.000 y 9.000 millones de euros. Al no producirse ese aumento, España pasará a tener el ratio de inversión en obra civil más bajo de la UE. Y tenemos que recordar que activar el sector de la construcción de obra civil induce la creación de numerosos empleos directos e indirectos en industrias conexas.

Tengo la seguridad además, pues creo conocer bien la administración pública, que existen todavía numerosos yacimientos de gasto improductivo, tanto de naturaleza política como administrativa, cuyo recorte podía aportar los recursos necesarios para la obra civil, y recordemos que por cada millón de euros invertido en infraestructuras se crean 18 empleos directos y retorna al erario público el 57% por la vía fiscal y de ahorro de costes sociales. En cambio, esos 18 trabajadores como parados tienen un coste promedio en subsidios de 450.000 millones en dos años.

Las constructoras españolas salen al exterior y ganan bastantes concursos internacionales, pero en esa actividad no se genera empleo en España y sólo sirve para que nuestros ingenieros y técnicos acaben viviendo fuera.

Si en la tramitación parlamentaria no se corrige la dotación para la política de infraestructuras en el sentido indicado, las empresas constructoras proseguirán el actual camino que les lleva directamente a concurso de acreedores, primero, y al cierre más tarde.

 

Jaime Lamo de Espinosa es presidente de ANCI

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