“El voto de los funcionarios puede acabar con un Gobierno”
Los empleados públicos encaran un nuevo año con sus sueldos rebajados y congelados. Y ya es el quinto. Miguel Borra (Zaragoza, 1968) preside desde hace casi dos años la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F) mayoritaria entre este colectivo y cree que el Gobierno no está calibrando lo suficiente el peso electoral que tienen los 2,5 millones de empleados públicos y sus familias. Como economista, llama la atención sobre la inyección que supondría a la economía real la devolución de la parte de la paga de Navidad retirada en 2012 a estos trabajadores, tal y como han sentenciado los tribunales.
Pregunta. ¿Se esperaban una nueva congelación salarial para 2014?
Respuesta. En parte sí. Y después de las palabras del presidente, Mariano Rajoy, la pasada semana en el Senado, garantizándonos solo el cobro de las pagas extras –que por otra parte son un derecho que generamos día a día– la luz de la que hablaba al final del túnel para los empleados públicos se nos ha puesto un poco más lejos. Fuimos los primeros en sufrir los recortes y vamos a luchar por no ser los últimos en ver esa luz al final del túnel.
P. ¿Y cómo va a ser esa lucha?
R. El jueves pasado ya convocamos una huelga general para la enseñanza para el 24 de octubre. Porque el sector educativo además de todos los recortes salariales está sufriendo en más intensidad la disminución del personal interino. También nos manifestamos en el acto de inicio del año judicial, porque la Justicia es otro de los sectores que más está sufriendo el recorte de personal; y no lo digo yo, lo dicen los jueces que se quejan a diario de que no pueden trabajar y se les atasca la maquinaria porque no tienen secretarios judiciales ni tramitadores. Y lo mismo ocurre con las cárceles.
Vamos a seguir con esta presión, intensificándola en todos los sectores. Porque el Gobierno se tienen que dar cuenta de que se tiene que sentar a negociar cómo mejorar los servicios públicos. Estemos o no estemos en crisis los servicios públicos no pueden pagarlo porque los ciudadanos los necesitan. Seguro que retomaremos las protestas en los centros de trabajo, y en la calle en momentos concretos y puntuales pues también.
P. Sin embargo, el Ejecutivo parece que no se da por aludido con todas estas protestas...
R. No se terminan de dar cuenta de que este acoso y derribo a los empleados públicos ya les costó a algunos Gobiernos las elecciones. Somos 2,5 millones de personas y nuestro voto puede acabar con un Gobierno; puede hacer decantar la balanza electoral en un sentido o en otro. Está claro que cada empleado público votará lo que estime oportuno, pero me remito a la historia reciente de nuestro país, cuando un Ejecutivo tomó medidas que fueron muy lesivas contra los empleados públicos, indudablemente luego lo pagó en las urnas.
Hemos sufrido como el que más durante la crisis y si ahora se empieza a vislumbrar cierta recuperación, el Gobierno habría tenido que tener como mínimo algún gesto con nosotros.
P. ¿A qué gestos se refiere?
R. El primer gesto que debería haber tenido es habilitar un crédito presupuestario en 2014 para pagar la parte devengada de la paga extra que nos quitó en diciembre 2012. Numerosos tribunales han reconocido que esta medida no puede tener carácter retroactivo. Así, hay 44 días que se deben al personal estatutario y 14 días al personal laboral, porque ya los habíamos devengado cuando entró en vigor la retirada de la extra, el 15 de julio. Es salario diferido que nos tienen que pagar.
Eso hubiera sido un gesto de buena voluntad, que aparte de ser justo, hubiera servido también para reactivar la economía. Porque aquí parece que solo se reactiva dando dinero a los bancos; cosa que, por cierto, tampoco he visto que hayan hecho. Y puedo garantizar que con ese dinero (unos 1.500 millones), los empleados públicos habríamos hecho lo que el común de los mortales: regar la economía porque nos lo habríamos gastado. No obstante, intentaremos conseguir que se nos pague este dinero en el trámite parlamentario de los Presupuestos.
P. Parece que Rajoy ha ampliado a algún sector más la tasa de reposición de hasta el 10%...
R. Han añadido algún sector como seguridad aérea y organismos reguladores. Pero es totalmente insuficiente. En España se han perdido más de 300.000 empleos públicos en la crisis;muchos de ellos el último año, y se está empezando a notar mucho la falta de personal en los colegios y hospitales, sobre todo.
P. Pero usted siempre ha sido partidario de racionalizar las plantillas, sobre todo en el caso de las empresas públicas.
R. Sí. Nosotros defendemos que haya el número de empleados públicos necesario para prestar el servicio. Ni uno más ni uno menos. Por eso hemos pedido muchas veces a la Administración que hay que trabajar en planes de recursos humanos para racionalizar las plantillas en todos los sentidos. Si hay que hablar de movilidad de personal, que se haga.
“La huelga está ahí pero es el último recurso”
Los empleados públicos son un colectivo que tradicionalmente no han sido muy proclives a ir a la huelga. Pero los últimos recortes están cambiando estas costumbres. Para empezar hay convocada una huelga general en la enseñanza el 24 de octubre en la que el CSI-F –que no se sumó a la última huelga del 29 de marzo del año pasado– está entre los convocantes. Sin embargo, Miguel Borra sigue siendo algo escéptico. “La huelga es un recurso que está ahí pero para nosotros es el último”. Nos decantamos más por sentarnos a trabajar en una mesa y sacar temas adelante. Y estamos convencidos que eso es lo mejor para todos.” Pero el presidente del CSI-F destaca la dificultad llevar a cabo esta estrategia ahora “por la falta de voluntad negociadora por parte de este Gobierno”.
No obstante, el líder sindical insiste en que hay una serie de temas que aunque la situación sea complicada se podrían discutir. “Por ejemplo, estamos cansados de que nos saquen a relucir la evaluación del desempeño o la productividad. Pues vamos a sentarlos a definirla, pero en cada sector y definiendo los criterios de productividad de cada puesto. Porque no es lo mismo que hacer operaciones de apendicitis que hacer tornillos”, precisa Borra.
Movilidad y moscosos
También se podría hablar del Estatuto del personal docente no universitario que es una reivindicación histórica de los profesores;y, sin embargo, “el Gobierno ha roto esta negociación sine die”. Asimismo, “se podría discutir sobre movilidad –añade–, porque a este paso va a ser más fácil venir desde Bruselas a Madrid que desde Badajoz”. Y, finalmente, “sobre la devolución de alguno de los tres días de libre disposición (moscosos) que nos han quitado, porque ahora estamos por debajo de la media de los convenios del sector privado en esta materia”.
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