El Gobierno prohíbe a los cargos públicos utilizar tarjetas de crédito
El Consejo de Ministros ha aprobado un informe con un total de 40 medidas que el Gobierno pretende poner en marcha para hacer frente a la corrupción y que espera consensuar con el resto de los grupos parlamentarios.
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que las medidas están centradas en el control de la actividad económica de los partidos, una mejor regulación de los cargos públicos y medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción.
Entre las medidas que el Gobierno quiere negociar con los grupos, hasta un número de 40, se encuentra la creación de un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de los partidos o la prohibición del uso de tarjetas de crédito en los gastos de representación.
Sáenz de Santamaría ha recordado que este plan no es la primera medida planteada por el Gobierno en esta legislatura, pues ya se han tramitado iniciativas “muy importantes” en la lucha contra la corrupción, como la reforma de la Ley de Financiación de Partidos, mediante la cual se prohibió la condonación de deudas por más de 100.000 euros al año.
El informe de hoy va más allá e incluye unas 40 propuestas para un refuerzo del control de la actividad económica y financiera de los partidos, una mejor regulación del ejercicio del cargo público y medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción.
Por ejemplo, se regulará la figura del responsable económico y financiero de los partidos, que tendrán que comparecer anualmente en el Parlamento, y también se establecerá la obligatoriedad de todos ellos de enviar sus cuentas al Tribunal de Cuentas, reciban o no subvenciones.
La inscripción obligatoria en el registro de partidos de las fundaciones vinculadas a ellos; el refuerzo del Tribunal de Cuentas para dotarle de una mayor capacidad para fiscalizar; la clarificación del régimen de infracciones y sanciones, y el refuerzo en el cobro de las sanciones que se impongan.
Además, se retendrán las subvenciones a los partidos que no presenten sus cuentas al Tribunal de Cuentas y se da rango legal a la obligación de las fuerzas políticas de cumplir los mismos requisitos que cualquier particular a la hora de recibir subvenciones, como estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Toda la normativa que regula el ejercicio del cargo público, dispersa hasta la fecha, quedará unificada, y también se clarificarán los casos de conflictos de intereses.
Los gastos de representación serán exclusivamente para los usos que fije la ley, de manera que los gastos reembolsables serán siempre con presentación de los justificantes y se prohibirá el uso de las tarjetas de crédito.
En la línea con una norma de ámbito internacional para luchar contra el blanqueo de capitales, se ampliará el número de altos cargos sometidos al control reforzado de sus actuaciones económicas, de manera que si hay un “movimiento llamativo” en una cuenta de las personas con responsabilidad pública será comunicado a la correspondiente oficina de blanqueo.
Según la vicepresidenta, para dar una mejor respuesta penal contra la corrupción, el Gobierno quiere consensuar con los partidos un bloque de medidas de tipo penal y procesal.
Por ejemplo, un nuevo tipo delictivo de financiación ilegal de partidos o la revisión de distintos tipos penales, como la prevaricación o el cohecho.