El juez amplía a cinco los presuntos delitos imputados a Sousa
En un auto fechado el pasado 16 de agosto y conocido ayer, el juez Pablo Ruz, del juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, impone una fianza civil que suma 1.200 millones de euros a diez directivos y seis sociedades de Pescanova “a fin de garantizar las eventuales responsabilidades pecunarias” derivadas de la crisis del gigante pesquero.
La multinacional gallega se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado mes de abril, una de las mayores quiebras de la historia empresarial española, con una deuda que supera los 3.000 millones de euros (solo concursos como los de las inmobiliarias Martinsa Fadesa o Reyal Urbis o de las empresas de sellos Forum y Afinsa registran mayores cifras de endeudamiento). El expresidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa y otros consejeros y ejecutivos están acusados de varios delitos, entre otros el de haber vendido acciones de la compañía cuando conocían la situación de quiebra del grupo y no la hicieron pública.
El magistrado amplía a cinco los presuntos delitos imputados al primer accionista de Pescanova –Fernández de Sousa controla el 7,5%, seguido de Grupo Damm (6,2%)–. Al expresidente de la compañía pesquera se le imputan los presuntos delitos de falseamiento de información económico financiera; falseamiento de cuentas anuales; uso de información relevante; estafa; un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito societario. Al consejero Alfonso Paz-Andrade, hijo del otro fundador de Pescanova, Valentín Paz-Andrade, se le imponen los mismos presuntos delitos que a Fernández de Sousa, menos el de delito societario.
Este último supuesto delito contemplado en el artículo 294 del Código Penal se imputa exclusivamente al expresidente de Pescanova con motivo de un expediente sancionador seguido por la CNMV. El artículo señalado dice que los que “como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses”.
El juez explica que en el caso de Pescanova se infiere “la probabilidad de delito por parte de los querellados al estimarse la existencia de indicios racionales de criminalidad” y añade que para la imposición de la fianza estimada no resulta “imprescindible realizar una labor activa de investigación por parte del Instructor ya que este, con base en el contenido de las querellas y documentos adjuntos presentados, puede apreciar indicios de criminalidad suficientes que justifican la adopción de la medida”.
El juez señala que los querellantes cuestionan la actuación de Sabadell Bolsa que “habiendo aconsejado la compra de títulos procedió a la venta masiva de acciones de Pescanova en un momento en que las mismas experimentaban la subida, por lo que consideran que la misma podría haber utilizado información reservada”.
El expresidente recurrirá esta semana
La representación legal de Manuel Fernández de Sousa, expresidente y primer accionista de Pescanova, tiene previsto recurrir esta semana el auto del juez Pablo Ruz por el que le impone una fianza de 178,8 millones de euros, indicaron ayer fuentes cercanas al ejecutivo. El recurso estará basado en las mismas consideraciones que los abogados de Fernández de Sousa remitieron ya al juzgado el pasado 31 de julio, cuando conocieron que el Ministerio Fiscal había solicitado pocos días antes, el 24 de julio, la imposición de fianzas que incluyeran “los importes de todas las inversiones reclamadas por las acusaciones particulares personadas hasta la fecha en el procedimiento”.
Los abogados de Fernández de Sousa alegan “falta de motivación” al no existir todavía “la totalidad de todos los datos cuando ni siquiera los imputados han presentado declaración”.
El expresidente de Pescanova está llamado a declarar ante el juez en calidad de imputado a mediados del próximo mes de octubre. El juez Pablo Ruz recuerda en el auto conocido ayer que para la adopción de las medidas cautelares impuestas no resulta “imprescindible realizar una labor activa de investigación por parte del Instructor, ya que este, con base en el contenido de las querellas y documentos adjuntos presentados, puede apreciar indicios de criminalidad suficientes”.
El expresidente de Pescanova alegará también “falta de ofrecimiento de caución”; “falta de audiencia previa al requerido” y “falta de proporcionalidad en la medida”. Los abogados de Sousa destacan que “ni siquiera se ha oído la versión de los imputados; solo tenemos la de los querellantes lo cual explica los manifiestos errores, por ejemplo, a la hora de cuantificar los supuestos perjuicios”.
