El FMI pide de nuevo un régimen de solvencia personal
Dentro de las demandas del FMI para ayudar al sector privado, se destacan aquellas que se refieren al ámbito más personal. Así, las autoridades del FMI han propuesto una serie de nuevas medidas para abordar el sobreendeudamiento hipotecario de las familias, haciendo especial hincapié una vez más en la introducción de un régimen de insolvencia personal, con condiciones estrictas, que preserve la cultura de pago de las familias endeudadas.
El FMI recomienda que el Gobierno español considere establecer este régimen de insolvencia en un futuro cercano, como ya han hecho otros países de la Unión Europea desde el inicio de la crisis. Con esta medida se ofrecería un “nuevo comienzo” a las familias claramente insolventes para pagar sus deudas en un período de 3 a 5 años. Esta “visión comprensiva no ha afectado en otros países ni a la disciplina de crédito ni a la cultura de pago”, según afirma el FMI en su informe.
Para fortalecer las herramientas que afrontan el problema de la deuda doméstica, las medidas prioritarias que aporta el FMI se centran en la existencia de instituciones de apoyo para avanzar en los trámites judiciales sin necesidad de tener que pasar por los juzgados. De esta manera apoyan la autorregulación y la mediación a través de mecanismos de arbitraje.
Por otro lado, aconsejan que el acceso a la información sea mayor para que las personas endeudadas se sientan arropadas con el asesoramiento de profesionales en todo momento.
En cuanto al sector privado corporativo, “el necesario desapalancamiento del sector privado se debe llevar a cabo lo más eficiente posible”, afirma el informe del FMI. Para ello, proponen una serie de medidas que comienzan por incentivar los recursos que actualmente se encuentran “amarrados a empresas no viables, para reasignarlos en empresas viables que pueden invertir y contratar”. Para ello aconsejan al Gobierno español que reforme el marco legal para proporcionar incentivos que facilite la liquidación de empresas inviables, que se eliminen las trabas para la refinanciación/restructuración de las empresas viables y que se promuevan mecanismos de arbitraje y acuerdos extraoficiales para no sobrecargar a la Justicia con casos de endeudamiento.