El futuro del modelo eléctrico, en juego
El Gobierno ha puesto encima de la mesa una esperada reforma del sector eléctrico que pretende acabar con la deuda de 26.000 millones de euros acumulada por el sector con el Estado y proteger el sistema de futuras grietas deficitarias. Los 13 decretos reparten el peso de la deuda entre las empresas del sector –eléctricas convencionales y renovables–,que aportarán 2.700 millones de euros; los Presupuestos Generales del Estado, con 900 millones, y el aumento del recibo de la luz sufragará otros 900 millones.
Pero más allá del agujero del déficit y las medidas paliativas, los expertos echan en falta un proyecto de política energética que marque el peso que las distintas tecnologías tendrán en el mix energético de cara al futuro. Además, el carácter retroactivo de los recortes en la retribución a todas las tecnologías puede enfrentar al Gobierno a una avalancha de demandas legales aquí y en Europa.
José Manuel Soria: “La reforma energética da sostenibilidad al sistema”
Durante la presentación de la reforma energética, el Ministro afirmó que se trata de una norma “valiente porque no gusta a nadie. Ni a los consumidores, ni a las renovables, ni a las energías convencionales, ni al propio Gobierno, que ha tenido que asumir parte del déficit de tarifa en los Presupuestos Generales del Estado”.
“El decreto-ley trata de equilibrar al sector eléctrico y evitar futuros desequilibrios” y que no se acumule más deuda a los actuales 26.000 millones de euros que arrastra el sistema”, arguyó. “Se ataja de forma definitiva un problema que se arrastra desde el año 2004 y se procede a eliminar el déficit de tarifa que todavía está en 4.500 millones de euros”, insistió.
El ministro también ha negado que “acabe con las energías renovables pues les garantiza una rentabilidad razonable, basada en lo que resulte de las obligaciones del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos para estas tecnologías, lo que equivale aproximadamente a una rentabilidad del 7,5%”.
“El Gobierno sigue apostando de manera clara por las renovables y prueba de ello es que no se ha suspendido los incentivos al régimen especial como querían algunos”, añadió. Sin embargo, insistió en que “los consumidores deben saber que eso cuesta dinero”. “Si en España el precio medio de producir un megavatio es de 50 euros, si lo produce la eólica son 90 euros y si es la fotovoltaica, 450 euros”, recalcó.
“No hay ninguna otra opción, no hay ninguna otra alternativa frente a la solución de este problema”, concluyó en la explicación en el Congreso de los Diputados.
Luis Atienza: "Es una reforma autista"
“Me ha sorprendido de forma muy negativa. Es una reforma autista. Nadie ha visto el texto, por eso no me extraña que haya cosas no muy bien reflexionadas”, comenta Luis Atienza, ex presidente de Red Eléctrica de España (REE). Para el ex directivo del guardián del sistema eléctrico español, “no se puede enfocar el déficit de tarifa sin marcar un horizonte hacia el futuro”, en el que deberían entrar las renovables.La tasa de rentabilidad del 7,5% que la norma impone a todas las tecnologías limpias, “abre la espita a recalcular ahora todas las actividades reguladas en España en las últimas décadas”, advierte.Esa retroactividad sentaría un mal precedente, según Atienza, “porque significaría que es posible reliquidar la rentabilidad de las instalaciones que se hayan podido hacer hace 10 o 15 años”. Ese criterio de retroactividad “difícilmente va a poder ser avalado y superar los arbitrajes internacionales”.La reforma del Gobierno “no da las señales adecuadas a los inversores del sector eléctrico de cara al futuro”. Sobre el aumento de la factura eléctrica, “la mayor parte de los costes son fijos, no están relacionados con el consumo, de forma que el encarecimiento de la factura será mayor del 3,2% avanzado”.
Rubén Sánchez: "No se sabe cuánto subirá la luz"
“El déficit de tarifa está hinchado, el precio no responde al valor de la generación eléctrica en este tiempo”. Facua pide una auditoría del déficit tarifario para que se conozca “cómo se ha configurado en los últimos años”. Facua pide además que se termine con el sistema de subastas –“la Comisión Nacional de la Energía debería eliminarla”–, y pone en duda el 3,2% que ha avanzado el Gobierno de aumento del recibo de la luz. “Aún no está en el BOE. ¿De dónde sale? Dependerá del perfil de los consumidores y de la potencia contratada. Es imposible que sea igual para todos los españoles”.En ese sentido, “el Gobierno debe decir cuánto va a costar la potencia y el consumo, solo así podremos saber cuál será la subida”. Según esta asociación, el efecto de la reforma en los consumidores será “quitar el derecho a la Tarifa de Último Recurso (precio reducido que pagan los particulares por una potencia contratada inferior a 10 kilovatios) y expulsarlos al mercado libre, en el que no hay competencia”. La organización pide más tiempo para analizar en profundidad los 13 reales decretos aprobados por Industria, “muy complejos y sobre los que solo disponemos de diez días para estudiarlas y hacer alegaciones”.
Antonio Deusa: "Es necesario definir el mix energético"
La central UGT ve en la reforma “una serie de medidas económicas y fiscales, no una verdadera reforma”, necesaria para definir “un proyecto de país, para el cual es necesario saber cuál será el mix energético, y eso no está definido”.La central da por hecho que “aunque se recuperase la capacidad industrial, no se recuperará la demanda energética de 2008, de forma que es necesario redefinir el panorama energético”. “Hemos pasado de ser exportadores de electricidad a importar energía de Portugal”. Deusa lamenta que el Ministerio de Industria “ni siquiera nos ha llamado para debatir”, y tilda de “muy complicados” los detalles de las normas, “imposibles de entender”. En cualquier caso, la prioridad sería alcanzar “un pacto de Estado, y no esta serie de medidas paliativas para recaudar más, que además van a repercutir en el empleo si las eléctricas reducen su peso en España”. La central confía en que la reforma, tal y como está planteada, cambie “durante el trámite parlamentario”. “Habrá modificaciones, son necesarias porque se trata de definir un modelo energético”.La central estima entre 6.000 y 7.000 los empleos amenazados de concretarse la amenaza de las eléctricas de reducir su actividad.
Humberto Santillana: "Los bancos y los inversores, dañados"
“El valor de la deuda a las renovables asciende aproximadamente a unos 40.000 millones y con la nueva reforma energética el sector financiero sale dañado junto con los inversores en renovables”, puntualiza Humberto Santillana, socio experto en energía de la consultora y asesora financiera Grant Thornton.“La deuda en el sector fotovoltaico asciende aproximadamente a 18.000 millones de euros, lo cual se convertirá en un problema de mayor calado para los bancos”, añade.Las grandes empresas eléctricas, que en muchos casos han estado en los proyectos de energías renovables desde la fase de promoción, podrían no salir tan perjudicados como los inversores y las medianas y pequeñas compañías que hayan invertido en proyectos eólicos o solares.Santillana considera que “si se cumple todo lo expuesto en el preámbulo de la normativa, no crecerá el déficit de tarifa adicional, cifrado en 4.500 millones de euros anuales”.
“Si se espera que el consumidor final sufra el aumento de los peajes, al repercutir sobre él 900 millones de euros que el Gobierno propone cubrir a partir de un aumento de los mismos, lo que se prevé tenga impacto en el recibo de la luz el próximo mes”, indica el consultor.
Luis Pérez de Ayala: "No se alcanza la seguridad jurídica"
“Aunque la reforma energética se ha vestido jurídicamente de dar seguridad a la situación, no se ha conseguido”, asegura Luis Pérez de Ayala, socio del área de energía del despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira. Además, “no se ha hecho más que empezar porque las valoraciones concretas de la retribución tardarán unos meses en fijarse”. “Previsiblemente computará la remuneración recibida en las instalaciones y se revisará la remuneración cada 3 o 6 años, lo que tampoco favorecerá la seguridad de la norma”, puntualiza.
De momento, “los afectados están expectantes. Unos reclamarán individualmente, otros a través de asociaciones (como la eólica, fotovoltaica, termosolar). De las reacciones antiguas, aquellas vinculadas a las medidas de 2010, todavía quedan pendientes 10.000 reclamaciones de daños e indemnizatorias, aunque también hay quienes han tirado la toalla, dan por perdida la inversión y no reclamarán después de ver que los tribunales en España han sido muy favorables al Gobierno”. “Ante medidas similares, el Tribunal Supremo consideró conforme a norma la reforma de 2010”, recuerda. Aún están abiertos dos procesos de arbitraje internacional contra los cambios de 2010 y diez iniciados en 2013. Esta fórmula solo pueden iniciarla inversores extranjeros muy perjudicados pues es un proceso más caro.
Jorge González: "Gas Natural e Iberdrola podrían rentar el 5%"
“Aunque es pronto para conocer los niveles de rentabilidad por dividendo que podrán mantener las compañías, que es el mayor atractivo para los inversores defensivos, rentistas y jubilados, creemos que Iberdrola y Gas Natural podrían mantener una retribución por dividendo del 5% o superior a largo plazo”, dice Jorge González Sadornil, analista de energéticas de Banco Sabadell.
“Nuestras valoraciones apuntan a potenciales revalorizaciones en todas las compañías integradas (Iberdrola, Gas Natural o Endesa) y descensos para Red Eléctrica”, puntualiza el analista.
“Las renovables podrían mostrar oportunidades de alza, aunque con un riesgo elevado respecto a la instrumentalización del recorte al régimen especial y el riesgo financiero vinculado por la utilización de financiaciones estructuradas o por la expectativa de venta de activos que ahora queda retrasada”, matiza.
“A corto plazo la mayor oportunidad vendría por la negociación activa de la reforma con los diferentes participantes, rumores que animarían los valores afectados. Por otro lado, Gas Natural ha estado más lastrada que el resto por una potencial extensión de la reforma al gas. Si esto no sucediera habría un rebote”, concluye.
Jorge Fabra: "Hay que respetar la retribución original"
“La solución al déficit de tarifa es elemental:respetar las normas retributivas originarias de cada tecnología. Así, los costes bajarían en 4.000 millones de euros”, sostiene Jorge Fabra, presidente de Red Eléctrica de España entre 1988 y 1997.
Según Fabra, el problema desde la ley del sector eléctrico de 1997 es “la sobrerretribución de la hidroeléctrica y la nuclear, cuyos costes son muy inferiores a los que tienen reconocidos, de forma que precios opacos han consolidado el mercado ya existente; esta reforma es insistir en lo mismo”.Para el economista, “carece de sentido echar la culpa a los costes regulados cuando es el propio Gobierno el que los fija”. Así, “el déficit de tarifa depende de que los costes se reconozcan y de qué hace el Gobierno con la tarifa cada trimestre, cuando la revisa”, explica.
Fabra concluye que “no hay reforma, puesto que la revisión de los costes de la hidroeléctrica y de la nuclear está pendiente de hacer. Aquí se han limitado a cambiar normas con carácter retroactivo”.
Sobre la manera en la que se ha llevado a cabo la reforma, “en Reino Unido van por la tercera reforma y la están debatiendo de forma abierta. Aquí es como jugar la lotería”.
Miguel Viejo: "Serán muy difíciles nuevas inversiones"
“La reforma es a todas luces un parche, hecho con la vista vuelta atrás, para solucionar el problema que tenemos hoy”, asegura Miguel Viejo, socio en temas energéticos de la asesora Accuracy. “No responde a un planteamiento serio a largo plazo sobre qué modelo energético queremos para el futuro”, puntualiza.“Puede solucionar el déficit este año, pero no garantiza que no vuelva a aparecer en próximos años, ya que tiene lagunas, como es el caso de la supeditación de la parte asumida por Hacienda a la ejecución presupuestaria del año”, señala.Respecto a los principales afectados es claro: “todos los actores han salido perjudicados, de una forma u otra”. Y en base a su experiencia con mercados e inversores internacionales, le preocupa especialmente hacia dónde puede derivar el sector en su conjunto. “Considerando la trayectoria que llevamos, a dónde hemos llegado, y la ausencia de un plan o visión global creíbles, se hace muy difícil plantear nuevas inversiones. Esto puede llevarnos, en un futuro próximo, a un sector obsoleto y mal mantenido”, advierte.
“Los usuarios vamos a pagar un sistema caro e ineficiente”. El recibo de la luz subirá un 3,5% pero se pregunta si el incremento se va a quedar ahí “o si será necesario elevarlo aún más”.
Anna Czajkowska: "Rompe la confianza de los ivnersores"
“Es la cuarta reforma con carácter retroactivo desde diciembre de 2010, lo cual rompe la confianza de los inversores en el mercado de forma irreversible”, comenta Anna Czajkowska, analista de la agencia Bloomberg New Energy Finance, especializada en renovables.“Los inversores gestionan ciertos riesgos políticos, pero las medidas retroactivas van más allá de la gestión. La inversión en energía limpia en España ha caído desde los 21.000 millones de euros entre 2007 y 2008 a menos de 3.000 millones en 2012. En el primer semestre de 2013 solo se han movilizado 118 millones de euros”.El carácter retroactivo de los recortes a las primas “ha hecho que España se perciba ahora como un ejemplo de cómo no hay que gestionar la política energética”, prosigue esta analista. “Pero de alguna manera el Gobierno tiene las manos atadas, porque el sector eléctrico en España está al borde de la bancarrota y estas reformas son una medida preventiva”, aclara.
Sobre los sectores afectados por los recortes, “el Gobierno dejó claro que las renovables soportarían el mayor peso. La eólica terrestre y la solar son las que más sufrirán el recorte del 7,5% de rentabilidad sobre el retorno de las inversiones”, de acuerdo con esta experta.