Preferentes, pocas soluciones deseables
Las emisiones de participaciones preferentes (PPR) fueron el instrumento elegido por los intermediarios financieros para financiarse en la crisis económica del periodo 2009-2012.
Las sociedades financieras cotizadas españolas, y en especial los intermediarios financieros, realizaron innumerables emisiones de PPR en los mercados internacionales a través de filiales domiciliadas en territorios de baja tributación, fundamentalmente en Islas Caimán, buscando recursos de inversores de otros países. La razón fundamental de estas emisiones es intentar aprovechar las condiciones más ventajosas que ofrecen esos países respecto al nuestro.
Desde que se produjo la primera emisión de PPR por parte de una empresa española, en noviembre de 1998, los títulos fueron muy rentables para los inversores; pero cuando han dejado de obtener la remuneración o han querido venderlos y no han podido –ya sea por el juego del mercado o por el bloqueo realizado por el Banco de España el 26 de noviembre de 2011–, los inversores han comenzado a reclamar ante las autoridades porque se ven perjudicados. Los responsables del escándalo de las PPR pueden ser los intermediarios financieros, que emitieron estos títulos, los trabajadores, que fueron cooperadores necesarios, y los supervisores bancarios, que hicieron dejación de sus funciones.
También pueden ser culpables los inversores, pues no se informaron suficientemente de los riesgos de los títulos; aunque riesgos sí sabían que tenían pues estaban recibiendo unos intereses muy superiores a los del resto de inversores, y eso únicamente podría ser porque el riesgo era mayor. Lo que nunca se puede consentir es que los contribuyentes, que no se beneficiaron de esas rentabilidades altas, paguen la factura de los beneficios de otros.
Si empleados o algún banco vendieron el instrumento a menores sin la autorización de un mayor de edad o a un enfermo de alzhéimer sin acompañante o si un empleado falsificó la firma, debe aplicarse el Código Penal, por el delito de estafa. Pero estas noticias no deben ser razón suficiente para tomar una decisión global.
Una solución podría venir voluntariamente de las entidades de crédito privadas. El escándalo de las PPR podría dañar su reputación (uno de los intangibles esenciales del negocio bancario), con importantes implicaciones sobre la confianza de sus clientes y la imagen que proyecta sobre el conjunto de la sociedad.
Teniendo en cuenta que los ciudadanos, por medio del Estado, les hemos concedido periódicamente recursos con los que compensar su mala situación, podrían voluntariamente compensar monetariamente a sus afectados. Sin embargo, no pueden admitirse las entregas generalizadas de compensaciones monetarias por parte de los bancos nacionalizados, pagados por todos los contribuyentes.
La solución a este problema va más allá de entregar dinero a unos pocos inversores. Para resolver estos problemas a largo plazo es necesario aumentar el nivel de cultura económica del conjunto de la población.
La causa real de la situación provocada por las PPR es la falta de cultura económica de la mayoría de la población. Cuando un individuo tiene un problema legal, no consulta al fiscal, sino a un abogado, pues puede ayudarle de forma imparcial y sin interés alguno en el proceso, salvo la remuneración gustosamente pagada por el cliente.
Sin embargo, cuando la mayoría de las personas tienen que tomar una decisión sobre su cartera de inversión, no consultan a un experto independiente –ya sea denominado consultor, analista o economista–, sino que se dejan aconsejar por un interesado empleado de la misma entidad financiera con la que quieren contratar.
Los modelos de protección de la CNMV deberían otorgar un mayor peso al fomento efectivo de la educación financiera del inversor. El aumento de la cultura financiera del inversor permitirá crear una actitud crítica y una mayor capacidad de análisis ante las ofertas financieras.
Miguel Ángel Villacorta Hernández, de la Universidad Complutense de Madrid, ha obtenido el Accésit del Premio AECA 2013 (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas