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Establecerá limitaciones en los derechos políticos

El Gobierno da luz verde a su salida del capital de Red Eléctrica

José Folgado, presidente de Red Eléctrica.
José Folgado, presidente de Red Eléctrica.

El borrador de la nueva Ley del Sector Eléctrico elaborado por el Gobierno y pendiente de traslado al Congreso sustituirá el modelo de limitaciones accionariales dentro el capital del operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), por otro basado en restricciones políticas para los accionistas del sector energético o que participen en empresas del sector.

Hasta ahora, la Ley del Sector Eléctrico de 1997 establecía en su artículo 34 un sistema de limitaciones de voto por el que ningún accionista podía tener más del 3% de REE ni más del 1% en el caso de las empresas del sector eléctrico y de inversores con más del 5% en estas empresas del sector. La suma de sujetos del sector no podía superar el 40% de REE.

Además, esta ley de 1997 excluía a SEPI de estos límites y obligaba al 'hólding' público a mantener una participación de al menos el 10% de REE. SEPI tiene un 20% de REE y el Gobierno anterior llegó a estudiar la venta de la mitad de esta participación, hasta quedarse en el mínimo del 10% exigido por la ley.

A partir de ahora, todas estas limitaciones desaparecerán con la nueva ley del sector eléctrico, lo que a efectos prácticos podría permitir una mayor entrada de agentes del sector en el capital de REE o la retirada total de SEPI de su capital.

No obstante, se fijan nuevas limitaciones. El artículo 30 del anteproyecto indica que ninguna persona física o jurídica podrá ejercer control de forma directa o indirecta sobre una empresa de generación o comercialización de electricidad y gas y, al mismo tiempo, ejercer de forma directa cualquier derecho dentro de REE.

En sentido contrario, tampoco se podrá ejercer control de forma directa o indirecta sobre REE y, al mismo tiempo, ejercer derechos o control en una empresa de generación o comercialización de gas y electricidad. Dicho de otro modo, el inversor tendrá que elegir dónde ejercer sus derechos, porque no lo podrá hacer simultáneamente en las dos sociedades.

Además, ninguna persona física o jurídica con control o derechos en sociedades del sector tampoco podrá participar en el nombramiento de los miembros del consejo de administración de REE. Si tiene asiento en el consejo de una empresa del sector, tampoco lo podrá tener en el operador.

Las limitaciones de la nueva ley afectará a los derechos de voto en relación con los órganos de administración, con la designación de los miembros del consejo y con la posesión de participaciones accionariales mayoristarias conforme al artículo 42.1 del Código de Comercio. 

En la actualidad, el capital de REE se desglosa a razón de un 20% para la SEPI y un 80% de 'free float'. Al margen de la existencia de fondos de inversión con participaciones en el operador y en empresas energéticas, SEPI no dispone de inversiones destacables en el sector energético, una vez vendida su participación en Endesa como parte del proceso de OPA sobre la eléctrica.

Sin embargo, otra entidad estatal, el FROB, que controla BFA-Bankia, sí tiene participación indirecta en Iberdrola. El año pasado, al analizar el caso de Enagás, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) no vio problemas en la participación de SEPI en el gestor gasista y del FROB en Iberdrola.

SEPI y FROB tienen una separación jurídica y diferentes adscripciones departamentales, al tiempo que el Banco de España, que propone a cuatro miembros de la comisión rectora del FROB, desarrolla su actividad con autonomía con respecto a la Administración General del Estado.

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