Posible impacto en los talleres independientes

La liberalización de la ITV divide a talleres y conductores

Todas las partes coinciden en pedir un segumiento exhaustivo de las inspecciones desde las autonomías.

Automóvil realizando la Inspección Técnica de Vehículos
Automóvil realizando la Inspección Técnica de Vehículos

La decisión del ministerio de Industria de liberalizar el sector de las ITV, según consta en el proyecto de Real Decreto que ya somete a discusión, no ha encontrado un consenso entre los principales afectados por la medida. Ganvam y Faconauto, que defienden los intereses de los talleres oficiales, han insistido en que la apertura no supondrá una tara en la calidad del servicio y hará bajar los precios. Pero otros agentes del sector no creen lo mismo.

En la Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción (Conepa) que aglutina a 10.000 talleres, temen que la liberalización lleve a que “grandes grupos entren de lleno en el sector”, instalando al mismo tiempo un taller y una estación de ITV. Esto, sostiene, conllevaría a que mucha demanda se trasladase a estos centros en detrimento de las pymes del sector, que suponen hasta el 25%del total, y que no podrán afrontar la inversión, de 100.000 euros por línea.

Luis Ursúa, secretario general de Cetraa, que representa a 25.000 talleres, cree que “no se puede ser juez y parte”, por lo que se muestra contrario a que un mismo taller pueda hacer la revisión previa y la ITV:“El servicio de pre ITV en el resto de talleres no tendría sentido”, afirma, aunque sí se muestra positivo a que se liberalice la instalación de ITV “siempre que no se dediquen a la reparación”.

Una posición parecida a la que defiende Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, quien cree que “el sistema de concesiones ha podido servir, pero supone una merma para los derechos de los consumidores”. Arnaldo defiende “un régimen de autorización, como ocurre con las autoescuelas”, de modo que cualquier empresa pueda instalar una ITV “sin que pueda ejercer una actividad distinta”, como la reparación, y siempre con una vigilancia constante por parte de las CC AA.

La división también llega a las organizaciones de usuarios. En la OCU apoyan “todas las medidas liberalizadoras en ámbitos cerrados como éste”, y que generan competencia, con las debidas homologaciones del servicio. En cambio, desde Facua aseveran que “ninguna liberalización garantiza que bajen los precios”, y proponen que, para ello, se fije un precio máximo.

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