BOE y reforma energética

Se espera o, más bien, se teme que en breve se apruebe la reforma del siglo, la que resolverá el problema energético, el que dicen que han creado las renovables… Nadie confirma nada, pero todo apunta a que –“¡por fin!”, dirán algunos– el sector de las renovables va a recibir el castigo que merece por haber confiado en lo que se publica en el BOE –antes, Boletín Oficial del Estado– que, de tanto utilizar sus siglas, BOE, se olvida lo que significa.

Mucho ha llovido desde que se publicaron los primeros decretos específicos sobre el régimen especial en el año 94. Entre las ideas incluidas en las exposiciones de motivos de los reales decretos 2366/94, 2818/98, 436/04 y 661/07 podemos citar: “(…) el incentivo establecido no tiene límite temporal…”; “para dotar a quienes han decidido o decidan en el futuro próximo apostar por el régimen especial de un marco regulatorio duradero, objetivo y transparente”, y “(….) garantizando a los titulares de instalaciones en régimen especial una retribución razonable para sus inversiones”.

Llegó la crisis y con ella las discusiones. En el centro de las mismas, 27.194 MW de ciclos combinados. Fueron instalados en el auge de la financiación barata y del crecimiento sin límite de la demanda. Ahora, apenas reciben unos millones de euros al año como subvención a la inversión durante 10 años –este año han sido 800 millones– y están funcionando por debajo del 15%. Agobiados, suponemos, por los números rojos, los socios de Unesa culpan de sus propias decisiones de inversión a las renovables y reclaman que sean estas las que sufraguen las pérdidas de los ciclos o, al menos, las sufran de alguna forma.

Los ciclos combinados ahora ‘apenas’ reciben unos millones de euros al año como subvención

En su papel de árbitro imparcial de esta diferencia, el Gobierno ha reconsiderado la situación y ha decidido –de nuevo en el BOE– que, “por su creciente incidencia sobre el déficit de tarifa, se establecen mecanismos respecto al sistema retributivo de las instalaciones del régimen especial. La tendencia que están siguiendo estas tecnologías podría poner en riesgo, en el corto plazo, la sostenibilidad del sistema, tanto desde el punto de vista económico, por su impacto en la tarifa eléctrica, como desde el punto de vista técnico” (Real Decreto-Ley 6/2009).

Asimismo, establece que “el crecimiento que las tecnologías incluidas en el régimen especial ha permitido superar con creces en 2010 los objetivos de potencia instalada previstos en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 (…) como consecuencia de (…) la caída significativa de la demanda durante 2010 y el incremento en la producción eléctrica a partir de fuentes renovables por las favorables condiciones climatológicas (…) se adoptaron nuevas medidas con carácter de urgencia (…), las medidas adoptadas hasta la fecha no resultan suficientes…” (Real Decreto-Ley 1/2012).

Así que, hablando llanamente, resulta que las renovables habrían llegado con bicho, como las lechugas, y que a ese bicho podríamos llamarlo déficit de tarifa, ¿no?

Pues no, resulta que este bicho no es de las renovables. El déficit de tarifa se lleva generando desde el año 2000 y es consecuencia de una decisión política, la de no trasladar los costes reconocidos en la producción de la electricidad al consumidor, por motivos ajenos al funcionamiento del sector eléctrico.

Poco importa reducir nuestra dependencia energética o perder el liderazgo tecnológico

Sorprendentemente, los creadores de este mecanismo han necesitado 13 años para ver que las verdaderas culpables del déficit de tarifa “eran las energías renovables” y no la fijación política del precio del kWh o cualquier otro argumento entre los esgrimidos por los que ellos consideran manipuladores. Por ejemplo, que los costes extrapeninsulares suman desde 2000 hasta 2012 la cantidad de más de 8.300 millones de euros y que ha habido un exceso de pagos por costes de transición a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Gobierno, estimado en unos 3.000 millones.

Además, están los incentivos de inversión a los ciclos combinados. Los instalados hasta ahora se acabarán de pagar en 2021, pero lo pagado hasta la fecha asciende ya a 3.600 millones de euros. O los 2.000 millones de euros a los que han ascendido desde 2008 los pagos por interrumpibilidad, previstos para gestionar un posible exceso de demanda en un sistema eléctrico con sobrecapacidad de generación.

Y sin olvidar los beneficios extras para grandes centrales hidroeléctricas y nucleares amortizadas que pueden sumar en torno a los 2.500 millones de euros al año.

Pero no, ninguna de estas medidas es revisable. Si acaso un poquito de alguna de ellas y el resto, a recortar a las renovables, como se va dejando caer. Poco importa reducir nuestra elevada dependencia energética, hacer frente al cambio climático o perder el liderazgo tecnológico del país.

Para el Gobierno hay un problema acuciante: resolver el déficit de tarifa sin debilitar a las grandes empresas energéticas “españolas” –una titularidad que se podría matizar en muchos casos– para que no acaben en manos extranjeras. ¿Más aún de lo que ya están?

En fin, que releyendo las exposiciones de motivos de los BOE –que implican retroactividad en no pocos casos y que afectan de manera especial a los proyectos de energías renovables, cuyos inversores tienen que hacer frente a situaciones críticas con proyectos con la mayor parte de sus costes incurridos, esto es, realizados en el momento de puesta en marcha de los mismos– viene a la cabeza aquella frase de Marx –Groucho, claro–, de “estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”.

José Miguel Villarig es Presidente de APPA