Contratan a PwC para revocar las “elevadas subidas” en municipios turísticos

Los hoteleros inician la batalla contra los ayuntamientos para bajar el IBI

Exigen que el valor catastral se adecue al de mercado, en caída libre

La factura que paga un hotel mediano puede superar los 1,5 millones de euros

Terraza del Hotel Mandarin en Barcelona
Terraza del Hotel Mandarin en Barcelona

El precio medio de los activos inmobiliarios ha sufrido un fuerte ajuste desde el inicio de la crisis. El precio medio de una casa cayó un 14,7%% entre diciembre de 2007 y diciembre de 2010, mientras que en los dos años y medio siguientes ha bajado otro 15,1% adicional. En paralelo, el valor catastral de las viviendas, lejos de bajar, ha seguido incrementándose de forma exponencial a medida que a los ayuntamientos les tocaba actualizar los tipos del impuesto de bienes inmuebles (IBI). Hacienda habilita a los municipios a modificar los tipos que gravan los inmuebles y el suelo rústico, industrial o residencial cada diez años y estos han usado esa prerrogativa para elevar la factura que cobran a particulares y empresas por ese concepto.

Algunos empresarios no están dispuestos a aceptar más subidas y ya han puesto ese asunto en manos de sus abogados. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha contratado a PwC para iniciar una batalla legal con el fin de tratar de revocar las elevadas subidas aprobadas en los últimos ejercicios a los tipos que gravan las actividades turísticas. Y el punto de partida es la sentencia del Tribunal Supremo revocando la actualización de los valores catastrales del Ayuntamiento de Jávea (Alicante) aprobada en pleno boom inmobiliario en 2005. El Supremo avaló en abril de 2012 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que declaró nulos los valores de 354 propiedades municipales, sentencia a la que siguieron las reclamaciones de un gran número de particulares. La merma en las arcas locales era muy importante, ya que dejaría de ingresar siete millones al año.

José Manuel Esclapez, asociado Sénior de PwC Tax & Legal Services, apunta que esa misma línea se está siguiendo en otros 20 casos y que el objetivo pasa por acompasar el valor catastral al de mercado. “Tradicionalmente, el valor catastral estaba entre un 30% y un 40% del de mercado. En algunas circunstancias como la de Jávea, en 2005, se situó por encima del 50%.Con la caída de precios de mercado desde el inicio de la crisis, ese porcentaje habrá subido”, apunta. El responsable de PwC apunta a que el sector hotelero es uno de los más afectados por la actualización de valores catastrales. “Los más afectados son las cadenas medianas, que en zonas de sol y playa disponen de grandes extensiones para alojar piscinas y zonas comunes. La factura media que tienen que abonar por el IBIpuede llegar en algunos casos a 1,5 millones de euros”, apunta. En su opinión, los ayuntamientos hacen procesos masivos para las valoraciones catastrales y en general no tienen en cuenta salvedades como las del sector turístico.

El alza del impuesto se amplía a 2014, por ahora

Una de las primeras medidas fiscales que tomó el Ejecutivo fue la subida del IBI. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó a finales de diciembre de 2011 que se trataba de un incremento temporal de dos años, mediante el que los consistorios lograrían una recaudación adicional de 918 millones de euros.

Todo un balón de oxígeno para los municipios, muchos de ellos asfixiados económicamente por la limitación al endeudamiento y el desplome de sus ingresos. El Gobierno ya ha anunciado que el recargo temporal se ampliará, por ahora, hasta 2014. Y de esa medida se podrán seguir beneficiando especialmente aquellos municipios que no han renovado sus valores catastrales desde 2002. Según los datos que maneja la Dirección General del Catastro se encontraban en esta situación 18,2 inmuebles situados en 4.158 consistorios que pueden aprobar un incremento del tipo de hasta el 10%. Para este ejercicio hay 160 municipios que prevén actualizar sus valores catastrales.

A ese incremento se van a unir los recargos que algunas comunidades autónomas han aprobado recientemente para gravar las viviendas vacías. Según la última estadística elaborada por el INE, hay más de 3,5 millones de casas desocupadas. Andalucía ha aprobado un decreto mediante el que podrán incrementar hasta un 50% la factura del IBI a los propietarios de inmuebles que los tengan más de seis meses desocupados.Para ello, se creará un registro de viviendas deshabitadas para establecer un mayor control. Guipúzcoa ha seguido el ejemplo andaluz y ha fijado un tipo del 150% para las casas vacías. No ha sucedido lo mismo en Vizcaya, donde PP, PNV y PSE lo bloquearon.

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