El Gobierno ahorrará 37.700 millones con la reforma de las Administraciones
Eliminar o fusionar organismos públicos, aplicar economías de escala, reducir trámites administrativos y acabar con duplicidades entre distintos niveles del sector público son las medidas incluidas en el extenso informe sobre la reforma de la Administración que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentaron el viernes al acabar el Consejo de Ministros. Este documento marcará en buena medida la actividad del Gobierno en los próximos años y permitirá un ahorro hasta 2015 –cuando terminará de implementarse por completo– de 6.500 millones para la Administración y de 16.300 millones para los ciudadanos. Además, si se suma la reforma local o las medidas sobre el empleo, como la no reposición de efectivos o la supresión de pagas extraordinarios, el impacto asciende a 37.700 millones, una cifra que supone el 3,5% del PIB. La mitad de este importe corresponde al ajuste sobre el empleo público.
El informe hace especial hincapié en acabar con las duplicidades administrativas, es decir, servicios que asumen más de una Administración. El Ejecutivo también contempla la reforma de hasta 57 organismos dependientes de la Administración central que desaparecerán o se integrarán en otros entes. Por ejemplo, las entidades gestoras del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social se fusionarán en un mismo organismo.
Por otro lado, el objetivo es centralizar las compras de bienes y servicios dentro de la Administración central para lograr mejores servicios. Respecto al recorte de trámites administrativos, el informe contempla potenciar la Plataforma de Intermediación de Datos (PIC) para que los ciudadanos no deban presentar documentos que ya obran en poder de la Administración. En la misma línea, se propone establecer un mecanismo de cita previa en el Servicio Público de Empleo Estatal y en las Jefaturas de Tráfico que permitirá ahorrar tiempo y dinero a los ciudadanos.
En total, el Ejecutivo estudia simplificar 63 trámites con la Administración y calcula un ahorro anual de 478 millones. “Menos formularios, menos papeles y menos ventanillas”, anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Presupuestos con base cero
El informe para la reforma de la Administración también contempla un cambio a la hora de elaborar los Presupuestos generales. A partir de ahora, las partidas presupuestarias no se determinarán en función del importe del ejercicio precedente sino que se calcularán desde cero. Ello permitirá detectar –y eliminar– sobrecostes. Por otra parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló que el Gobierno estudiará la posibilidad de establecer incentivos fiscales para aflorar la economía sumergida. Se trata de una idea del presidente de CEOE, Juan Rosell, que Hacienda incluirá en el debate para la futura reforma tributaria.
Presión para las comunidades y los ayuntamientos
No es posible llevar a cabo una reforma en profundidad de la Administración Pública sin la participación de autonomías y ayuntamientos. Por ello, el ministro de Hacienda convocará el próximo miércoles la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) y el jueves al Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Ejecutivo tratará de persuadir a las comunidades de la conveniencia de adelgazar el sector público y eliminar duplicidades. Medidas que no puede imponer aunque Hacienda ya ha apuntado que ofrecerá un objetivo de déficit menos exigente a las comunidades que sigan las recomendaciones del informe para racionalizar la Administración.
Entre otras medidas, el Ejecutivo insta a las comunidades a suprimir a los defensores del pueblo o los tribunales de cuentas autonómicos, ya que Moncloa entiende que sus funciones pueden ejercerlas las entidades análogas que existen a nivel estatal. Los expertos calculan que se ahorrarían 30 millones de euros anuales si se eliminaran los once defensores del pueblo autonómicos.
Sin embargo, seguir las pautas del informe que presentó el viernes el Gobierno todavía no servirá para determinar el umbral máximo de déficit para este año que el Ejecutivo establecerá el jueves y que será diferente para cada comunidad.
El consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, criticó al Gobierno de Mariano Rajoy por iniciar una “operación recentralizadora”. Y aseguró que la Generalitat no va a “devolver, jamás, ninguna competencia” al Estado. Mas-Colell instó a Moncloa a eliminar delegaciones en Cataluña de ministerios que tienen las competencias transferidas a las comunidades autónomas.
