Más control sobre las bajas laborales
La nueva Ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales que prepara el Gobierno quiere dar una vuelta de tuerca más al control del gasto en las bajas laborales. Pese a que la factura de esa partida ha ido rebajándose en los últimos años –incluso con descensos superiores al 10% interanual– el Ejecutivo quiere meter en cintura con mano firme y sin fisuras el control de las enfermedades profesionales y de los accidentes de trabajo. En la nueva regulación, el Gobierno prevé obligar a los médicos de la sanidad pública a tener que considerar y justificar, en mayor medida de lo que lo hacen actualmente, las negativas a las propuestas de alta médica que realizan las mutuas. Aunque no existen datos oficiales sobre el número de altas que rechazan cada año los facultativos del sistema público de salud, en el sector se manejan cifras que sitúan en 140.000 las propuestas de alta de las mutuas y en un 60% los casos en que esas propuestas no llegan siquiera a ser evaluadas.
El gasto innecesario que suponen las ineficiencias de control de las bajas laborales no debería tolerarse en ningún escenario económico, pero menos que en ninguno en el de un país embarcado en una carrera de reducción del déficit público que ha obligado a los españoles a asumir dolorosos y graves sacrificios. Desde el inicio de la crisis, el absentismo laboral ha disminuido de forma evidente en España, lo que apunta a que estamos ante un problema cuya magnitud, en muchas ocasiones ,tiene más que ver con la ausencia de control y la falta de disciplina personal y profesional que con la salud.
La lucha contra las bajas laborales abusivas o no suficientemente justificadas constituye uno de los grandes frentes que es necesario abordar en la batalla por recuperar la competitividad de la economía española. Una batalla en la que los facultativos de las mutuas y los de la sanidad pública deben trabajar mano a mano, sin falsos corporativismos ni absurdas competencias.
La gran tarea en este campo no solo es obligar a la sanidad pública a examinar convenientemente las propuestas de alta realizadas por las mutuas, sino hacer entender de forma clara a los profesionales médicos que el coste de las bajas laborales innecesarias lo soporta todo el sistema y supone un lastre para los bolsillos de todos los españoles. La carga de trabajo que pesa sobre los facultativos del sistema público de salud es sobradamente conocida y puede, en parte, explicar también el problema. Por ello, la ofensiva del Gobierno haría bien en simplificar y aligerar en lo posible la tramitación burocrática de estas y otras obligaciones de los médicos. Se trata de un problema de todos y la solución debe ser compartida por todos.