Tribuna

Bruselas y el 'tax lease'

Hace ahora dos años que el sector naval español recibió la noticia de la apertura de un expediente de la Comisión Europea, al entender que había indicios de ayuda de Estado en lo que se conoce genéricamente como Tax Lease de construcción de buques.

Los rumores provenientes de Bruselas no son muy halagüeños. Parece que la Comisión va a condenar a España, por entender que se ha infringido el ordenamiento europeo y exigir la devolución, lo que tendría un efecto devastador.

La Comisión Europa, adalid y máxima defensora de la competencia dentro del territorio de la Unión, provocará, con su decisión (si fuera finalmente condenatoria con devolución), el fin de todo un sector industrial, algo que sin duda no tiene precedentes, ni en España ni en Europa (y que, en cualquier caso, resulta paradójico). Es decir que, en aras a defender la competencia, desaparece la competencia. Absurdo. Parece duro decir que la Comisión va a destruir un sector, pero es más que probable que esa sea la consecuencia – incluso a corto plazo – de la temida Decisión. Estamos hablando de 80.000 puestos de trabajo.

En primer lugar, parece que la Comisión maneja (¿ingenuamente?) el argumento de que los obligados a la devolución nunca serían los astilleros, sino los armadores y los inversores (cualquier empresa de cualquier sector que hubiera participado). Parece difícil comprender cómo unos inversores, de muy distintos sectores, por medio de una inversión básicamente financiera, pueden haber distorsionado la competencia. Y, mucho más difícil, entender cómo la devolución de los beneficios fiscales disfrutados repondrá la competencia a su estado inicial. ¿De verdad hay alguien en la Comisión que así lo cree?

Hay multitud de argumentos jurídicos que impiden la devolución de las ayudas, pero topamos con un desprecio olímpico por el ordenamiento. A ello le podemos añadir una injusta sensación de discriminación, que resulta palmaria si recordamos que a Francia se le cocinó una decisión, en un asunto casi idéntico, para que no hubiera recuperación. Con la política hemos topado.

La Comisión y, más concretamente, su comisario de Competencia, entiende que no hay problema, que la industria de la construcción naval en España está asegurada, pues no se va a exigir devolución alguna a los astilleros. Este argumento es una media verdad, que como todo el mundo sabe es la peor de las verdades. Solicitar la devolución de las ayudas a los inversores traerá consigo un efecto inmediato: ninguno de ellos volverá a invertir un solo euro en este sector.

La construcción naval en España necesita ayudas de este tipo para competir en el mercado mundial. Sin ellas es impensable su supervivencia. Tanto es así que hasta la propia Comisión ha autorizado un nuevo marco de incentivos fiscales para la construcción naval en España, un nuevo Tax Lease. Pues bien, ese nuevo marco no va a llegar a nacer si no existen inversores que lo sustenten. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que aquellos inversores (o cualesquiera otros) a los que se les va ahora a exigir que devuelvan las deducciones fiscales tomadas en su día, hace años, incluso muchos años, volverán a invertir en este sector?

El efecto devastador no acaba aquí. Aquellos astilleros que sobrevivan a esta hecatombe necesitaran, como cualquier otra industria, líneas de financiación, avales y otros instrumentos financieros que conceden los bancos. Éstos, unos de los principales inversores del Tax Lease, darán la espalda a este sector y, consecuentemente, le retirarán todo su apoyo.

Por otro lado, los armadores extranjeros no querrán volver a asumir riesgos en un entorno tan inseguro como éste, en el que la Ley y las autorizaciones gubernativas no son garantía jurídica suficiente y, consecuentemente, no querrán contratar la construcción de nuevos barcos en España.

Lo más penoso de todo esto es que, sabiendo que la decisión sería injusta, la precariedad de la economía española (y, muy especial, del sector naval) hace que cualquier esperanza de ganar un recurso en el Tribunal de Luxemburgo no sea más que un divertimento jurídico para abogados. El pleito llevará años y la situación es tan desesperada que el sector no podrá sobrevivir más allá de unos pocos meses.

Esperemos que todo esto sea una pesadilla, y que en los próximos días alguien nos despierte con la buena nueva de que la Comisión ha entrado en razón y ha comprendido que existen razones jurídicas, económicas y políticas para – en caso de declarar la ayuda ilegal – impedir la devolución. Quedan sólo unos días y cualquier esfuerzo será poco.

José Ignacio Jiménez-Blanco y Juan Carlos Castro son KPMG Abogados

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