Dimisión del ministro por el bien de la Hacienda

El señor ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sabe bien que sus explicaciones sobre el increíble informe remitido por la Agencia Tributaria, como respuesta al requerimiento del Juez Castro, son por completo inverosímiles.

El cuento de las imaginarias propiedades vendidas por la Infanta Cristina es un insulto a la inteligencia del público que anda estos días preparando su declaración de la Renta y haciendo acopio de espíritu cívico para sincerarse con Hacienda y cumplir ese costoso deber con todas las de la ley. Pero, después de escuchar narraciones que recuerdan al gato con botas y las tierras del marqués de Carabás, todas las campañas que llaman incesantes a la oración fiscal se vienen abajo, habida cuenta del espectáculo que ha proporcionado la Agencia Tributaria con grave desmoralización del contribuyente de a pie.

En la sesión plenaria del Congreso de los Diputados, celebrada el miércoles pasado, día 26, el señor Cristóbal Montoro dejó escapar la última oportunidad de ofrecer en sus respuestas a la oposición los esclarecimientos solventes que devolvieran plena credibilidad al órgano administrativo encargado de recabar los impuestos de los ciudadanos. En forma alguna pedir perdón puede ser suficiente.

La petición sólo podría ser atendida si se formulara acompañada de los ceses fulminantes de los implicados en tamaña chapuza, acompañados como es de rigor, con la dimisión irrevocable del propio ministro responsable. Porque sucede que entre los poderes constitucionales del Gobierno no consta que figure dirimir cuando hay o deja de haber razones para la sospecha.

Es incomprensible que la Agencia Tributaria no inspeccione de oficio los movimientos fiscales atribuidos a los NIF de determinados ciudadanos y quedan dudas de que haya contribuyentes con capacidad de permanecer ocultos a la Agencia Tributaria.

Una vez más se nos ofrece el ejemplo de una perversa sincronización, porque mientras se invocan las virtudes de la futura Ley de Transparencia, el Gobierno solo sabe comportarse con opacidad. Todavía el ministro ha tenido el tupé de indicar que “No hay que mirar el pasado, que había otro Gobierno”. Así que, en otro ejercicio de prestidigitación marca de la casa, el señor Montoro quiere que sea el Gobierno del presidente socialista José Luís Rodríguez Zapatero, al cargo en 2005, el que cargue con las desastrosas explicaciones facilitadas en la nota del miércoles por el actual ministerio.

Como en los accidentes ferroviarios cuando el antiguo régimen, ahora se trata de atribuir el error al guarda agujas.

Pero buscar la excusa del “error humano”, como ha querido hacer el miércoles 26 el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, es un recurso inaceptable por mucho que se adobe con la alegación de que “en aquella época (entre 2005 y 2006) se hacían algunos procedimientos de forma manual”.

Además, fuentes del ministerio admiten que desde hace casi dos semanas, cuando se conoció el caso de las fincas, sigue sin establecerse contacto con los cuerpos de registradores y de notarios para tratar de esclarecer por qué se produjeron esos errores. Por otra parte, mientras Hacienda asegura que no existen agujeros negros en el control de la Agencia Tributaria y que no hay ningún NIF dejado en una caja negra para mantenerlo fuera de control, sucede que los funcionarios de la agencia reconocen que la información fiscal de algunos contribuyentes está protegida por diferentes niveles de seguridad en la base de datos. como cualquiera se maliciaba.

La Agencia insiste en no puede modificar los datos remitidos por terceros, como notarios, tráfico, eléctricas, solo modificables por esos mismos remitentes para mayor garantía de no manipulación.

Pero esa insistencia en absoluto excusa de haber remitido a los juzgados y tribunales datos sin verificación alguna. Ni siquiera la invocación del convenio firmado en 2010 con el Consejo General del Poder Judicial brinda validez o solvencia alguna a ese comportamiento.

Así que cada uno a la suyo: los funcionarios a padecer las sanciones a las que se hayan hecho acreedores y el ministro Montoro a dimitir por el bien de la Hacienda de todos.

Miguel Ángel Aguilar es periodista.