El Banco de España da un mes a la banca para revisar la transparencia de sus cláusulas suelo
El supervisor pide a la banca que "extreme" la transparencia en futuros contratos Bancos y cajas ya iniciaron análisis internos tras conocer el fallo del Alto Tribunal
Justo una semana después de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, advirtiera a la banca que la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba las cláusulas suelo opacas de tres entidades afecta a todo el sector, el Banco de España ha puesto este mandato en negro sobre blanco.
El supervisor remitió una carta el martes a las patronales financieras AEB, CECA y UNNAC, instando a sus asociados a revisar la transparencia de los límites al euríbor de toda su cartera hipotecaria, y a calcular el coste que tendría anular todas las que no cumplan las condiciones del fallo del Alto Tribunal, antes del 31 de julio.
Esta sentencia “declaraba la nulidad, por su falta de transparencia, de las cláusulas suelo contenidas en determinadas escrituras de préstamos hipotecarios suscritos con consumidores, correspondientes a tres entidades de crédito”, cita la carta en referencia a BBVA, Novagalicia y Cajamar, directamente afectadas por el fallo.
Ahora, todo el sector deberá revisar sus contratos hipotecarios bajo el prisma establecido por el Supremo y comunicar “el impacto que pudiera tener sobre sus resultados la eliminación de las citadas cláusulas en los casos en que tal eliminación se estime procedente o necesaria a la vista del contenido de la referida sentencia”, aduce el organismo que gobierna Luis María Linde.
Aunque el Banco de España no lo concreta, los criterios bajo los que evaluar la nulidad de las cláusulas son los seis supuestos de opacidad identificados por el Supremo que son: que la hipoteca tuviera “apariencia de un contrato de préstamo a interés variable”; que no aclarara que la condición es “un elemento definitorio de contrato”; que se estableciera el techo como contraprestación al suelo; que la cláusula estuviera ubicada “entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas”, que no incluyan simulacros con distintos escenarios y que no se compare con otros productos de la entidad.
En un auto aclaratorio, el Supremo explicó además que una sola de estas infracciones, sin necesidad de que concurran todas, bastaría para anular la cláusula lo que llevó a BBVA, Novagalicia y Cajamar a retirar en bloque todas las cláusulas que comercializaron con efecto desde el 9 de mayo, día del fallo.
La orden del Banco de España llega en un momento en que empiezan a fructificar sentencias de primera instancia contra otras entidades, como Pastor (Popular) o Sabadell, e incluso con mandatos de devolución retroactiva, más intereses, de todo lo cobrado por una cláusula suelo desde el inicio de la hipoteca, como le ha ocurrido a Novagalicia.
Sin considerar los casos de retroactividad, ya solo la anulación desde el 9 de mayo supone un coste de unos 420 millones anuales para BBVA y de casi 100 para Novagalicia. Se estima que, de generalizarse, la factura para el sector rondaría los 1.000 millones al año y que llevaría a pérdidas a algunas entidades en 2013.
Popular estima que su impacto sería de unos 105 millones anuales, aunque los analistas de Bankia Bolsa lo elevan a 325 millones y estiman el golpe para Sabadell en unos 190,4 millones, mientras otras fuentes los rebajan a 100. La propia Bankia absorbería un coste de unos 50 millones mientras CaixaBank vería esfumarse un 8% de sus beneficios.
Las entidades tienen ahora un mes para afinar estos cálculos. Un plazo que algunas voces del sector consideran “muy ajustado” para valorar “cláusula a cláusula”, si bien otras fuentes avanzan que “todos comenzamos a hacer cálculos internos cuando vimos las barbas del vecino cortar”.
El supervisor no ha avanzando qué hará con los datos cuando los analice y, aunque el subgobernador Fernando Restoy ya asumió que no podrán impedir que la banca compense por otras vías lo que dejan de ingresar por cláusulas suelo, la existencia misma de estas parece en el aire. Al menos como se conocen ahora pues el supervisor pide “extremar la atención” sobre la transparencia a futuro. Buena parte de las entidades que las mantienen en vigor aducen que el listón del Supremo es excesivo pero que sus clientes estaban informados de los riesgos.
“Sale rentable atizar a la banca”, aducen desde un banco, descontentos por la presión del Gobierno. Con todo, otras fuentes financieras consideran que la supervisión será un enjuague público y que serán los tribunales quienes tengan la última palabra.
