‘Cash-flow’ fiscal e infraestructuras
Gómez-Olano es director en el área de 'Corporate Tax Services' de KPMG Abogados
En el último año y medio, diversas medidas tributarias han sido adoptadas para reducir el déficit de nuestras finanzas públicas. La limitación a la deducibilidad fiscal de los gastos financieros y a los gastos por amortización del inmovilizado, las restricciones a la aplicación de créditos fiscales generados en ejercicios anteriores o la redefinición de las reglas de cálculo de los pagos fraccionados han dado lugar a algunas situaciones curiosas: empresas con pérdidas que se ven obligadas a pagar impuesto sobre sociedades, o a adelantar a la Administración tributaria cantidades que les acabarán siendo reembolsadas un año y medio después, en el mejor de los casos.
Esta situación es relativamente habitual en algunas empresas pertenecientes al sector de infraestructuras, especialmente castigado en los últimos años. En este sentido, y aunque el sector es plenamente consciente de la coyuntura económica actual de España, surgen voces que plantean que las anteriores medidas tributarias pueden llegar a obligar a pagar impuestos a empresas que pierden dinero y, por tanto, a acentuar el estrangulamiento financiero que ya de por sí están sufriendo estas compañías.
Los incentivos fiscales a las actividades por I+D están más vivos que nunca, y lo estarán más en cuanto entre en vigor la ley de emprendedores”
Ante este panorama, las empresas españolas pertenecientes al sector de infraestructuras, tradicionalmente con una organización descentralizada en bastantes casos, se han visto obligadas a controlar proactivamente el cash-flow fiscal. En este sentido, debe observarse que la normativa vigente permite optar por algunas alternativas que reducen las salidas de caja por impuestos, y que no siempre se tienen en cuenta. Así, la libertad de amortización no ha muerto del todo, y todavía puede dar mucho juego. Los incentivos fiscales a las actividades por I+D están más vivos que nunca, y lo estarán más en cuanto entre en vigor la nueva ley de emprendedores. Por otra parte, la gestión proactiva de los aplazamientos, fraccionamientos y compensaciones de deudas tributarias se ha convertido en un aspecto clave para las empresas de este sector, con habituales tensiones de tesorería, y que tradicionalmente cuentan con un importe relevante de créditos adeudados por Administraciones públicas.
Finalmente, las empresas del sector, crecientemente enfocadas en el mercado internacional, analizan las diversas alternativas eficientes para repatriar caja a España desde el exterior, con objeto de ajustar y mejorar la rentabilidad financiera de sus inversiones. De esta forma aumentan las probabilidades de definir proyectos ganadores, en un entorno de mercado cada vez más competitivo.