El PP está dispuesto a suavizar, vía enmiendas, algunas de las exigencias de la norma

Las cajas confían en los grupos políticos para modificar ‘su ley’

El sector está convencido de que conseguirán suavizar los requisitos del fondo de reserva

Esperan que se eliminen los límites para que la fundación acuda a las ampliaciones de capital

Como dijo Julio César al cruzar el río Rubicón con sus legiones: la suerte está echada. El acto de atravesar un ejército el Rubicón no era para nada trivial, como tampoco lo es para las cajas que deben convertirse en fundaciones bancarias a finales de 2014 adaptarse a la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones. Será una nueva vuelta de tuerca para estas entidades, y sobre todo, para sus consejos de administración y para sus responsables.

De momento, el proyecto de ley ya ha pasado al Congreso. Desde la semana pasada los grupos políticos tienen en sus manos la futura nueva norma. Y prácticamente tienen decididas las enmiendas que pretende presentar a este proyecto. Lógico si se tiene en cuenta que los responsables de CaixaBank, Kutxabank, Ibercaja, Unicaja, Liberbank y BMN llevan meses negociando con PP, PNV, CiU y PSOE esta norma y sus posibles modificaciones una vez que el Gobierno aprobará el proyecto, lo que ocurrió el pasado 7 de junio.

Varias fuentes políticas apoyan las reivindicaciones de las cajas, lo mismo que el Consejo de Estado, organismo que recogió en un dictamen muy duro sobre la ley prácticamente todas las reclamaciones del sector.

De ahí que las cajas incluso hagan declaraciones positivas en las que aseguran que la ley del sector se suavizará en su paso por el Congreso. Eso es al menos lo que declaró el jueves pasado el presidente de Kutxabank y vicepresidente de CECA, Mario Fernández, en Santander en un curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). En el último consejo de administración de la CECA este fue uno de los puntos que se debatió:el análisis del proyecto de ley. Pero no fue el único, ya que sobre la mesa estaban también las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la cláusula suelo.

Eso sí, pese a que el PP esté de acuerdo en introducir varias enmiendas de las que reivindican las cajas al proyecto de ley, una de las principales reclamaciones del sector no será atendida, aunque sí lo sea por el PNV y CiU. Es la eliminación de la incompatibilidad para sentarse en el consejo del banco filial ahora de la caja y en breve convertida en fundación, y en el del patronato de esta fundación.

Ello obligará a los presidentes de los bancos y cajas a elegir entre sentarse en la entidad financiera o la futura fundación. Mario Fernández ya lo ha hecho, seguirá como número uno de Kutxabank y dejará su asiento de la fundación, aunque esta sea el principal accionista del banco.

Esta es una de las condiciones, o mejor dicho exigencias, que Bruselas impuso al sector para concederle las ayudas públicas por 100.000 millones de euros, aunque solo se han utilizado alrededor de 40.000 millones por el momento. El Gobierno ya ha declarado que el PP no atenderá esta reclamación, por lo que hay que esperar que así sea. Pero como ocurre siempre en política, nunca digas nunca jamás. La capacidad de presión de PNV y CiU puede ser una incógnita. El Consejo de Estado criticaba esta incompatibilidad y reclamaba una “cierta flexibilidad” como que se limite esta a los cargos ejecutivos. Además, sugería fijar unos límites porcentuales entre los consejeros no ejecutivos del banco que podrían sentarse en la fundación.

Las cajas sí pueden conseguir que se suavice el fondo de reserva que tienen que crear las fundaciones para recapitalizar a sus filiales bancarias en caso de necesidad. El proyecto de ley dice que este fondo debe ser dotado por la fundación en el caso de que controle su filial bancaria. El objetivo de las cajas es que este fondo esté en el propio banco, ya que si lo crea la fundación sus aportaciones serán retrotraídas al fondo destinado a financiar la obra social.

Lo que las cajas están convencidas que pueden conseguir, y fuentes del PP así lo corroboran, es suavizar el quórum necesario para que el banco reparta dividendo. El proyecto fija ahora una aprobación de dos tercios del capital presente en la junta, tras suavizarse respecto al anteproyecto. El Consejo de Gobierno consideraba a esta mayoría reforzada de “bastante exagerada, puesto que se aparta del modelo general sin que se aprecie elemento objetivo alguno que justifique este incremento”.

Otro punto que las cajas pueden lograr vía enmienda parlamentaria es la eliminación del límite para acudir a las ampliaciones de capital de sus filiales bancarias. En el anteproyecto de ley las fundaciones no podían acudir a las ampliaciones de capital de sus filiales. Esta medida se suavizó en el último texto de la ley tras el dictamen del Consejo de Estado, pero no logra convencer al sector.

Reclaman que las fundaciones puedan acudir a estas ampliaciones y, no solo mantener su participación tras esta operación, sino también incrementarla en función de la inversión que realicen. El primer texto les impedía participar en la ampliación, pero tras las críticas del Consejo de Estado, el Gobierno les permite acudir a esta operación, pero las nuevas acciones que adquieran no tendrán derechos políticos, solo económicos. El sector, y el Consejo de Estado, reclaman que los nuevos títulos que puedan adquirir también sumen en su participación para evitar que esta se diluya. Aseguran, además, que esta norma atenta contra la propiedad privada y puede tener “efectos negativos sobre la solvencia de las entidades bancarias”. E incluso, es contradictoria con el proyecto de crear un fondo de reserva.

 

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