España logra flexibilizar la exigencia de Bruselas de seguir retrasando la edad de jubilación
El Gobierno español ha logrado flexibilizar la exigencia de la Comisión Europea de seguir retrasando la edad de jubilación en la nueva reforma de las pensiones. Bruselas dejará así más margen a España para decidir si el factor de sostenibilidad debe basarse en la edad de jubilación o en el ajuste de la cuantía de las pensiones, según la versión final de las recomendaciones de la UE para España a la que ha tenido acceso Europa Press.
Las recomendaciones serán aprobadas en la reunión de ministros de Empleo que se celebra el jueves en Luxemburgo, a la que asistirá la ministra Fátima Báñez, y en el Ecofin del viernes, en presencia del ministro de Economía, Luis de Guindos. Los líderes europeos las ratificarán en la cumbre del 27 y 28 de junio.
La flexibilización en materia de pensiones es el principal cambio respecto a las recomendaciones originales que publicó la Comisión el pasado 29 de junio. Se ha producido a petición de España durante las negociaciones entre los Veintisiete para preparar el Ecofin, según han informado fuentes europeas.
El Ejecutivo comunitario había exigido al Gobierno de Mariano Rajoy ultimar antes de fin de año la regulación del factor de sostenibilidad, “estableciendo, entre otras cosas, que la edad de jubilación vaya aumentando en función del aumento de la esperanza de vida”. España se oponía a esta petición alegando que la edad real de jubilación (63,9 años) es ya de las más altas de la UE y que ya se ha aprobado retrasar progresivamente hasta 67 años la edad legal.
En la recomendación final que aprobará el Ecofin se mantiene el plazo de finales de 2013 para concluir la reforma, pero se admite que esta puede basarse en “alinear la edad de jubilación o las prestaciones de las pensiones a los cambios en la esperanza de vida”. Esta segunda vía, la de ajustar las prestaciones, coincide con las recomendaciones de los expertos sobre el factor de sostenibilidad.
En materia de impuestos, el Ecofin respaldará la petición de Bruselas a España para que suba el IVA a algunos productos a los que en la actualidad se aplica el tipo reducido, que aumente los impuestos especiales sobre carburantes y que suprima las deducciones en el impuesto sobre la renta y en el de sociedades.
Así, el Gobierno de Mariano Rajoy deberá “realizar una revisión sistemática del sistema fiscal para marzo de 2014”. Como parte de este ejercicio, España tendrá que “explorar el margen existente para una mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos”, así como “adoptar medidas adicionales en impuestos medioambientales, especialmente por lo que se refiere a impuestos especiales e impuestos sobre los carburantes”.
El Ecofin resalta que “la ratio ingresos tributarios/PIB (de España) sigue siendo una de las más bajas de la UE”. “La eficiencia del sistema tributario puede mejorarse más aumentando la proporción de impuestos indirectos más favorables al crecimiento”, señala el texto, que reclama reforzar la lucha contra la evasión fiscal y la economía sumergida.
Tampoco hay cambios en las recomendaciones en materia de mercado laboral. El Ecofin pide a España que finalice como muy tarde en julio la evaluación de los resultados de la reforma del año pasado y que “presente enmiendas, si es necesario, en septiembre de 2013”.
El Gobierno debe concluir en plazo la reforma de la administración local y “definir para octubre de 2013 un plan para mejorar la eficiencia del conjunto de la administración pública”. El Ecofin ve prioritario “mejorar la calidad del gasto público en todos los niveles de Gobierno, y realizar una revisión sistemática de las mayores partidas de gasto en marzo de 2014 a más tardar”.
En materia sanitaria, la UE pide a España reducir el gasto farmacéutico en hospitales y mejorar los incentivos a favor de un uso eficiente de los recursos, por ejemplo con más copagos.
Una de las novedades incluidas en las recomendaciones es la petición de “crear un observatorio independiente para informar sobre la evaluación de futuros grandes proyectos de infraestructuras”. Además, la UE pide a España que limite los costes de infraestructuras de transportes que no son rentables.