Editorial

El momento oportuno de la reforma fiscal

Pese a las discrepancias legítimas que puedan existir sobre cuáles deberían ser las líneas generales de reforma del sistema tributario español, no hay duda de que existe una necesidad urgente de simplificar y racionalizar el complejo entramado que configura nuestra legislación tributaria. Más allá de ese primer diagnóstico, compartido por la mayor parte de quienes conocen con cierta profundidad el sistema, CincoDías ha querido consultar a un grupo de expertos fiscales sobre cómo debe llevarse a cabo ese proceso de optimización. Todos ellos han coincidido en la necesidad de eliminar la selva de deducciones que han ido proliferando y enmarañando la normativa, así como de reducir los tipos de gravamen de los dos grandes impuestos –IRPF y sociedades–, y mantener, o incluso elevar, los del IVA. En el caso de la imposición sobre las rentas del trabajo, existe cierta unanimidad en que el tipo máximo no debe superar el 40%. Ello exigiría, como contraprestación y a fin de evitar una caída libre de la recaudación, la eliminación de los beneficios que contempla el impuesto. En el caso del impuesto sobre sociedades, la propuesta es similar: acabar con la selva de deducciones en la que se refugian, especialmente, las grandes empresas, y reducir el tipo general.

Es difícil discutir los beneficios que podría traer para la ciudadanía española, golpeada por una crisis que ha mermado salarios y eliminado empleos, una rebaja impositiva que permita incentivar el consumo y deje margen también para el ahorro. Un país que carga a sus ciudadanos con un tipo marginal máximo de IRPF del 52% –que en algunas regiones, como Cataluña, es del 56%– no puede esperar ni que crezca el consumo ni que prolifere el ahorro. En el caso de las empresas, las reglas del juego resultan equitativas sobre el papel, pero desiguales en la práctica. Mientras las grandes empresas cuentan con muchas posibilidades de aprovechar las numerosas deducciones fiscales del sistema y reducir su factura con Hacienda, los pequeños negocios tienen menos recursos para alcanzar ese objetivo.

Familias y empresas necesitan disponer de mayor liquidez para poder respirar en medio de una crisis económica de la que se tarda tanto en vislumbrar el final. Pero si ello es cierto, también lo es que nuestro país arrastra un desequilibrio en sus cuentas públicas que es necesario y obligatorio corregir. El Gobierno ha utilizado el sistema tributario como una de las herramientas para avanzar hacia el equilibrio fiscal, pero todavía debe completar profundas reformas estructurales –por ejemplo, la de la Administración pública– que permitan acelerar la consecución de ese objetivo. Será entonces, y no antes, el momento de acometer una reforma tributaria que debe garantizar la eficacia del sistema, y eludir la tentación –tan común en España– de que los impuestos sirvan como una herramienta electoral más.

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