Llegó la hora de la verdad para España

La reciente decisión de la Comisión Europea de ampliar en dos años, de 2014 a 2016, el plazo para situar el déficit público español por debajo del umbral del 3% del Producto Interior Bruto (PIB), se presenta como una excelente oportunidad de emprender recortes en un ámbito que, hasta ahora, parece haber escapado del ajuste fuerte, como es el del gasto público. Es evidente que el esfuerzo reformista se ha concentrado fundamentalmente en la parte privada de la economía, cuya capacidad de aguante está siendo sometida a la máxima prueba.

El respiro en el objetivo de déficit público, que se basa, según los propios responsables comunitarios, tanto en unas previsiones de la economía española adversas, como en una estrategia fiscal a medio plazo creíble de nuestro Gobierno, es una segunda oportunidad de acometer medidas que lleven a reducir de modo significativo la servidumbre pública que nos lastra. Por ejemplo, estamos pensando en las propuestas de fusión entre municipios, en la desaparición de las diputaciones provinciales o en la eliminación de empresas públicas ineficientes, como los ruinosos canales de televisión autonómicos que aún pululan por los distintos rincones de nuestra geografía. Incluso podría estudiarse la fusión de comunidades autónomas uniprovinciales con las limítrofes, lo cual nos llevaría a ahorrar hasta un máximo de ocho administraciones, si incluimos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en la reforma.

No olvidemos que, además de la necesidad de ajuste de una Administración Pública sobredimensionada, es nuestra propia Constitución la que consagra los principios de eficiencia y economía en la gestión de lo público, como podemos comprobar en su artículo 31.2. Pues si la Constitución lo dice, y además lo consideramos imprescindible, no debería haber problema para eliminar ineficiencias y acometer el ajuste del gasto público con seriedad. En este sentido, alguna relajación fiscal para el sector privado sería de agradecer, en particular en el IRPF, que afecta en la fuente a la renta disponible de los agentes económicos y, por tanto, a la demanda interna.

A esta reestructuración de la Administración deben unirse con la misma profundidad y urgencia otras reformas estructurales que nuestra economía necesita para poder rebotar, una vez que parece que se ha alcanzado el fondo de la recesión, a saber:

- Mejorar la competitividad del transporte, reduciendo impuestos especiales sobre hidrocarburos, fomentando la competencia entre distribuidores de combustibles y potenciando el transporte ferroviario competitivo y de calidad. Igualmente, una reestructuración de AENA que ahorre tasas aeroportuarias se antoja necesaria.

- Reducir la tarifa eléctrica, acometiendo la construcción de centrales nucleares de última generación, y dejando la energía verde en un mix razonable en relación al conjunto de la oferta, así como continuar profundizando en la eficiencia energética de todo el parque de aparatos disponibles.

- Dar una vuelta de tuerca a la reforma laboral, que ya empieza a producir algunos frutos, a fin de acelerar la creación de empleo (fundamentalmente reduciendo las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social), y sobre todo terminar con la dualidad del mercado de trabajo actual, así como adoptar medidas que favorezcan el empleo de los jóvenes y de los mayores de 50 años.

- Acelerar la reforma de la justicia, lo que contribuirá a la seguridad jurídica de inversores extranjeros y españoles, y poner en marcha definitivamente la reforma del sistema educativo, que garantice la mejora de competitividad a largo plazo de nuestra economía mediante su mayor calidad de resultados.

- Concluir con la reforma del sistema financiero, terminando de dotar las provisiones necesarias para la capitalización y estabilidad del sistema, solucionando la patata caliente de las participaciones preferentes, terminando de desarrollar una reforma hipotecaria creativa, valiente y estable. Asimismo, sería deseable alguna actuación por parte de la fiscalía para aclarar las posibles responsabilidades jurídicas de los administradores de las entidades bancarias intervenidas.

-Además, España ha de situarse en la vanguardia de los reformistas en el próximo Consejo Europeo de junio, ya que hay cambios estructurales que no se pueden abordar unilateralmente y que son esenciales: el avance en la unión bancaria, con la apertura de crédito a las empresas (sobre todo pymes), la armonización fiscal de la UEM, y la garantía europea fiable y estable para los depositantes en bancos europeos, por ejemplo.

Un Gobierno responsable no debería dudar ni un minuto en implementar este importante y profundo paquete de medidas que proponemos, bien mediante pactos de estado o, en su defecto, aprovechando su amplia mayoría parlamentaria. En este sentido, el ex presidente Aznar ha lanzado un warning recientemente en el sentido de que estamos ante una, y la última, oportunidad histórica de reformar en profundidad nuestro país. Si el gobierno no lo hace por el interés general, esperemos que, al menos, las exigencias del ciclo electoral le obliguen a arriesgar más para mejorar sus bajistas expectativas de voto.

Félix Aguado es presidente de Augeo Consulting Group; Mario Cantalapiedra es coordinador de comunicación de Augeo Consulting Group