El Foco

Roma locuta, causa finita

Roma locuta, causa finita. Esta frase se utilizaba en el Imperio Romano para referirse al fin de un contencioso importante en los límites del imperio, después de que el Senado decidiera. Una vez Roma hablaba, se daba cerrojazo al asunto. Es lo que ha pasado con la Ley de Protección a los Deudores Hipotecarios. Se ha hecho la voluntad de la mayoría absoluta del PP y tema cerrado.

La Iniciativa Legislativa Popular estaba avalada por la firma de casi un millon y medio de personas

El PP ha hurtado al Congreso, y sobre todo a los ciudadanos que avalaron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), del debate de esta Ley. En la Cámara baja, el PP empezó por barrer del debate la ILP, avalada por la firma de casi un millón y medio de personas, y compartida por el sentir popular de muchos miles más que, quizás, sin comulgar con todo su contenido, valoraban esta iniciativa como un instrumento para dar solución a aquellas personas ahogadas por la crisis que se ven obligadas a perder su casa en favor de las entidades bancarias.

El PP dio la espalda a esta iniciativa descafeinándola desde su inicio, suplantándola por otro texto alejado de lo que la ILP proponía, que en definitiva era la dación en pago. Se puede estar o no de acuerdo con su contenido, pero lo que no se debe hacer es eludir su discusión parlamentaria, porque de esta forma se da la espalda a la voluntad de miles de ciudadanos.

Con la ILP arrinconada, el texto sometido a votación, y que no pudo ser debatido en el Pleno de la Cámara, el PP no incorporó ninguna de las propuestas formuladas desde la oposición. La misma suerte corrió en el Senado, donde tampoco se dio opción a la oposición a incorporar mejoras en esta Ley, que finalmente se aprobó tal cual se remitió desde el Congreso y, además con nocturnidad, ya que la votación tuvo lugar pasada la medianoche del día 8 de mayo.

Hemos apoyado el ‘leasing social’, que permite permanecer en el hogar con un alquiler social

El PP debería haber sido más receptivo a las medidas propuestas por otras fuerzas políticas en una iniciativa legislativa tan importante y de gran impacto en la sociedad. Desde CiU hemos luchado hasta el último momento para incorporar lo que, creemos, contribuía a desarrollar una ley más útil para las personas vulnerables y con graves dificultades.

Proponíamos soluciones a los dramas existentes tratando de modificar aspectos de la Ley Hipotecaria que acabaran con el desequilibrio existente en el sistema hipotecario en perjuicio del deudor. Con este objetivo, desde CiU hemos abogado por acercar esta Ley a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que pone en evidencia este desequilibrio. En concreto, la sentencia del TUE declara que “la normativa española (...) hace imposible o muy difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancias de las entidades y en los que las personas consumidoras son demandadas, aplicar la protección que la directiva europea de 1993 (93/13/CEE) les confiere”. Así, la Ley actual dificulta adoptar medidas cautelares efectivas en el proceso ordinario para detener el desahucio hasta que se resuelva si la cláusula de la hipoteca es o no abusiva. La sentencia del Tribunal Europeo establece también que, en el proceso de ejecución hipotecaria, el Juez debe contar con un trámite para evaluar si el interés de demora de un contrato es o no abusivo.

Llevamos ya 20 años sin cumplir la directiva europea de 1993 y, por tanto, los consumidores llevamos 20 años soportando desequilibrios en el sistema hipotecario. Y ahora hemos perdido una oportunidad en la tramitación de la Ley Hipotecaria para corregir esta situación, acercando esta norma a la citada sentencia europea, por la cerrazón del PP.

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de aquellas personas más vulnerables, desde CiU hemos abogado por reforzar la mediación, derivar a las partes en conflicto a una intermediación para estudiar, caso por caso, la existencia de cláusulas abusivas y las circunstancias de las personas afectadas por recalcular las cuotas. También hemos defendido la propuesta de leasing social o de segunda oportunidad para que las personas que han perdido su casa por sentencia puedan permanecer en ella pagando un alquiler social y dándoles la opción de recuperar su titularidad. Y hemos apostado, también, por la dación en pago para aquellas familias afectadas por insolvencia sobrevenida de buena fe y que su cuota hipotecaria superase el 40% de los ingresos.

Hemos defendido asimismo que los intereses moratorios no se pudieran calcular sobre todo el préstamo declarado vencido anticipadamente, sino solo sobre las cuotas dejadas de pagar, lo que hubiera rebajado sustancialmente la cantidad reclamada. Y en nuestras propuestas también mirábamos al futuro. Queríamos una Ley Concursal para familias para que, llegado el caso, pudieran liquidar ordenadamente sus deudas, y evitar así condenarlas a la llamada muerte civil.

Pero la tramitación de la Ley Hipotecaria ha sido la crónica de una muerte anunciada. Hemos perdido una oportunidad para dar respuesta a un colectivo que requería de nosotros una respuesta a sus necesidades básicas y el derecho a una vivienda digna.

No hemos podido ampliar el colectivo de personas que puedan acogerse a la moratoria de los llamados popularmente desahucios, ni extender esta moratoria a los procesos hipotecarios seguidos contra las personas vulnerables, ni incluir algunas de nuestras medidas a favor de los deudores hipotecarios.

La dramática realidad como es el hecho de que casi 32.500 familias perdieran su casa en 2012 por impagos de la hipoteca y que, actualmente, haya unos 200.000 procesos en curso nos obliga al arco parlamentario a dar una solución desde el consenso, especialmente a la fuerza política que tiene la responsabilidad de gobernar. Desgraciadamente y, una vez más, Roma ejerció su poder

Lourdes Ciuró es diputada de CiU en el Congreso de los Diputados y ponente de la Ley de Protección a los Deudores Hipotecarios

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