La Audiencia estudia embargar a Bankia por un caso de preferentes

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado celebrar una vista en la que preguntará a las partes si debe embargar a Bankia o fijar para la entidad una fianza de responsabilidad civil por la venta de participaciones preferentes.

En un auto notificado hoy, el magistrado accede así a la petición formulada por el abogado de #15mPaRato, Juan Ignacio Moreno, en la querella interpuesta en nombre de un cliente de Caja Madrid que adquirió títulos por valor de 535.000 euros y que ha sido admitida a trámite.

Andreu ordena formar una pieza separada sobre este particular, pero como estima que no existen “razones de urgencia” para decidir en este momento sobre el mismo celebrará una vista, para la que aún no ha fijado fecha en la que las partes personadas podrán alegar “en relación a la petición de garantía de responsabilidad civil solicitada y su cuantía”.

Es la primera ocasión en la que el juez se plantea embargar a Bankia las cantidades reclamadas por sus clientes, ya que en la querella de UPyD admitida a trámite ayer no se planteaba esta solicitud, que sí figura en otras sobre las que el magistrado aún tiene que pronunciarse.

La querella planteaba como alternativa al embargo de los 535.000 euros “la incautación preventiva de fondos de las querelladas, Caja Madrid, Bankia o Caja Madrid Finance Preferred (...) en cantidad igual al menos a lo estafado” o “la inmediata prestación de fianza por la cantidad de 900.000 euros”.

Además de contra el expresidente de Caja Madrid Finance Preferred Carlos Stilianopoulos, que también figuraba en la querella de UPyD, ésta va dirigida contra otros dos firmantes de la emisión de preferentes de 2009, José Luis Sánchez Blázquez y Álvaro Canosa Castillo, y contra el exdirector de Cumplimiento Normativo de la caja, Manuel Fernández Navarro.

Los delitos que se mencionan en la querella son los de estafa, captación fraudulenta de capitales y manipulación de precios en mercados oficiales, apropiación indebida y daños.

Como en la resolución dictada a raíz de la denuncia del partido político, Andreu admite que la vía civil que la Fiscalía aconsejaba a los compradores de preferentes para recuperar su inversión puede ser más rápida y eficaz, pero que eso “no es ni puede servir de excusa para crear espacios de impunidad si es que se ha cometido algún ilícito penal”.

Asimismo, subraya la necesidad de investigar las “malas prácticas” denunciadas por un informe interno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) “desde el momento en el que se está advirtiendo de una necesidad de captación de compradores, de una deliberada falta de información a los clientes y de un claro conflicto de intereses entre éstos y entre los mismos y la entidad”.

En este caso, el querellante asegura que el 7 de junio de 2010 adquirió deuda subordinada de Caja Madrid por importe de 500.000 euros por recomendación de la entidad y que, meses después, ésta le sugirió que comprara participaciones preferentes de la Serie II emitidas por Caja Madrid en 2009.

Para ello, entre el 7 de enero y el 15 de julio de 2011, vendió los activos que mantenía en deuda subordinada y fue adquiriendo en sucesivos momentos las preferentes, hasta un total de 535.000 euros.