Editorial

La reforma eléctrica entra en la recta final

El Gobierno que preside Mariano Rajoy ha puesto en marcha un gran número de reformas económicas en su año y medio de mandato. Como suele ocurrir con estas decisiones –y más en medio de una crisis tan aguda y prolongada como la actual–, los defensores y los críticos argumentan con vehemencia a cada lado del cuadrilátero a la espera de que el tiempo dé o quite razones. Sin embargo, unos y otros sí parecen estar de acuerdo en que el proceso de reformas debe continuar. De hecho está siendo así, por ejemplo, en el caso de las pensiones, cuyo debate entra en la decisiva fase política, una vez que los expertos han remitido ya su esperado dictamen al Gobierno.

No obstante, hay un consenso generalizado en que la gran reforma pendiente es la eléctrica. Todo parece indicar que antes de que acabe el mes –la duda en estos momentos es si será en el Consejo de Ministros del 21 o en el del 28–, la anhelada, a la par que temida, nueva regulación verá definitivamente la luz. El contenido de la reforma está siendo uno de los secretos mejor guardados de la legislatura, debido a la multitud de intereses que están en juego, y que van desde el consumidor más modesto al más potente de los grupos financieros españoles, amén de los de inversores de todo el orbe. Hasta el momento, el único mensaje claro que han sacado los distintos actores del sector en sus reuniones con los responsables del Ministerio de Industria –encabezados técnicamente por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal– es que todos los agentes implicados van a sufrir recortes de calado.

A la vista de estos mensajes, todos los implicados han empezado a hacer sus escenarios y una buena parte de ellos consideran que va a haber muchos proyectos con serias dificultades para sobrevivir. Además, las medidas pueden tener daños colaterales muy serios. El efecto sobre las cuentas de la banca es uno de ellos.Prácticamente la totalidad de las entidades españolas, además de muchas extranjeras, están detrás de la financiación de la mayoría de los proyectos de energías renovables, que pueden ser uno de los grandes perjudicados por la reforma. El fracaso de estas operaciones puede castigar otra vez los balances de los bancos españoles. La imagen de inseguridad jurídica es otro de los riesgos que debe lidiar el Gobierno español. Varias voces se han levantado ya en ese sentido –especialmente procedentes de EE UU y Japón–, y la inquietud en el Ejecutivo es que esa sensación tenga un efecto pernicioso sobre los inversores foráneos que empiezan a poner a España en el top de sus futuros proyectos. Por ello, Industria debe aquilatar con tacto sus decisiones, para ofrecer un marco que equilibre los actuales desfases, no ahuyente inversiones y, por encima de todo, dibuje unas reglas de juego realmente claras y definitivas.

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