El extranjero que compre casa perderá la residencia si vende antes de cinco años

Ese límite también afectará a los compradores de deuda pública Solo tendrán permiso de trabajo los empleados reclamados por empresas o escuelas de negocios

El boom inmobiliario y el posterior pinchazo ha dejado un ingente stock de vivienda construida y sin vender, que roza las 800.000 casas, según el último balance del Ministerio de Fomento. El Ejecutivo ha pensado en los inversores extracomunitarios como una de las alternativas para ir reduciéndolo y para ello creó el “pasaporte al emprendimiento”, una nueva figura incluida en el anteproyecto de ley de emprendedores mediante la que los extranjeros que compren un inmueble por un importe superior a 500.000 euros obtendrán automáticamente un permiso de residencia.

Fuentes de Economía, sin embargo, matizaron que la conservación del mismo estará sujeto a que la inversión se mantenga al menos durante cinco años. Ese período es el que marca la norma en el que el inversor contará con un permiso de residencia no permanente. El primer año tendrá un visado provisional y luego obtendría un permiso de residencia transitorio de dos años, prorrogable otros dos. En esos cinco años, según aclaran esas fuentes, el inversor perdería el permiso si desinvierte. La misma regla opera para aquellos inversores que compren deuda pública por más de dos millones de euros. “No se trata de dar papeles por comprar una casa. Es conceder un permiso de residencia que lo único que lleva aparejado es no tener que revisar los visados cada 90 días para los no comunitarios”, aclaran esas fuentes.

Transcurridos cinco años, obtendrá un permiso de residencia permanente. En cualquiera de los dos casos, los inversores no tendrán acceso a la sanidad y a la educación pública durante los cinco primeros años, ni tampoco obtendrán un permiso de trabajo. Este último, que será gestionado por el Ministerio de Empleo, queda reservado para aquellos trabajadores o ejecutivos extranjeros que sean reclamados por empresas o por escuelas de negocios.

Pero antes de la concesión de cualquier permiso de residencia o de trabajo, el inversor extranjero debe pasar por el filtro del Ministerio de Justicia para determinar que no cuenta con antecedentes penales.

Cédulas de internacionalización

La nueva norma no solo tiene como objetivo atraer capital a España, sino fomentar la salida al exterior de las empresas, muy afectadas por la restricción de crédito. Para solventar este obstáculo, el Ejecutivo ha puesto en marcha dos nuevos instrumentos que facilitarán el crédito a las pymes. Se trata de cédulas y bonos de internacionalización, cuyo principal objetivo es mejorar el acceso al crédito bancario a las pymes. “Se trata de que cuando un banco conceda un préstamo, este se pueda titulizar o convertir en una cédula y se pueda vender a un tercero, que podría ser, por ejemplo el BCE”, explican esas fuentes. “De esta manera, la entidad también consigue mayor liquidez y se produce una mayor rotación de préstamos en el balance”, apuntan. El Ejecutivo también persigue facilitar el acceso al crédito convencional y para ello ha establecido en el anteproyecto tres vías para mejorar la concesión de préstamos bancarios. En primer lugar, se incorpora el fomento de la internacionalización como una de las prioridades en la actividad del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Esto significa, según esas fuentes, que podrá ser instruido por el Consejo de Ministros, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos o el Ministerio de Economía para generar fondos con los que garantizar la liquidez y el acceso a la financiación para la internacionalización de la empresa española.

Cofides, entidad público-privada participada por la banca encargada de financiar operaciones en el exterior, también ve ampliada su capacidad, al poder prestar financiación a empresas españolas que deseen internacionalizarse “mediante instrumentos de capital o la participación en aquellos vehículos o fondos de inversión público-privados que contribuyan a la internacionalización”. Finalmente, se eliminan algunas restricciones a la financiación que existen en el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), el más importante en el que colabora el sector público.

7.000 comercios más por la eliminación de licencia

El anteproyecto de ley de emprendedores también profundiza en la liberalización del sector comercial. En mayo de 2012, el Ejecutivo aprobó un decreto en el que eximía a los locales de hasta 300 metros cuadrados de contar con una licencia para abrir un negocio. Entre el 27 de mayo y el 31 de diciembre de 2012 se dieron de alta 6.955 actividades comerciales más que en el mismo período del ejercicio anterior. Ese impulso a la actividad y al empleo ha llevado al Ejecutivo a ampliar la superficie de 300 a 500 metros y a incluir otras 43 actividades que no deberán contar con licencia previa para poder abrir un negocio.

Fuentes oficiales no descartan ampliar ese umbral hasta los 750 metros, límite marcado por algunas autonomías, y descartan por ahora que se vaya a incluir a la hostelería entre los sectores, “ya que necesita de muchos permisos previos”.