Exige que se le entregue el libro de visitas de la sede nacional

El juez Ruz pide al PP sus gastos de representación y la contabilidad de sus sedes

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado una batería de diligencias en el marco de la investigación por los ‘papeles de Bárcenas’ y ha ordenado al PP que le entregue las contabilidades de sus gastos de representación así como las de sus sedes en Andalucía, Galicia, La Rioja, Cantabria y Cataluña.

El magistrado ha solicitado los gastos de representación entre 2004 y 2012 ante las sospechas de que el PP recurrió a esta fórmula para registrar los supuestos sobresueldos que se abonaba a los dirigentes que compaginaban sus cargos públicos con alguna responsabilidad en el seno del partido.

Varios de los nueve miembros del PP interrogados como testigos por Ruz reconocieron el pago de estos sobresueldos. En este sentido, El magistrado ha pedido asimismo a Hacienda las “imputaciones de cobros y pagos realizados por terceros al PP” entre 1990 y 2005.

Ruz solicita además las contabilidades de las delegaciones del PP en Galicia, Málaga, Cantabria, Sevilla, La Rioja y Cataluña en varios ejercicios que van desde el año 1997 al 2008. Esta diligencias ha sido acordada “dado que el PP no ha remitido la contabilidad consolidada de la sede central con la de sus sedes territoriales ni dichas cuentas han sido remitidas al carecer de ellas el Tribunal de Cuentas”, según señala en el auto dictado hoy.

Con respecto a Galicia, Ruz pide las cuentas de los ejercicios 1997, 1998 y 1999, la época en la que el supuesto ‘número dos’ del ‘caso Gürtel’, Pablo Crespo, fue secretario de organización del PP gallego. Crespo, en su declaración como imputado ante el juez el pasado miércoles, aseguró que le entregó en efectivo 21 millones de pesetas (126.213 euros) al extesorero del PP Álvaro Lapuerta en mayo de 1999.

Ruz también ha solicitado al jefe de seguridad del partido que le remita el registro de visitas de la sede nacional, sita en la calle Génova de Madrid. El magistrado quiere conocer así las visitas que realizaron a la sede los ocho empresarios imputados en la causa por haber donado diferentes cantidades de dinero al PP.

El instructor de la Audiencia Nacional quiere conocer “el día, mes, año y persona a visitar” registrados cuando acudieron a la sede de la calle Génova de los empresarios Alfonso García Pozuelo, Juan Miguel Villar Mir, José Luis Sánchez Domínguez, José María Mayor Oreja, Manuel Conteras Caro, Luis del Rivero, Juan Manuel Fernández Rubio y Antonio Vilela. Algunos de estos imputados explicaron en las declaraciones que prestaron ante Ruz esta semana que las donaciones que realizaron al PP se las entregaron en mano a Lapuerta en su despacho de la sede nacional. Otra de las diligencias acordadas por Ruz consiste en recabar de la Agencia Tributaria las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades presentadas por el PP en 2007 y 2008.

El dirigente de Construcciones Rubau Antonio Vilela reconoció ante Ruz que entregó al PP un total de 63.000 euros, aunque no supo precisar si fue en 2007 y 2008. La importancia de este dato es que en 2007 se modificó la Ley de Financiación de Partidos Políticos para elevar de 60.000 a 100.000 el límite de las donaciones.

El juez pide asimismo a la Agencia Tributaria que le entregue las declaraciones de operaciones con terceros de un total de 30 empresas, entre las que destacan Sacyr, OHL, FCC, Mercadona y Azvi. Ruz ha ordenado asimismo a las sociedades Sorigue-Acsa, Sorigue, José Antonio Romero Polo S.A., Licuas, Desprosa, Grupo de Empresas Bruesa, Bruesa Construcciones y Cyopsa-Sisocia, que le entreguen toda la información sobre los contratos públicos que obtuvieron, tanto a título individual como a través de uniones temporales de empresas, de organismo estatales, autonómicos y locales. El instructor de la Audiencia Nacional ha ordenado todas estas diligencias a instancias del fiscal Anticorrupción encargado del caso, Antonio Romeral, quien había sido criticado por las acusaciones por realizar pocas preguntas durante los interrogatorios a empresarios y miembros del PP.

Normas