Visto para sentencia juicio celebrado en Tarragona

El fiscal aumenta a seis años la petición de cárcel contra un hijo de Ruiz-Mateos

Visto para sentencia el juicio celebrado en Tarragona contra el hijo del fundador de Rumasa

Los hechos juzgados fueron denunciados hace diez años

José María Ruiz-Mateos Rivero en una imagen de 2011.
José María Ruiz-Mateos Rivero en una imagen de 2011.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Tarragona ha solicitado seis años de cárcel para José María Ruiz-Mateos Rivero, hijo del fundador de Rumasa, en un juicio que se sigue en Tarragona y que ayer quedó visto para sentencia. La fiscalía había solicitado con anterioridad tres años y medio de cárcel para Ruiz-Mateos; el aumento de la solicitud, consideran fuentes judiciales consultadas, da aun mayor credibilidad a la demanda presentada contra el hijo de Ruiz-Mateos y Teresa Rivero.

El juicio se ha celebrado diez años después de que fueran denunciados los hechos juzgados ahora. La empresa catalana Prograsa mantuvo relaciones comerciales con la sociedad Nueva Comarcal de Reus a finales de los años noventa. El pago de las materias primas que Nueva Comarcal de Reus recibía de Prograsa se efectuó mediante pagarés aportados por Hibramer, de Nueva Rumasa. Pero los días en los que vencían esos pagarés el banco los iba devolviendo. Prograsa, asesorada por el despacho de Barcelona García-Coca, demandó a Nueva Comarcal de Reus y a Hibramer.

Según la fiscalía, los acusados “puestos de común acuerdo y con la intención de lograr un beneficio económico en perjuicio ajeno, crearon ante Prograsa, empresa proveedora, la falsa apariencia” de que Nueva Comarcal de Reus era solvente, “dado que sus deudas estaban avaladas por Hibramer, entidad mercantil filial del holding empresarial Nueva Rumasa, aprovechando el prestigio empresarial que esta última representaba”. 

El hijo de Ruiz-Mateos “ofreció avalar las operaciones mercantiles”, dice la fiscalía, “con la ilícita finalidad de no terminar saldando la deuda contraída con Prograsa”. Los acusados “concertaron en falsificar la firma del que figuraba como avalista en los pagarés emitidos y así poder repeler las reclamaciones de pago correspondientes”. Los hechos, afirma la fiscalía, son constitutivos de “un delito de estafa” y de “un delito continuado de falsedad en documento mercantil”.

José María Ruiz-Mateos Rivero ha tratado de exculparse durante el proceso asegurando que cuando sucedieron los hechos él era prácticamente un becario, y ha cargado la responsabilidad sobre su padre. Sin embargo, aseguran fuentes judiciales, dos testigos han declarado que era él quién tomaba las decisiones.

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