Margen fiscal a cambio de reformas ambiciosas
La Comisión Europea ha confirmado el secreto a voces de que concederá dos años más a España, hasta 2016, para llevar el déficit fiscal por debajo del 3%, dada la profundidad de la crisis y la dimensión que estaba tomando en España como consecuencia de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Pero la relajación fiscal, más generosa de lo previsto para este año, tiene un precio, que seguramente el Gobierno abonará gustoso: acelerar el calendario de reformas, algunas de las cuales se movían al ralentí por la oposición social y política que generan. A juzgar por el comportamiento que ha tenido con España, a la que advirtió hace escasas fechas por el retraso en el itinerario reformista, y con el resto de países que tenían desviaciones en el déficit presupuestario, la Comisión Europea, y por derivación el Consejo Europeo, han cambiado el chip de su política económica: austeridad, sí, pero no a cualquier precio, para evitar que el continente que hoy acapara las críticas por su falta de activismo con el crecimiento entre en una fase recesiva aguda tras la crisis de la deuda vivida el año pasado y no plenamente resuelta.
En el cambio de actitud de las autoridades comunitarias ha tenido un peso específico determinante la desafección creciente de la población con las políticas de rigor fiscal y el avance descontrolado del desempleo, con episodios de riesgo de ingobernabilidad en algunos países, que pueden extenderse en el futuro, deteriorando la tradicional estabilidad política del Viejo Continente y la confianza de los mercados financieros y de la ciudadanía en la economía de la que sigue siendo la zona de mayor concentración de prosperidad económica y social del planeta. Además, el proyecto de moneda única, vapuleado por los mercados en los últimos años, no puede someterse a más causas generales, puesto que su ruptura daría paso a un debate que se desarrollaría en términos mucho más desagradables.
España cuenta con una senda de consolidación fiscal sorprendentemente cómoda tras haber concentrado un descomunal esfuerzo en el ejercicio de 2012, en el que logró reducir su déficit fiscal desde el 9,5% al 7%, amén de absorber la capitalización con dinero público de la banca fallida, que elevó en cuatro puntos adicionales la deuda pública. Tan cómodo es el itinerario marcado que se antoja peligroso precisamente en materia de deuda pública, pues España puede terminar al plazo otorgado por Bruselas con un endeudamiento público ligeramente por encima del 100% del PIB, un volumen que comienza a absorber una cantidad tal de recursos presupuestarios que atenaza el crecimiento económico.
Puede considerarse que cuando tal cosa ocurra, Europa dispondrá ya de los mecanismos adecuados para hacer frente a la financiación de la deuda de sus socios, pero son los contribuyentes españoles, al menos mientras no se mutualice la deuda de los tesoros en Europa, quienes tendrán que responder por ese pasivo. Por ello, bien estaría que si España recupera el crecimiento, y algunos detalles de la demanda y la actividad comienzan a indicar que puede no estar demasiado lejos, debería apurar el calendario fijado para iniciar la senda de reducción de la deuda agregada, puesto que cuanto menos pese sobre el presupuesto, más recursos quedan liberados para inversión u otros programas de reactivación económica.
Dado que el crecimiento no se recupera por el simple hecho de decirlo, no hay más camino que intensificar esas reformas que la propia Comisión ha detallado para incrementar el crecimiento potencial de las economías, pues, además de combatir en lo posible la escalada de la deuda, España tiene que comenzar a reducir sus sonrojantes tasas de desempleo, sobre todo el juvenil. La reforma de pensiones no puede esperar y debe aplicarse ya en 2014, dado que el desfase de las cuentas de la Seguridad Social comienza a ser preocupante, con 15.000 millones de déficit anual.
Solo recomponiendo una actividad vigorosa, para lo que se precisa que la financiación bancaria se movilice, y atacando vicios financieros como el que genera el sistema eléctrico dispondrá Mariano Rajoy del margen que espera para reducir los impuestos sobre la renta en 2015, puesto que sin un crecimiento notable de las bases imponibles por nueva actividad es imposible llevar el déficit fiscal al 3% en 2016.