Draghi insta a España a regular la renegociación de hipotecas
El sector financiero ve "prematuro" modificar la ley a solo unos días de su entrada en vigor El BCE supervisó la reforma hipotecaria del Gobierno
El Gobierno se negó a ir más lejos en la reforma hipotecaria que entró en vigor el pasado 15 de mayo argumentando que hacerlo pondría en riesgo la estabilidad del sector bancario. Es por eso que sorprende especialmente que el propio supervisor financiero, el Banco Central Europeo, haya emitido un dictamen instando al Ejecutivo a “adoptar un conjunto de medidas más amplio” que el aprobado. El presidente de la institución, Mario Draghi, que firma el informe, se coloca del lado de los críticos que tachan la reforma de “insuficiente” en un movimiento paradójico, porque el mismo BCE supervisó la norma antes de su aprobación, y quizás anecdótico, porque el dictamen tiene un mero carácter administrativo.
Aunque el documento constata una mejora de la transparencia y las condiciones, así como aplaude la creación del fondo social de vivienda, también advierte que es “importante” que “los prestamistas garantizados adapten sus prácticas (...) a fin de evitar las ejecuciones hipotecarias, y que el marco regulador proporcione incentivos a todas las partes interesadas para que acuerden una reestructuración de deuda oportuna y razonable en caso de incumplimiento”. En otras palabras, que se regule la renegociación de las condiciones hipotecarias como paso previo, y a ser posible sustitutivo, de la ejecución. Una vía que el grueso de entidades abre antes de ejecutar pero que solo está reglamentada para los beneficiarios del código de buenas prácticas, que sí se acogen a una hoja de ruta concreta de limitación de intereses, ampliación de plazos, quitas voluntarias y, en última instancia, dación en pago.
Una regulación más amplia de estas renegociaciones ya se puso en marcha con éxito en Irlanda, que obligó a sus entidades a establecer protocolos de reestructuración adecuados a las posibilidades económicas de cada deudor en apuros. Pese a la fuerte relación con la burbuja inmobiliaria que guarda también la crisis irlandesa, el resultado es que el país ha eludido un drama por el que más de 32.000 familias perdieron su residencia en España en 2012. Este tipo de iniciativas son habituales en otros países europeos, como en Francia, donde el propio banco central actúa como intermediario para tratar de amoldar los pagos al deudor y evitar su lanzamiento.
Con todo, el BCE advierte que “las autoridades españolas deberían vigilar los efectos que las medidas previstas de protección de los deudores hipotecarios podrían tener en las provisiones y el cumplimiento de los requisitos mínimos de capital de las entidades de crédito”.
Oposición del sector
Por su parte, el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, responde pidiendo más concreción al BCE_en sus peticiones y considera “prematuro” debatir nuevos cambios hasta “comprobar el efecto que tiene en el mercado” una reforma que se aprobó hace solo unos días. En su opinión, hay margen para ampliar a colectivos concretos las medidas de protección para familias especialmente vulnerables pero defiende que no se puede dudar de la profundidad de las iniciativas ya adoptadas, ni olvidar que los cambios en el terreno hipotecario no son inocuos para el sector.
Andalucía defiende la vía de las expropiaciones ante Bruselas
El decreto antidesahucios aprobado por la Junta de Andalucía, que contempla la expropiación de viviendas de las que vayan a ser desahuciadas familias en riesgo de exclusión social y sanciones sobre los pisos no ocupados de bancos, inmobiliarias y Sareb, ha despertado el interés de los hombres de negro. Los representantes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional avanzaron que en la visita de supervisión de España que iniciaron la pasada semana y se alargará durante esta, se ocuparían de comprobar si la normativa autonómica choca con las condiciones impuestas a cambio del rescate financiero.
Según todas las fuentes consultadas, el decreto andaluz o la propia reforma hipotecaria fueron temas marginales en las reuniones mantenidas la pasada semana, en las que los hombres de la troika se entrevistaron con los responsables de las entidades financieras españolas. Sí se espera que ambos temas figuren como puntos importantes en las citas previstas para esta semana, que se iniciaron ya ayer, con las autoridades económicas del país.
Andalucía, que ha iniciado el primer proceso de expropiación durante esta gira de control, ha decidido realizar una defensa proactiva de su solución antidesahucios. Con este objetivo tiene previsto desplazarse hoy a Bruselas la consejera de Presidencia, Susana Díaz, donde explicará el fondo y la forma del decreto ante varias autoridades comunitarias, avanzan desde la Junta. Uno de sus interlocutores será Marin Schulz, presidente del Parlamento Europeo. El movimiento tratará de contrarrestar las críticas contra el decreto que Europa escuchará de la banca española, principal perjudicada, y del propio Gobierno, que defiende su reforma hipotecaria como solución suficiente a los desahucios.
