El Estado ahorró 1.000 millones en 2012 con la caída en el coste de financiación

Los inversores no residentes redujeron sus tenencias de deuda en 57.600 millones en 2012 Siguen siendo aun así el principal grupo inversor, con el 35,5% del saldo vivo total

Fachada del Banco de España. EFE

El balance del mercado de deuda pública española en 2012 deja luces y sombras en un año en el que España vivió de cerca la posibilidad de tener que pedir un rescate por problemas de financiación y que, sin embargo, se ha saldado finalmente con una rebaja en el coste medio de financiación. La deuda pública no ha hecho más que aumentar, hasta un nivel que alcanza ya los 641.461 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,5% en el pasado ejercicio y que representa también el doble que al inicio de la crisis, de acuerdo con la Memoria de Deuda Pública que presentó hoy el Banco de España.

No en vano, 2012 ha sido el año en que el Estado se ha echado a la espalda en términos de deuda pública el préstamo a la banca concedido por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y la financiación a las comunidades autónomas en dificultades, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Dos factores que dispararon las necesidades de financiación del Estado a 97.111 millones de euros, ya que si se descontara el efecto del rescate bancario, la cifra habría sido de 57.644 millones de euros.

El pasado año se complicó para el Tesoro hasta extremos impensables durante el mes de julio, en que la prima de riesgo se disparó al entorno de los 650 puntos básicos, con el bono en el 7,6%. Pero el año se ha salvado, hasta el punto de que el coste de financiación de la deuda soberana española se ha rebajado en 50 puntos básicos, hasta el 3,37%, gracias sin duda al mensaje lanzado en agosto por el presidente del BCE, Mario Draghi, que mostró su disposición a hacer lo necesario por rescatar a la zona euro, incluida la compra de deuda en el mercado secundario. según explicó ayer 

Y ese descenso en el coste de financiación durante 2012 ha permitido un ahorro al Estado de 1.005 millones de euros, para un volumen de emisión de 214.000 millones de euros, considerando que el volumen de emisión hubiera sido similar en el año precedente. El subdirector general de deuda del Tesoro, Ignacio Fernández Palomero, avanzó el cálculo durante la presentación. Y avanzó que, a finales de abril, el coste medio ponderado de la deuda se ha reducido en otros 30 puntos básicos lo que, para un volumen de emisión bruta que ronda los 100.000 millones de euros, supone un ahorro estimado de 300 millones en lo que va de 2013. Una cifra que aun así matizó como provisional.

Las dificultades por las que atravesó la financiación del Estado el pasado año, que el Tesoro logró finalmente superar, sí tuvieron un reflejo evidente en las ventas de deuda realizadas por los inversores no residentes. Sus tenencias de deuda descendieron en 57.600 millones de euros, con lo que su peso sobre el total cayó del 48,8% al 35,5%. Un derrumbe que sin embargo mantiene a los no residentes como el primer grupo inversor, desbancando a las entidades financieras. Su liderazgo se mantiene además tanto en letras (39% del total del saldo vivo) como en bonos y obligaciones (36%), sin que haya mermado por tanto en los plazos más largos, donde se aprecia con mayor sensibilidad el ánimo de los inversores.

Y en contraste con el abandono de los no residentes –mitigado, eso sí, en el último trimestre del año con nuevas entradas de dinero–, la banca es la que curbió el hueco en 2012 en las tenencias de deuda. Así, el sector crediticio, sin incluir al Banco de España, aumentó su cartera de deuda en 91.300 millones de euros, lo que les hace tenedores del 24,5% del total de deuda del Estado.

Las carteras de los inversores institucionales (fondos de inversión, de pensiones y aseguradoras) se mantuvieron estables, con un ligero aumento de 3.400 millones de euros que sitúa a este sector como el tercer grupo inversor, con una cuota sobre el total del 17,1%. Mucho más significativo fue el aumento de las tenencias de deuda de las administraciones públicas, en 15.900 millones de euros, hasta elevar su cuota al 12,9%. Por el contrario, las empresas no financieras y las familias se quedan con la parte más pequeña del pastel, que descendió del 4,5% de 2011 al 4,2%. En concreto, las familias las redujeron en 1.500 millones de euros.