Editorial

Impuestos, actividad, rigor fiscal y política

La presión fiscal siempre ha sido un determinante decisivo de la actividad económica, sobre todo en países maduros, como los europeos, en los que los estándares del estado de bienestar han caminado más deprisa que la propia riqueza de la ciudadanía. En tales circunstancias, reducir o incrementar el nivel impositivo supone elevar o reducir la renta disponible de la gente hasta el punto de que sus efectos sobre la demanda interna pueden cambiar el signo de la actividad productiva. Aunque la línea que siempre ha situado a uno y otro de sus lados los pensamientos liberales y los socialdemócratas en esta materia se ha desdibujado mucho en los últimos lustros, son los halcones liberales quienes abanderan el discurso de la flexibilidad y la desfiscalización como motor más solvente de la economía, incluso en el supuesto de que el déficit fiscal amenace la financiación del Estado y los agentes privados. El poder de sugestión de una bajada de impuestos sobre las expectativas de la demanda, aseguran, alimenta suficientemente la iniciativa de consumo e inversión de la población como para recuperar vía cuantitativa (presión fiscal agregada o colectiva) los ingresos a los que se renuncia vía cualitativa (presión fiscal individual).

 Ahora son legión quienes abanderan tal propuesta, desconociendo que España no se ha sacudido ni de lejos los riesgos de un rescate financiero por el temor al impago que genera en los mercados la elevada deuda pública y el riesgo de que se vea engordada por impago de la no menos elevada deuda privada. España mantiene un déficit fiscal del 7%, acumula cuatro años con cantidades superiores, y acerca su nivel de deuda pública al 100% del PIB, un umbral de complicada digestión cuando gran número de economías avanzadas se disputan el ahorro que pulula por el mercado y busca equilibrio entre rentabilidad y seguridad.

Los pasos dados por España en los últimos meses, en los que el mercado financiero ha comenzado a reconocer los esfuerzos de consolidación fiscal por las muy abultadas subidas de impuestos de 2012, pueden desandarse si muestra de nuevo políticas fiscales laxas o superficiales. El esfuerzo de reducción del déficit, relajado por Bruselas para los próximos años por entender que no debe hacerse a un ritmo tal que deteriore más la actividad, no puede parar, y no puede considerarse que se ha llegado a esa metal que permita cebar la demanda con bajadas apreciables de impuestos hasta que el déficit pueda ser absorbido al menos por el crecimiento nominal de la economía, de tal guisa que la deuda pública se estabilice y deje de ser la primera preocupación de los acreedores.

El déficit y la deuda deben encaminarse a niveles que no absorban una parte apreciable del ahorro privado y permitan ensanchar la renta disponible de los agentes económicos por reducciones de la presión fiscal individual. Mientras tanto, si no se ensanchan las bases imponibles, no queda otro camino que mantener los niveles impositivos, por mucho que sea para pagar los excesos del pasado.

Pero cuando tal circunstancia sobrevenga, la fiscalidad merece una pensada integral. En un país con unos niveles de desempleo como los que tiene España, no queda otro remedio que trasvasar presión impositiva del factor trabajo (cotizaciones e IRPF) a otras fuentes de generación. En ese juego de vasos comunicantes que conforman la fiscalidad y la actividad, debe considerarse también un tratamiento estimulante del ahorro, puesto que puede aliviar la presión sobre la financiación de la Seguridad Social, hoy en el punto de mira por los déficits crecientes que genera por la crisis del empleo y el envejecimiento. En todo caso, todo movimiento debe encaminarse a estimular el avance de la actividad, puesto que es el móvil de los ingresos y facilita reducir la presión individual.

Pero la condición innegociable debe ser la eficiencia del sistema fiscal para despejar de forma estructural el fantasma del déficit, la deuda creciente, el riesgo de impago y el encarecimiento de la financiación. Para ello, la fiscalidad, que es un eje central de la acción política, debe ser considerada con más rigor que hasta ahora por los partidos políticos, abandonando la subasta a la baja en la que se embarcaron sin excepción desde mediados de los noventa y que es responsable pasiva también del abismal agujero fiscal que padecemos.

 

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