Un centenar de causas en el banquillo
La decisión del magistrado Elpidio José Silva de ordenar el ingreso en prisión provisional, eludible bajo fianza de 2,5 millones de euros, del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por supuestas irregularidades en la compra del City National Bank of Florida supone un paso importante dentro de un proceso de depuración de responsabilidades legales al que resta un largo camino. Silva, que instruye la causa en la que se investiga la concesión de un crédito fallido a Marsans de 26,6 millones de euros por parte de la caja madrileña, dictó el auto de prisión provisional tras interrogar a Blesa sobre los detalles de adquisición de la entidad estadounidense. El juez citó al expresidente de Caja Madrid tras la ampliación de la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias, y después de haber examinado un informe del Banco de España que afirma que la compra de City National Bank of Florida se realizó de forma que “pudiera eludirse el preceptivo control de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid”.
El auto de prisión provisional bajo fianza contra Blesa se convierte en el primero dictado contra un directivo del sector de las cajas de ahorros por supuestas irregularidades durante su gestión constitutivas de posible delito. Es cierto, y resulta importante recordarlo precisamente ahora, que se trata de una medida cautelar y que, como tal, no prejuzga el resultado de la investigación ni afecta a la presunción de inocencia de que goza toda persona involucrada en un procedimiento penal.
Pese a ello, el ordenamiento jurídico español considera la prisión provisional una medida de suficiente gravedad como para restringir su uso únicamente cuando concurren ciertas condiciones objetivas, como la existencia de indicios serios de delito y posible responsabilidad criminal, y cuando se persiga evitar el riesgo de fuga o de ocultación o destrucción de pruebas, entre otros comportamientos. En función de todo ello, hay que presumir que el auto del juez Silva está fundamentado de forma sólida y que ha tenido suficientemente en cuenta las repercusiones públicas de esta decisión y cómo afectará al proceso de instrucción de un caso cuya complejidad técnica es un factor más a tener en cuenta. El auto dictado contra Miguel Blesa constituye, en todo caso, la punta del iceberg del rosario de causas judiciales que se siguen contra un centenar de ejecutivos financieros en España por presuntas irregularidades cometidas durante los años de la burbuja inmobiliaria. Tanto la investigación contra el expresidente de Caja Madrid como las que se siguen contra el resto de los ejecutivos deben avanzar y completarse de forma rigurosa, transparente y objetiva. El perjuicio causado ha sido lo suficientemente dañinos como para exigir que las responsabilidades se depuren hasta el fondo, con garantías y sin demagogias.