Editorial

Un escenario mejor para la obra pública

El Ministerio de Fomento ha advertido a las constructoras desde que arrancó la legislatura que era su intención acabar con las revisiones presupuestarias de los proyectos adjudicados de obra pública. Es práctica generalizada en España, con el consentimiento reiterado de la Administración, acudir a las licitaciones públicas con ofertas intencionadamente bajistas para pelear los contratos en una espiral competitiva peligrosa. De hecho, en los últimos años, por ejemplo, y según los cálculos de la propia Administración, la baja media de las ofertas en las licitaciones superaba el 25%.

Hoy hay tecnología suficiente, y en ello las compañías españolas son pioneras en el mundo, como para evitar los modificados por imprevistos geológicos, y las revisiones de precios (de mano de obra, de materiales, etc.) habituales y regladas desde hace décadas, carecen hoy de sentido por la duración limitada de tiempo de las obras y por la tendencia natural, que el Gobierno quiere impulsar ahora, de desindexar la economía.

Este modo de proceder, esta práctica consentida que abría una disputa competitiva irracional y que puede poner en riesgo los más elementales cánones de calidad, seguridad y certeza financiera, deben ser erradicados cuanto antes. Desde luego que no es el mejor momento para hacerlo cuando las empresas tienen más delicadas sus cuentas precisamente por el cierre en seco del grifo de la inversión pública en los últimos años. Y seguramente no estaría demás un mayor grado de sensibilidad y de debate entre el Gobierno y el sector para terminar con este rudimentario mecanismo minimizando los daños.

Desde luego estas prácticas comerciales no pueden tener lugar en contratos financiados con dinero público, como de hecho no ocurren en las economías más maduras de Europa, pero menos en una situación financiera de estrés como la actual, en la que al Estado español (comunidades autónomas y ayuntamientos también) no les llega la camisa al cuerpo, y donde cada desviación en las cuentas públicas se mide con lupa de precisión en los mercados.

Lo lógico es que la ejecución de cada obra pública se ventile con el dinero fijado a la firma del contrato, fiscalizando en todo momento que los procedimientos industriales de cada proyecto se ajustan a lo contratado, y que cada parte se haga responsable de lo comprometido, incluyendo en ello el abono de las cantidades previstas y en la fecha fijada. Ni desviaciones en los presupuestos por precios, ni reformados, ni demoras en los pagos. Si de cumplir el primer precepto depende el cumplimiento de las cuentas públicas, de ajustarse al segundo dependen las cuentas de resultados y la holgura de caja de las empresas que trabajan para las administraciones, y que hasta ahora han acumulado incobro sonrojantes en una economía avanzada.

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