Los ayuntamientos registran el mayor número de despidos

El empleo público cae en 105.580 efectivos y regresa a niveles de 2008

La plantilla del Estado central supera a la de ayuntamientos por primera vez desde 2002

Las comunidades elevan las contrataciones desde que empezó la crisis

El empleo público cae en 105.580 efectivos y regresa a niveles de 2008

En el último año, el conjunto de la Administración pública ha iniciado un ajuste de personal sin precedentes. Los últimos datos de Hacienda muestran que el número de empleados de la Administración central, comunidades y ayuntamientos sumaba 2.481.413 efectivos a julio de 2012. La plantilla del sector público ha regresado a niveles de 2008 tras reducirse en 105.580 trabajadores en el último año.

Los ayuntamientos son, con diferencia, las Administración que con mayor intensidad ha recortado su plantilla. La última actualización del Registro Central de Personal que Hacienda publicará en breve muestra que el 75% del ajuste de empleados públicos entre julio de 2012 y de 2011 corresponde a los ayuntamientos. Las entidades locales prescindieron en este periodo de 79.332 trabajadores, un descenso del 12%. Las comunidades, por su parte, redujeron su número de empleados un 1%, lo que equivale a un ajuste de 13.609 efectivos y la Administración central prescindió de 12.639 trabajadores (-2,1%). Sin contabilizar las universidades, 105.580 trabajadores dejaron de estar en nómina de la Administración entre julio de 2012 y de 2011.

Si bien la encuesta de población activa (EPA) muestra cifras más actualizadas, fuentes de Hacienda apuntan que los datos del Registro Central de Personal reflejan el número real de empleados en nómina de la Administración. En cualquier caso, ambas estadísticas muestran la intensificación de los despidos en el sector público, que durante los primeros compases de la crisis siguió incrementando su plantilla.

De hecho, las cifras oficiales de Hacienda indican que la Administración central ha incrementado su plantilla en 18.341 trabajadores desde 2008, un aumento del 3,3%. Y las comunidades autónomas, que son la Administración pública con un mayor número de funcionarios y empleados públicos realizó 33.994 nuevos contratos, un 2,6% más. Nuevamente, son los ayuntamientos –con menor margen para endeudarse y registrar números rojos–, la única Administración que ha rebajado su número de efectivos. De hecho, por primera vez desde el año 2002, las entidades locales cuentan con menos empleados que la Administración central

¿Y dónde se han producido los despidos? En el caso del Estado central, la mayor parte de los recortes se han concentrado en las entidades públicas empresariales. De hecho, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Administración de justicia han registrado un incremento de personal. En el caso de las comunidades, los ajustes se han centrado en las consejerías y los organismos autónomos. Mientras que las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud han mantenido su nivel de empleo.

El gasto en personal representa casi el 30% del presupuesto del conjunto de Administraciones, una partida que se redujo un 6% en 2012 debido sobre todo a la supresión de la paga extra de Navidad que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy. Aunque fueron las comunidades autónomas quienes más se beneficiaron de esta medida al contar con un mayor número de efectivos en nómina. Así, en términos presupuestarios, las comunidades destinaron el año pasado 49.947 millones a pagar salarios públicos frente a los 54.548 millones que se dedicaron al mismo concepto en 2011.

 

Nuevo plan de proveedores con facturas de 2013

El Ejecutivo está ultimando el segundo plan de pago a proveedores, cuya cuantía todavía no se ha decidido. En cualquier caso, fuentes de Hacienda indican que están diseñando un nuevo fondo para que comunidades y ayuntamientos paguen las facturas. Si el primero sirvió para saldar la deuda hasta el 31 de diciembre de 2011, el segundo incluirá aquellas emitidas en 2012 y parte de 2013. Todavía está por determinar la fecha límite. La idea es que, a partir de ese momento, las comunidades y los ayuntamientos cumplan la directiva europea de plazos de pago y abonen sus deudas a 30 días. De hecho, se articulará un mecanismo para que los proveedores de Administraciones morosas puedan reclamar al Gobierno central el pago de las mismas. Hacienda las abonará y restará la cuantía de las transferencias a las comunidades y ayuntamientos morosos.

Por otra parte, todavía falta por determinar la cuantía para el segundo plan de pago a proveedores, aunque algunas fuentes indican que la cifra podría moverse en torno a los 10.000 millones, una cifra muy inferior a los 28.460 millones del primer fondo, incluyendo su ampliación. Si bien ese dinero incrementó la deuda financiera de comunidades y ayuntamientos, también sirvió para abonar deudas a casi 150.000 proveedores.

La voluntad del Gobierno es que el nuevo plan de pago sea más amplio y permita incluir deudas que hasta ahora no tenían cabida. En este sentido, se plantea que el dinero se pueda destinar, por ejemplo, al pago de impagos originados por concesiones. Eso permitiría, por ejemplo, que el plan de proveedores sirviera para cubrir gasto social, la partida más relevante de las comunidades.

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