Nextera lleva a los tribunales de EE UU su inversión energética en España
El grupo quiere modificar las condiciones del préstamo logrado en 2011 BBVA lidera el sindicado de bancos que entregó 589 millones a la empresa Culpa a los cambios normativos en energía de pérdida de valor de su negocio
El grupo Nextera ha acudido a un tribunal de Nueva York para tratar de modificar las condiciones de un préstamo en el que participaron los grandes bancos españoles en 2011 para la construcción de centrales termosolares en Extremadura.
La compañía, líder en Estados Unidos en energías renovables, argumenta que los cambios legislativos aprobados por el Gobierno español en los últimos meses en materia energética restan valor a sus previsiones de negocio en el país –el grupo ha provisionado 342 millones de dólares en el primer trimestre del año por su inversión en España– por lo que recuerda que en el contrato de préstamo se recogía una cláusula relativa a cambios normativos.
El crédito otorgado fue de 589 millones de euros. En él participan BBVA (lidera el sindicado, con 74 millones); Santander (aportó otros 74 millones de euros; Banesto entregó 24,3 millones); Caja Madrid (74 millones); Popular (30,4 millones); Sabadell (30,4 millones); y La Caixa (30,4 millones). Las entidades extranjeras que participaron en la operación de préstamo fueron Société Générale (64,1 millones); Bayerische Landesbank (50 millones); Banca IMI (45,7 millones); BNP Paribas (30,4 millones); The Bank of Tokyo-Mitsubishi (30,4 millones) y UniCredit Bank (30,4 millones).
Nextera creó en 2008 una filial en España para construir dos plantas termosolares en Navalvillar de Pela, Badajoz, lo que suponía la creación de 100 puestos de trabajo y una inversión superior a los 600 millones de euros. Sin embargo ahora el grupo, tras los cambios normativos que afectan negativamente a sus previsiones de negocio, sopesa abandonar los proyectos, refinanciar la deuda o vender los activos, según ha comunicado recientemente a la SEC, el regulador del mercado estadounidense, con motivo de sus resultados trimestrales.
Para desarrollar las plantas extremeñas, Nextera acordó el préstamo con los bancos el 28 de abril de 2011. El contrato recogía la obligación de Nextera de aportar una cantidad en efectivo para construir las plantas solares y también un claúsula vinculada a posibles cambios legislativos que afectaran a las inversiones.
“Durante una década”, explica Nextera en un escrito presentado al tribunal a finales del pasado mes de marzo, al que ha accedido este diario a través de Bloomberg, “España ha tratado de expandir su industria solar. Como parte de ese esfuerzo, España ha adaptado su legislación para impulsar la energía solar”. Sin embargo entre 2012 y 2013 el Gobierno español “ha eliminado numerosos incentivos que hacían viable la inversión en una primera fase”. Como resultado, asegura la compañía, “el retorno previsto de los dos proyectos se ha reducido significativamente”.
La posición de los bancos que financiaron las plantas termosolares en Extremadura, explica la empresa, es la de que Nextera debe seguir responsabilizándose del préstamo solicitado, razón por la que la compañía estadounidense acude a los tribunales “para que se fijen las respectivas obligaciones y derechos”.
La compañía estadounidense no quiso ayer ampliar esta información. Los bancos con los que contactó este diario tampoco accedieron a actualizar el caso. El Gobierno de la Junta de Extremadura derivó el asunto al ámbito privado y a la actividad de Nextera.
Un pleito internacional y excepcional
El caso de Nextera y su demanda ante un tribunal de Nueva York por el cambio normativo en materia energética en España reúne varios ingredientes que lo convierten en un pleito excepcional y que podría abrir el camino a procesos similares.
Nextera es una multinacional que, como otras, desembarcó en España al calor de incentivos legales para el desarrollo de proyectos de energías renovables. Los cambios normativos aprobados por el Gobierno entre finales de 2012 y principios de este año, que afectan negativamente a las inversiones en termosolar, han puesto en pie de guerra a las patronales que representan los intereses de empresas como Nextera.
Nextera tenía el compromiso de acudir al préstamo concedido por los bancos en 2008 con efectivo. La compañía asegura que en el contrato de préstamo se incluyó una clásula de cambio de ley que modificaría las condiciones de aquel crédito, de 589 millones de euros. En lugar de acudir a un arbitraje internacional o tratar de demandar al Reino de España por lo que podrían considerar como una expropiación, la empresa ha preferido actuar contra los bancos que financiaron su entrada en el país.
Según informó Reuters el pasado mes de febrero, varios fondos están sondeando gabinetes jurídicos españoles para llevar a los tribunales casos similares al de Nextera.
