El empresario demuestra con un informe que no desapareció
María Teresa Mallada, presidenta de Hunosa, el pasado mes de febrero.
María Teresa Mallada, presidenta de Hunosa, el pasado mes de febrero. Efe

Hunosa emprende acciones judiciales contra Alonso por el carbón ‘evaporado’

Hunosa presenta una demanda civil y una querella

Alonso ofrece pruebas de que tiene el mineral

Dice no tener noticias de las denuncias

Hunosa ha anunciado que a mediados de abril llevó a los tribunales a las dos compañías mineras del grupo de Victorino Alonso (Uminsa y Coto Minero Cantábrico) por la desaparición de más de medio millón de toneladas de carbón del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbones (AETC) gestionado por la empresa pública, tal como anunció a finales de febrero. Se trata de una demanda civil y una querella por estafa y apropiación indebida.

 Hunosa, que no ha querido desvelar detalle alguno sobre las citadas denuncias ni sobre los juzgados en que las ha presentado, las ha dado a conocer al tiempo en que el empresario leonés publicaba un informe elaborado por una ingeniera del Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, Estefanía Díaz González, que vendría a demostrar que, en contra de lo que sostiene Hunosa, el carbón no había desaparecido. O, al menos, que Alonso tiene carbón suficiente para suministrar el que corresponde al AETC.

Tras detectar un fuerte desfase en el carbón almacenado en los parques de de las minas de Grupo Alonso, la presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, anunció el 19 de febrero en una rueda de prensa en Oviedo que la compañía tenía previsto emprender acciones judiciales por la desaparición de un mineral valorado, en principio, en unos 46 millones de euros. Para ello debía esperar a que un perito independiente nombrado por el citado Colegio de Ingenieros de Minas cuantificase el volumen exacto de la merma.

Aunque se desconoce el resultado de este “peritaje dirimente” entregado al juez, lo cierto es que la denuncia presentada por Hunosa apunta a una cantidad algo superior a las 528.000 toneladas a las que hizo referencia María Teresa Mallada en su comparecencia ente la prensa en febrero.

Por su parte, Victorino Alonso, decidió contratar a la misma ingeniera para que elaborase un informe sobre el carbón disponible en todas sus minas, ya que Hunosa solo reconoce el combustible de los emplazamientos que figura en los contratos y únicamente el térmico, pero no todo tipo de carbón.

En una rueda de prensa celebrada ayer por la tarde en León, responsables del grupo denunciado dieron a conocer el resultado de “su” informe, que ha entregado al Ministerio de Industria y al Instituto del Carbón. El informe concluye que la cantidad de mineral medida en la totalidad de emplazamientos examinados se eleva a 690.162 toneladas y que la cantidad de carbón disponible que Uminsa y Coto Minero Cantábrico ponen a disposición del almacenamiento estratégico se podría estimar en 577.928 toneladas. Estas dos empresas habían pedido que se midieran determinados acopios adicionales, diferentes de los que había encargado Hunosa.

Esta medición se puede realizar, según las afectadas, de acuerdo con la cláusula 3.2. de los contratos con Hunosa donde se señala que, “si como consecuencia de las inspecciones se detectasen desviaciones significativas con las cantidades certificadas por el suministrador, el comprador podrá instar la regularización de las cantidades facturadas por cualquier concepto a fin de que se ajusten a la realidad”.

Las empresas de Victorino Alonso se encuentran en preconcurso de acreedores después de que el Gobierno les haya negado las ayudas del plan de la minería correspondientes a 2012 argumentando que incumplen la ley de subvenciones por no estar al tanto de los pagos de la Seguridad Social. En la misma situación se encuentra la otra gran minera privada, la Hullera Vasco Leonesa.

En la rueda de prensa se ayer, el apoderado de Grupo Alonso, Gerardo Biaín, fijó como fecha límite para recibir las ayudas el 7 de julio, San Fermín. Y aseguró que la empresa está al límite de su capacidad de pago, pues desde noviembre está parada la producción. De lo contrario, añadió, el concurso de acreedores será inevitable.

Y es que, aunque Industria ha obligado a las eléctricas a comprar mensualmente carbón para quemar en sus centrales térmicas, estas han recurrido la resolución ante la Audiencia Nacional, a la que han pedido cautelares.

"No hay ninguna denuncia en los juzgados"

En la rueda de prensa celebrada ayer por la tarde en León estuvieron presentes el apoderado de Uminsa, Gerardo Biaín, y el abogado de las empresas de Grupo Alonso, César Garnelo, que fueron los encargados de dar a conocer el informe encargado por Grupo Alonso sobre el supuesto carbón desaparecido propiedad de Hunosa.

En ella, y en resumen, se puso de manifiesto que hay carbón suficiente, que está en los mismos emplazamientos a los que se refiere la minera pública, que no encargó la medición de todo el mineral. El informe ha sido enviado al Ministerio de Industria y no se descarta pedir responsabilidades a la Administración por el perjuicio ocasionado.

A pesar de que Hunosa ha confirmado la presentación de dos acciones legales contra Uminsa y Coto Minero Cantábrico (una demanda civil y una querella criminal), la demandada niega que sea así, “al menos en los juzgados de Oviedo, a los que correspondería el caso, no se ha presentado ninguna querella aún”.

Lo que sí ha hecho Hunosa -añaden- es reconvenir la demanda presentada por Alonso contra Hunosa el pasado mes de febrero, en la que denunció el incumplimiento de los contratos.

El AETC se creó en el verano de 2009 cuando el derrumbe de la demanda de electricidad paralizó las centrales térmicas. El mecanismo obligaba a Hunosa a comprar carbón a las mineras y a gestionar su almacenamiento (repartido entre distintas instalaciones), en tanto se publicó una norma que obligaba a las eléctricas a quemar dicho carbón a un precio regulado.

A finales de 2011 se comenzó a sospechar que parte del mineral adquirido no estaba en su sitio, lo que Hunosa dijo haber confirmado ya en febrero.

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