Un único sistema de pagos en Europa
Pocas personas dudan ya de que la Unión Económica y Monetaria en Europa esté plenamente implantada y de su indudable relevancia para el mercado común. Sin embargo, quedan aún algunos aspectos pendientes de unificar, especialmente en el ámbito de las transferencias y cobros. Es por este motivo que, en línea con los objetivos políticos fijados en el Plan de Acción para los Servicios Financieros de la Agenda de Lisboa de 2000, se creó la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA por sus siglas en inglés, Single Euro Payments Area).
SEPA es la iniciativa que ha de permitir a particulares, empresas y otros agentes económicos efectuar pagos y cobros electrónicos en euros a cualquier beneficiario ubicado en cualquier lugar de Europa, en las mismas condiciones básicas y con los mismos derechos y obligaciones, con independencia del lugar donde se encuentren, equiparándose en términos de sencillez, seguridad y eficacia. Se trata por tanto de una evolución lógica tras la introducción de la moneda única, que hace posible establecer instrumentos de pago comunes para todo el área SEPA.
Un área que estará formada por 32 países europeos (los 27 Estados miembros de la Unión Europea más Liechtenstein, Islandia, Noruega, Suiza y Mónaco) y sobre la cual todavía queda mucho trabajo por hacer.
El Banco Central Europeo, en su informe sobre la Migración hacia una Zona Única de Pagos en Euros, publicado el pasado mes de marzo, señala que la velocidad con la que se está migrando a SEPA es “inaceptable” y apremiaba a los reguladores y a los proveedores de servicios de pago a que realizaran mayores esfuerzos para impulsarla y así evitar dañar la reputación de este nuevo esquema.
Además, se advierte de los costes de una migración tardía para el conjunto del sistema, tanto para la industria de pagos como para sus clientes. El grado de conocimiento sobre SEPA de las empresas, de las pymes y de las Administraciones públicas locales es todavía bajo, lo que hace que su nivel de preparación sea todavía bastante escaso. Esto podría suponer un problema, ya que el 1 de febrero de 2014 es la fecha límite fijada para la migración de la zona del euro a las transferencias de crédito SEPA.
A principios de 2013 tan solo un 35% del total de transacciones de crédito en la eurozona fueron efectuadas a través de formato SEPA. En el caso concreto de España, solo un 30% de las operaciones se realizan ya siguiendo este esquema. Quedan menos de 10 meses para su implantación definitiva y, de no cumplirse los plazos, se podrían producir riesgos en la cadena de suministro.
Las potenciales ventajas de la implantación de SEPA son considerables. Al armonizar la legislación europea de pagos y eliminar las barreras legales para la existencia de un área única, se estimula la competencia de los proveedores de servicios de pagos, la eficiencia y la seguridad, además de abaratar las tasas interbancarias.
Asimismo, sirve como elemento de protección de los usuarios, quienes gozarán de la comodidad de pagar con una única cuenta en cualquiera de los 32 países que componen SEPA.
Todavía queda un importante camino por recorrer, principalmente en el ámbito de los particulares, las pymes y las grandes empresas. Respecto a estas últimas, el proceso de migración a SEPA es más complejo y, según el BCE, muchas podrían haber optado por posponer la implementación de la migración hasta finales de 2013. Sin embargo, esta elección puede exponer a las empresas a riesgos operativos tales como disrupciones en la cadena de suministro.
Las entidades bancarias, en tanto que somos aliados principales en la gestión de la tesorería de las empresas, debemos situar como prioridad para este ejercicio el que nuestros clientes estén preparados para la transición en 2014. Si se quieren evitar las prisas de última hora y cumplir con el plazo estipulado por la Unión Europea, conviene que las empresas comiencen a planear proactivamente la estrategia de migración hacia los estándares SEPA.
David Escribese es Responsable de ‘cash management’ de ‘corporate banking’ de Barclays