Nueva propuesta de los expertos

¿Existe otra financiación de las pensiones?

Los analistas vuelven a pedir bajar cuotas a cambio de más IVA

Además de reducir el gasto, reclaman actuar sobre los ingresos

Jubilados juegan al dominó en un centro para la Tercera Edad. EFEArchivo
Jubilados juegan al dominó en un centro para la Tercera Edad. EFE/Archivo EFE

El diseño del factor de sostenibilidad del sistema que el Gobierno prevé incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado y que reformará de nuevo el acceso a la pensión de jubilación, también persigue adecuar este capítulo de gasto al proceso de envejecimiento y a posibles futuras crisis económicas.

Sin embargo, en este debate público suele dejarse en segundo plano, cuando no olvidarse, que la sostenibilidad del sistema de pensiones depende de una ecuación que no solo incluye gastos, sino también ingresos. En este caso, menores ingresos también por el envejecimiento de la población y el recorte del empleo causado por la crisis.

Ante esta situación hay quien se plantea que los poderes públicos deberían estudiar, junto a los recortes o la racionalización del gasto, alternativas de financiación de las pensiones, diferentes a las cotizaciones sociales, que suponen el grueso de los ingresos.

Así lo plantea un estudio subvencionado por la Seguridad Social y elaborado por Santos Miguel Ruesga, uno de los expertos nombrados por el Gobierno para elaborar el factor de sostenibilidad de las pensiones. Este trabajo, realizado en colaboración con técnicos tributarios de la Administración y expertos de la Universidad Autónoma de Madrid, aconseja reducir el peso de las cotizaciones sociales que pagan principalmente los empresarios y compensar este recorte con un aumento del papel de los impuestos en la financiación de la Seguridad Social.

En concreto, este estudio sugiere “nuevos escenarios de reforma en el sistema de financiación del sistema que no impliquen un mayor coste sobre el factor trabajo, pudiendo con ello incentivar la contratación”.

Para ello, apuntan a un aumento de la imposición indirecta, que serviría para compensar la pérdida de ingresos ante una eventual rebaja de las cotizaciones o una merma de financiación provocada por la destrucción de empleo.

Esta propuesta no es nueva. Podría incluso decirse que en épocas pasadas ha sido hasta recurrente. Servicios de estudios de distinto signo y procedencia como el del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el sindicato UGT, el think tank Fedea o el BBVA, lo han propuesto. En el caso de esta última entidad, en 2009, durante los primeros zarpazos de la crisis –cuando el paro rozaba los 4,5 millones de personas– llegó a concretar una iniciativa para rebajar 3,5 puntos las cotizaciones sociales y compensarla con una subida de dos puntos del IVA.

Buena idea “en abstracto”

Incluso a mediados del pasado año, el Círculo de Economía de Barcelona volvió a planteárselo al Gobierno y el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy admitió que le gustaba la idea “en abstracto”, pero posteriormente la descartó por su dificultad de aplicación.

La novedad del estudio de Ruesga es que ha analizado la repercusión que tendría este cambio de financiación de la Seguridad Social en el mercado de trabajo, concluyendo que la reducción del coste laboral propiciado por una eventual rebaja de cuotas será beneficiosa para generar empleo, sobre todo si esto se aplicara en un periodo de crisis. Al mismo tiempo, estos expertos aseguran que el daño sobre la actividad económica y, de forma indirecta sobre el empleo que tendría un aumento del IVA sería menor que los beneficios obtenidos por una rebaja de cotizaciones, en términos de generación de puestos de trabajo. De ahí su recomendación para realizar este cambio de financiación “porque tendría un efecto beneficioso para el empleo”.

Aunque se han centrado en un aumento del IVA, estos técnicos suponen que la ecuación podría realizarse también incrementando el IRPF o los impuestos especiales. De hecho, destacan que “la financiación del sistema con cargo a los Presupuestos Generales del Estado es una tendencia que se está imponiendo paulatinamente en los sistema europeos”.

Así, explican que a pesar de la separación de fuentes de financiación –ya concluida en el sistema español– la financiación vía impuestos llega a través del copago sanitario o la complementación de las prestaciones de jubilación privadas incentivadas con exenciones fiscales.

La capitalización no es una “panacea” financiera

“Algunos experimentos de búsqueda de formas de financiación alternativa para los sistemas de Seguridad Social no están cubriendo las expectativas generadas por sus impulsores”, aseguran los autores del estudio Hacia un nuevo modelo de financiación de la Seguridad Social en España. Se refieren con ello a las fórmulas de capitalización (los cotizantes se pagan su pensión y no la de los pensionistas en activo como ocurre en los sistemas de reparto como el español). Esta modalidad ensayada globalmente fuera de la UE o parcialmente en algunos países europeos como Suecia o Polonia o Dinamarca (donde existe desde 1964) “no ha resultado ser la panacea financiera que cabría esperar”. Con ello, estos expertos consideran que se desmitifica la teoría doctrinal, “muy desarrollada en el mundo de las pensiones” que apunta a que los esquemas de reparto eran, financieramente hablando, inferiores a los modelos de capitalización, que invierten los recursos en los mercados de capitales para obtener rentabilidad. El estudio especifica que la creación del Fondo de Reserva de las pensiones ha sido solo un mecanismo de ayuda al sistema financiero, pero nunca la antesala de un sistema de capitalización aunque el anterior Gobierno socialista se planteó invertir el 30% en Bolsa.

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